Beto Bolaños
Han pasado más de cinco semanas desde que hombres armados, presuntamente de Santa María Yolotepec, irrumpieron en Buenavista, Santiago Yosondúa, incendiaron casas, robaron animales y obligaron a huir a familias enteras. Desde entonces, más de 200 personas —niños, ancianos, mujeres, campesinos— viven en condiciones precarias, desplazadas dentro de su propio estado.
Lo más atroz no es sólo la violencia, sino la indiferencia.
El gobierno de Oaxaca ha multiplicado sus reuniones, mesas de diálogo y comunicados llenos de “voluntad política”, pero ninguna acción efectiva ha devuelto a las familias su hogar ni ha detenido a un solo responsable.
Durante varios días, un grupo de desplazados viajó hasta la Ciudad de México para buscar ayuda. Bajo una lona azul, junto a la Catedral Metropolitana, acamparon en el Zócalo capitalino. Fueron recibidos por representantes del gobierno federal y, en un gesto de esperanza, regresaron a su comunidad después de recibir promesas de apoyo y atención directa, incluso del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de origen mixteco.
Hasta ahora, esas promesas no se han cumplido.
Mientras tanto, las viviendas de Buenavista se desmoronan, los animales mueren, los campos se pierden y la comunidad —que durante generaciones vivió de su tierra— ve cómo su historia se borra frente a un gobierno que calla.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) emitió medidas cautelares, pero ni esas ni las supuestas intervenciones de Seguridad Pública han impedido nuevos ataques. Incluso después de firmar “acuerdos de paz”, los agresores volvieron a entrar y quemaron más casas.
No hay Estado de derecho: hay un Estado de papel.
La sospecha que nadie quiere tocar
En el Zócalo de la Ciudad de México, representantes de Buenavista recibieron un consejo tan cínico como revelador: “demanden a la empresa minera.”
Esa frase —proveniente de un funcionario federal— sugiere lo que muchos en la región ya saben: detrás del conflicto agrario hay intereses empresariales, posiblemente mineros, que ven en la expulsión de los campesinos la oportunidad de apropiarse del subsuelo.
No sería la primera vez que ocurre en la Mixteca ni en Oaxaca: el despojo disfrazado de “conflicto comunal” es una vieja estrategia.
El silencio como política
Las autoridades estatales han optado por la misma receta de siempre:
palabras vacías, promesas de diálogo y una espera calculada hasta que la tragedia se desvanezca de la memoria pública.
Pero en Buenavista, donde las cenizas todavía huelen a miedo y las familias aún temen volver a sus casas, la tragedia sigue viva.
Ahí, en la Mixteca oaxaqueña, se sostiene una comunidad que no pide privilegios, sólo justicia, seguridad y el derecho elemental de volver a su tierra.
Una herida abierta en la Mixteca
Mientras no haya investigación seria, sanciones ejemplares ni protección real, lo ocurrido en Buenavista seguirá siendo una herida abierta en Oaxaca y en México.
Porque cuando el Estado permite que se quemen pueblos enteros y no actúa, deja claro que la ley sólo protege a quien tiene poder.
Y cuando los campesinos deben ir hasta la capital del país a rogar por ayuda, lo que se exhibe no es sólo un crimen local: es la ruina moral del Estado mexicano.