Beto Bolaños
El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (CPI) 2024, publicado por Transparencia Internacional, coloca a México en una de sus peores posiciones en la historia reciente: 26 puntos sobre 100, en el lugar 140 de 180 países evaluados. El desplome contrasta con las expectativas de regeneración pública prometidas hace seis años y confirma que la corrupción sigue siendo el talón de Aquiles de la vida institucional mexicana.
Evolución histórica: un problema estructural
El puntaje de México ha oscilado entre 28 y 35 puntos en la última década. En 2012 el país tenía 34 puntos y ocupaba el lugar 105 de 176 países. Hubo un deterioro progresivo: 29 puntos en 2017, 28 en 2018, 29 en 2019. A partir de 2020 se mantuvo en 31 puntos, hasta caer en 2024 a 26, lo que significa un retroceso de casi una década.
Este estancamiento revela que las promesas sexenales de “barrer la corrupción de arriba hacia abajo” quedaron en el discurso. La realidad es que los casos de gran escala, lejos de disminuir, se multiplicaron en la administración que aseguraba representar la honestidad como principio fundamental.
El huachicol fiscal: una red institucionalizada
Uno de los fenómenos más corrosivos en los últimos años ha sido el huachicol fiscal: un sistema de empresas fantasma, factureras y redes de evasión fiscal que permitió desviar o blanquear miles de millones de pesos. No se trata de casos aislados: se ha documentado la existencia de auténticas mafias que operan con la complacencia de autoridades hacendarias, aduanales y financieras.
El huachicol fiscal representa la versión sofisticada del viejo robo de combustibles: no se perforan ductos, sino que se manipulan facturas, declaraciones y contratos. Se saquea la hacienda pública con mecanismos legales, pero fraudulentos.
Los megaproyectos: Tren Maya y Dos Bocas
A lo anterior se suman los megaproyectos emblemáticos del gobierno: el Tren Maya y la Refinería Olmeca (Dos Bocas). Ambos han sido objeto de sobrecostos, adjudicaciones opacas, contratos a modo y denuncias de corrupción.
El Tren Maya, concebido como un motor de desarrollo regional, se ha convertido en una obra faraónica de miles de millones de dólares, con trazos modificados, costos multiplicados y contratos favorecedores a empresas cercanas al poder.
La Refinería Dos Bocas, símbolo de la autosuficiencia energética, ha rebasado con creces el presupuesto original y sigue sin operar plenamente. Diversas investigaciones periodísticas han vinculado a hijos y allegados del expresidente López Obrador en tramas de proveedores inflados, contratos irregulares y tráfico de influencias.
La devastación ecológica
Ambos megaproyectos también representan un golpe ambiental sin precedentes:
- El Tren Maya atraviesa ecosistemas frágiles de la selva maya, cuevas y cenotes únicos en el mundo. Para su construcción se han talado miles de hectáreas de selva y se han dinamitado cavernas subterráneas, poniendo en riesgo acuíferos vitales y biodiversidad protegida.
- La Refinería Dos Bocas se levantó sobre manglares en Tabasco, destruyendo humedales considerados patrimonio ambiental. Se sustituyó un ecosistema de alto valor ecológico por concreto y acero, en nombre de la “soberanía energética”.
La corrupción y la opacidad no solo se reflejan en los sobrecostos, sino en el desprecio a evaluaciones ambientales, estudios técnicos y recomendaciones de expertos, sacrificando patrimonio natural irremplazable para beneficio de intereses políticos y económicos de corto plazo.
La cancelación del NAICM: un golpe de credibilidad y de recursos
Uno de los episodios más controvertidos del sexenio fue la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, cuando ya tenía más de un tercio de avance y miles de millones de dólares comprometidos.
Su sustitución por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) fue presentada como una “obra insignia de austeridad y eficacia”. Sin embargo:
- El AIFA no cuenta con la capacidad, conectividad ni proyección internacional del NAICM.
- El costo de cancelación del NAICM ascendió a más de 331 mil millones de pesos entre indemnizaciones, bonos y gastos hundidos.
- La decisión fue tomada en una consulta ciudadana irregular y opaca, sin aval técnico ni respaldo de expertos en infraestructura.
Lejos de ser un ahorro, el proceso significó un derroche monumental disfrazado de combate a la corrupción.
Factores que explican el retroceso
- Impunidad estructural: los casos de alto impacto rara vez llegan a condenas firmes.
- Cooptación institucional: órganos como la FGR, la Auditoría Superior y la UIF han sido usados de manera política, no técnica.
- Debilitamiento de contrapesos: se ha golpeado la autonomía de instituciones que fiscalizaban al poder.
- Normalización social: la ciudadanía percibe la corrupción como inevitable, lo que refuerza el círculo vicioso.
Qué hacer para revertir la tendencia
La experiencia internacional demuestra que los cambios no se logran sólo con discursos, sino con acciones estructurales:
- A nivel gubernamental:
- Fortalecer órganos autónomos de fiscalización, dándoles recursos y verdadera independencia.
- Garantizar transparencia en contratos, licitaciones y megaproyectos, con acceso abierto a la información.
- Perseguir la corrupción de alto nivel con ministerios públicos independientes, como ocurre en países exitosos en el CPI.
- A nivel ciudadano:
- Exigir rendición de cuentas y no normalizar el “así funciona México”.
- Apoyar el periodismo de investigación y las organizaciones de la sociedad civil que destapan estos casos.
- Fomentar la educación cívica desde las escuelas para erradicar la idea de que “ser corrupto es necesario para sobrevivir”.
México en el espejo latinoamericano
El deterioro mexicano se ve más claro al compararlo con sus vecinos:
- Uruguay y Chile encabezan la región con 73 y 66 puntos respectivamente en 2024, con instituciones sólidas y justicia relativamente independiente.
- Brasil, a pesar de sus escándalos, obtuvo 36 puntos, diez más que México.
- Colombia y Argentina rondan los 40 puntos, también por encima de México.
Es decir: México no solo está lejos de los líderes regionales, sino que se acerca a países con crisis institucional profunda como Honduras, Guatemala o Venezuela.
Conclusión
México no está condenado a ser corrupto, pero sí necesita romper con el ciclo de impunidad, saqueo institucionalizado y devastación ambiental. El huachicol fiscal, los megaproyectos convertidos en negocios de allegados, la cancelación del NAICM y el ecocidio del Tren Maya y Dos Bocas son recordatorios de que la corrupción no se combate con slogans, sino con decisiones valientes y sistemas de justicia robustos.
El reto es enorme: pasar de ser un país atrapado en el lugar 140 del mundo, a uno que realmente aspire a consolidar un Estado de derecho confiable y sostenible. La pregunta es si habrá voluntad política y presión ciudadana suficientes para lograrlo.