Elio Villaseñor
“La seguridad humana no es un privilegio
de unos pocos, sino un derecho de todos.”
Nelson Mandela
Hablar de seguridad en México es enfrentar dos realidades profundamente contrastantes.
Por un lado, está el discurso oficial: los delitos van a la baja, se reportan detenciones, decomisos y operativos exitosos. Las autoridades insisten en que los principales generadores de violencia están siendo neutralizados.
Pero por el otro —el más real y doloroso— está la vida cotidiana de millones de personas, donde el miedo, la extorsión, el robo y el silencio institucional se han vuelto rutina.
La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024, publicada por el INEGI, revela con contundencia la distancia entre las cifras gubernamentales y la experiencia ciudadana:
- 11.4 millones de hogares (29 % del total) reportaron al menos una persona víctima de delito.
- Se estimaron 33.5 millones de delitos cometidos en 2024.
- De estos, según México Evalúa, 93 .6 % de los delitos denunciados quedan impunes.
Estas cifras no son simples estadísticas. Revelan una verdad incómoda: en México, la gran mayoría de los delitos no se castiga.
La impunidad es estructural; la justicia, una excepción.
El país del miedo
Durante marzo y abril de 2025, el 64.2 % de la población consideró que la inseguridad es el problema más grave del país.
Estados como Morelos (90.1 %), Tabasco (89.8 %) y Guanajuato (88.5 %) encabezan los niveles más altos de percepción negativa. En contraste, Baja California Sur, Coahuila y Yucatán muestran cifras más alentadoras, aunque no están libres de riesgo.
Pero el miedo se manifiesta en lo cotidiano.
Solo el 40.3 % de las personas mayores de 18 años dijo sentirse segura al caminar de noche cerca de su casa.
La diferencia por género es contundente:
- 32.3 % de mujeres
- 49.5 % de hombres
Estos datos retratan un país donde muchas familias ya no permiten que sus hijos salgan solos, donde las rutinas se ajustan por temor, y donde vivir implica cuidarse de todo y de todos.
Una prioridad ausente
Frente a este panorama, la exigencia ciudadana es clara: justicia y seguridad deben convertirse en ejes centrales de la política pública.
Sin embargo, la agenda sigue dominada por cálculos electorales, narrativas complacientes y promesas de campaña.
La seguridad no puede seguir siendo una consigna vacía o una bandera coyuntural.
Debe transformarse en una política de Estado, con enfoque humano, visión integral y compromiso sostenido.
Diversas organizaciones de la sociedad civil, como Impunidad Cero, han señalado con claridad que, sin instituciones sólidas, no hay justicia posible.
Entre sus propuestas destacan: fortalecer las fiscalías locales, profesionalizar las investigaciones, garantizar la independencia judicial, transparentar los procesos y apoyar integralmente a las víctimas.
Todas acciones indispensables. Todas aún pendientes.
Sin justicia no hay país
El México de hoy convive diariamente con la violencia y la impunidad.
Un país donde el miedo ha ocupado el espacio de la libertad, y donde la justicia aún parece lejana para millones.
Pero no podemos resignarnos.
Porque no puede haber paz donde reina la impunidad.
Y no puede haber democracia sin justicia para quienes cada día salen a vivir con miedo.