Isidro H. Cisneros
Más que una reforma electoral, México necesita de una profunda reforma de la política. Vivimos una transformación de nuestra democracia en medio de una creciente desafección ciudadana hacia los sistemas democráticos clásicos. Se trata de una crisis de la República representativa que se caracteriza por la pérdida de legitimidad, confianza y eficacia del sistema político puesto a prueba por una ciudadanía que ha delegado el poder en representantes electos, quienes actúan a través de parlamentos, gobiernos y partidos. Las manifestaciones principales de esta crisis son la creciente desconfianza ciudadana, el déficit de la representación política y el declive de la forma organizativa encarnada en los partidos políticos. Además, el modelo político vigente tiende a disminuir el papel de los ciudadanos y su participación directa en los asuntos públicos. Esto genera la sensación de que votar ya no cambia lo esencial.
Cada vez más personas perciben que sus representantes no los escuchan y que son gobernados por élites o intereses privados quienes toman decisiones alejadas de la realidad. Muchos asuntos clave se deciden por expertos, fuera del debate público y sin control democrático. El déficit de representación aparece cuando grupos de jóvenes, mujeres, pueblos indígenas, diversidades sexuales, sectores precarizados y otros, están sub-representados y no ven reflejadas sus demandas en las agendas públicas. En nuestro país, la representación formal existe pero la representación sustantiva ha fallado. Por si fuera poco, los partidos pierden afiliados y credibilidad, se burocratizan excesivamente, funcionan como maquinas electorales que abandonan los espacios de deliberación. De esta manera, se rompe el vínculo entre sociedad y sistema político, traduciéndose principalmente en abstención electoral, apatía y voto de castigo.
Esta crisis abre paso a propuestas de todo tipo que parecen democráticas, pero que pueden profundizar los problemas. Abarcan distintos temas desde la necesidad de crear nuevos partidos hasta las utópicas proyecciones sociales sobre nuestro futuro. Frente a la crisis de las democracias liberales emergen distintas propuestas político-organizativas asociadas al populismo y la tecnocracia. De un lado, se promete una representación política directa mientras que paulatinamente se concentra el poder. Del otro, la política se reduce a su mínima expresión delegando decisiones relevantes en la tecnología y los algoritmos trasladando funciones públicas a empresas privadas. Esta crisis de la democracia representativa no surge por exceso de participación, sino por la distancia creciente entre ciudadanía, decisiones políticas y estructuras de poder.
En estos escenarios se desarrolla peligrosamente la despolitización de la democracia. La política deja de ser un espacio de conflicto, debate y elección competitiva para transformarse en un problema técnico y de gestión mientras que el conflicto democrático se oculta bajo el lenguaje de la eficiencia. La democracia no consiste solo en decidir, sino en deliberar públicamente argumentando, justificando y escuchando razones. Un principio básico de la democracia es que el poder debe poderse explicar y controlar. La crisis cualitativa de la representación que padecen los ciudadanos en nuestro país igualmente se manifiesta en la desafección y el desinterés por la corrupción de la clase política, por el espectáculo irritante y ridículo de la política mediática y por la indiferencia de los partidos respecto a las problemáticas que interesan a la sociedad.
La crisis de la República va a la raíz de la lógica representativa de lo moderno y del rol de la política como lugar de síntesis y “construcción del pueblo”. Ella empieza a dar vida a una tendencia anti-representativa que cuestiona el concepto mismo de autoridad desenmascarando la voluntad de poder. La erosión de las características democrático-formales del sistema político mexicano ha disminuido el peso de la representación. Nuestra democracia ha perdido capacidad simbólica, ética y política para generar identificación y compromiso ciudadano. Resulta necesario salir de esta representación como acto administrativo, restituyéndole su originaria dimensión política.