Claudia Valdés / Javier Ramos
Ernestina Godoy: Primera mujer al frente de la Fiscalía General de la República
Con el respaldo de 97 votos a favor y 11 nulos, la maestra Ernestina Godoy Ramos asumió la titularidad de la Fiscalía General de la República (FGR), convirtiéndose así en la primera mujer en ocupar este cargo en México. Su llegada define con contundencia un momento histórico y estratégico dentro del panorama político y jurídico nacional. Y que corre simultáneamente con dos decretos de ley presentados por la Senadora Ana Lilia Rivera, presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, tendientes a perfeccionar el sistema mediante capacitación, con el objetivo de la profesionalización del ejército y las fuerzas armadas
Un proceso político complejo
El proceso de elección de la Maestra Godoy, no estuvo exento de polémica. Tras años de señalamientos por presuntos actos de corrupción y el denominado “huachicoleo fiscal”, se registró un intenso intercambio de cartas, posicionamientos y opiniones en los pasillos del poder. Estas maniobras fueron interpretadas como parte de una estrategia atribuida al entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien habría considerado dejar el cargo mediante una invitación diplomática con el objetivo de aminorar el desgaste institucional.
La definición del relevo se articuló en tres frentes clave: el Senado de la República, la Presidencia de la República y la propia Fiscalía General, pavimentando la ruta para la construcción de un bloque cerrado en materia de justicia.
El peso de las cercanías, el litigio y la designación
El nombramiento de Ernestina Godoy, cercana a la Presidenta de la República se desarrolló en dos fases:
- Interinato. Cuando asumió el interinato de manera temporal tras la designación de Alejandro Gertz Manero como Fiscal Especializado de Control Competencial, figura legal que permitió la suplencia del titular.
- Ratificación. En diciembre de 2025, ratificación del Senado de la República con mayoría calificada, rindiendo protesta para un periodo de nueve años.
Con ello, se cumplió el requisito jurídico establecido para la titularidad de la FGR.
Las causas y compromisos
Ernestina Godoy hizo suyo el decálogo del partido Movimiento Ciudadano (MC), comprometiéndose públicamente con los siguientes propósitos:
- Trabajar de manera permanente con las víctimas de delitos familiares y colectivos de derechos humanos.
- Emprender una reingeniería institucional para construir una Fiscalía eficiente, profesional y accesible.
- Expedir el Plan Estratégico de Procuración de Justicia.
- Contar con un cuerpo ministerial mejor equipado y mejor formado.
- Facilitar la denuncia, así como profesionalizar y agilizar la investigación de los delitos.
- Evaluar y consolidar el sistema penal acusatorio.
- Priorizar la investigación y persecución de homicidios, desapariciones y el reclutamiento de menores por parte del crimen organizado.
- Garantizar el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Forenses, en coordinación con las fiscalías estatales.
- Evaluar la prisión preventiva oficiosa, a fin de limitarla a los casos en los que sea estrictamente necesaria y debidamente justificada.
- Garantizar un acceso pleno, imparcial y efectivo a la justicia; eliminar la impunidad en todas sus formas y erradicar el uso faccioso de la justicia, para que la ciudadanía recupere la confianza en las fiscalías.
Mapa de trabajo y líneas de acción
Desde Palacio Nacional, Ernestina Godoy materializa un mapa de trabajo sustentado en los siguientes ejes:
- Reforzar la coordinación con el Gabinete de Seguridad.
- Fortalecer las fiscalías federales en los estados.
- Impulsar un nuevo modelo de investigación basado en inteligencia.
- Reestructurar la organización interna de la FGR.
- Modernizar la Agencia de Investigación Criminal.
- Priorizar los delitos de alto impacto y optimizar los recursos institucionales.
En perspectiva
En el horizonte se traza el camino para la atención de la justicia en México, una tarea que exigirá vigilancia constante por parte de la ciudadanía, especialmente cuando la correcta aplicación de la ley constituye un mandato fundamental del Estado de derecho.