Conversatorios de Telecomunicaciones II

Autor Congresistas
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Laura Ruiz

Cobertura social y espectro radioeléctrico: el verdadero pulso democrático de la nueva ley (Segundo Conversatorio)

Mientras avanza el debate legislativo sobre la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el Senado ha convocado a un segundo conversatorio centrado en dos ejes críticos: la cobertura social y el acceso al espectro radioeléctrico. Temas que, lejos de ser técnicos o secundarios, son el corazón de la justicia comunicacional en México.

En esta nueva jornada participaron 16 voces provenientes de radios comunitarias, universidades, organizaciones civiles y dependencias del gobierno. La pluralidad fue bienvenida, pero no puede quedarse en el terreno del discurso. El reto es traducir este diálogo en una ley que amplíe derechos, no controles.

Porque cuando hablamos de cobertura social, hablamos del derecho de millones de mexicanos a no quedar excluidos del ecosistema digital. Las brechas tecnológicas aún persisten en vastas regiones rurales e indígenas del país. Una legislación que no establezca mecanismos claros y financiables para garantizar acceso universal a conectividad significativa es una ley que discrimina por omisión.

Más grave aún sería que el marco legal solo beneficie a grandes operadores, bajo el pretexto de eficiencia o modernización. La experiencia ha demostrado que la libre competencia no basta para llegar a los últimos rincones del país. Es necesario fomentar modelos alternativos: redes comunitarias, cooperativas, alianzas público-comunitarias. Estas no solo deben reconocerse, sino protegerse, financiarse y escalarse.

Por otro lado, el acceso al espectro radioeléctrico no es un asunto técnico reservado a ingenieros y economistas: es una cuestión de poder. Quien accede al espectro, accede a la voz. Y en un país con profundas desigualdades estructurales, democratizar el espectro es democratizar la palabra.

Por eso resulta preocupante cualquier intento de restringir el acceso mediante altos costos, excesiva regulación o discrecionalidad administrativa. El espectro es un bien público, no una mercancía. Su asignación debe favorecer a quienes históricamente han sido excluidos del mapa mediático: radios indígenas, comunitarias, independientes.

El senador José Antonio Cruz Álvarez Lima ha asegurado que esta iniciativa busca recoger, de manera abierta y plural, las preocupaciones de la sociedad. Celebro esa disposición. Pero el Senado debe ir más allá del gesto democrático. Debe legislar con justicia social. Porque el verdadero desafío no es técnico, es ético: ¿para quién será esta ley?

Javier Corral, como moderador de los conversatorios, ha señalado con acierto la relevancia de debatir también temas como el fomento a pequeños operadores y la política satelital. La digitalización del país no debe pasar por alto las realidades locales. No habrá transformación tecnológica genuina si no se acompaña de transformación territorial, cultural y social.

El Senado tiene una oportunidad histórica: construir una ley que no solo modernice las telecomunicaciones, sino que garantice la equidad en el acceso a los medios, a la voz y al conocimiento. Porque, en última instancia, legislar sobre telecomunicaciones es legislar sobre el derecho a estar conectados, informados y representados.

Y eso, en una democracia, no puede ser privilegio de unos cuantos.

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