Laura Ruíz
El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, vuelve a poner sobre la mesa una verdad incómoda: en México, gobernar desde lo local sigue siendo un acto de valentía. Manzo, de 40 años, fue atacado a tiros el sábado 2 de noviembre, momentos después de transmitir en vivo una invitación al Festival de las Velas, una de las celebraciones más emblemáticas del municipio. Murió haciendo lo que solía hacer: hablarle de frente a su comunidad.
En vida, Manzo fue un político atípico. Formado en Ciencias Políticas por el ITESO y con experiencia en el Congreso federal como diputado de Morena, optó por romper con el partido y buscar la presidencia municipal como candidato independiente. En 2024 ganó con más del 66% de los votos, un resultado que evidenció la confianza de la ciudadanía en un liderazgo distinto, más cercano y sin el respaldo de una estructura partidista tradicional.
Desde el inicio de su administración, el alcalde insistió en la urgencia de reforzar la seguridad en Uruapan, un municipio que carga con años de violencia ligada al crimen organizado. No era un discurso vacío: detrás de cada transmisión en redes, de cada llamado público, había un reclamo por ayuda, por atención, por presencia del Estado. Y sin embargo, la respuesta llegó demasiado tarde, en forma de luto.
Su asesinato no sólo desgarra a una comunidad, sino que evidencia el fracaso del Estado mexicano para proteger a sus autoridades locales. En Michoacán, como en otras regiones del país, los grupos criminales han convertido la política municipal en terreno minado. Gobernar sin protección se ha vuelto casi una sentencia. Cada alcalde asesinado —más de una decena en el último lustro— representa una derrota para la democracia, porque el miedo se convierte en política pública de facto.
La figura de Manzo también interpela a una sociedad que ha normalizado el horror. Su cercanía con la gente, su uso de las redes sociales y su independencia política hacían de él un símbolo de renovación. Que su vida terminara de forma tan violenta debería indignar no sólo a Uruapan, sino al país entero. No puede ser que la valentía de pedir seguridad sea motivo de muerte.
El crimen de Carlos Manzo es más que un atentado contra una persona: es un golpe directo a la esperanza de que la política local aún pueda ser un espacio de servicio público y no de miedo. Si el Estado no garantiza la seguridad de quienes gobiernan, tampoco puede garantizar la de los ciudadanos. Recordar a Manzo debe ir más allá del duelo; debe ser el punto de partida para exigir un replanteamiento urgente de las estrategias de seguridad y protección a autoridades municipales.
Porque mientras los alcaldes sigan cayendo a manos del crimen, la democracia mexicana seguirá gobernada por el silencio