Se instaló el Congreso General y se eligieron las Presidencias de las dos cámaras, en diputados como presidenta de la Mesa Directiva, la diputada Ifigenia Martínez Hernández y en el Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña.
Se arman los legisladores de Morena para que como mayoría aprueben la reforma al Poder Judicial, la reforma constitucional para la desaparición de los órganos autónomos, en total 20 iniciativas de ley que llevan el sello de la prisa presidencial que imprimen el pulso del cambio de régimen político.
Como postales legislativas, las imágenes de la Sala de Armas de laMagdalena Mixhuca que por cierto, no reúne las condiciones protocolarias para la realización de sesiones parlamentarias y aún así, se utilizó para la sesión en la que los diputados del bloque oficialista aprobaron la reforma constitucional del Poder Judicial.
Como paisaje, sitiada la Cámara de Diputados por trabajadores del Poder Judicial de la Federación, jueces, magistrados y hasta ministros y el fresco aire mezclado de la discusión con la integración de la manifestación de estudiantes de Derecho, lo mismo de universidades privadas, que públicas.
Ardió Troya
354 votos marcan la aplastante mayoría.
En la reflexión inquieta, la precipitación de integrar en la agenda una reforma que requiere de cambios en los que todos coinciden.
¿Qué necesidad tendría la primera presidenta del país de promover una transición legislativa tras, haber logrado el 35% de la votación nacional y una holgada distancia del segundo lugar?
¿Cuál sería la razón de la agitación de acelerar la aprobación, cuando la doctora Claudia Sheinbaum introdujo la serenidad y prudencia en el jaloneo del diálogo político?
Los puntos negros manchan el paisaje al confrontar el nepotismo, lacorrupción, el enriquecimiento ilícito de jueces y ministros que se ligan al Poder Judicial pero que no son exclusivos, ya que son compartidos por otros poderes.
¿Cala en el debate la razón para sesiones en las precarias condiciones que ofreció la cancha de basquetbol para discutir las reformas constitucionales de un poder, en el ocaso de la terminación de seis años de una presidencia republicana?
Posicionamientos y el abismo
El diputado Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, denunció contradicciones con el parlamentarismo del proceso constitucional, así como la renuncia a legislar para calificar la reforma que se discute, es irresponsable. Resume que las reformas a discusión en nada resuelven las demandas de justicia ni se atienden las intenciones de la captura de un poder, ni enfrenta la imposiciones. Planteó que no serán cómplices de la destrucción de un poder.
Por su parte, el diputado Rubén Moreira Valdés, del PRI, cuestionó la dinámica de la celebración de un proceso que requiere de necesidades reglamentarias. Explicó que no comparten el dictamen que calificó de inoperante. Además denunció que se trata de una legislatura construida a partir de la sobrerrepresentación de la justicia.
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, abordó el tema de las suspensiones de los jueces Martha Eugenia Maga y Felipe Consuelo Soto, a juicios promovidos en paro durante el paro de labores del Poder Judicial. El legislador calificó la suspensión de ilegal y opinó que se atenga contra el federalismo. Se les señala a los jueces de dar amparos que no corresponden. Aseguró que la corrupción no debe obstáculo y advirtió que se puede presentar queja ante el Consejo de la Judicatura y darse un juicio político.
Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Ricardo Astudillo Suárez sostuvo que el tema de la reforma al Poder Judicial fue constante en las campañas y se incluyó en las plataformas electorales como mandato popular. Denunció que proliferan campañas para obstaculizar los esfuerzos para mejorar la justicia. Retomó el tema de las suspensiones emitidas por los jueces, lo que busca dilatar o suspender la reforma, también se refiere al hecho de que cuentan con mayoría calificada, que es el requisito para cambiar la Constitución.
En su intervención, el diputado Agustín Rodríguez Torres del Partido Acción Nacional, cuestionó a la asamblea sobre la movilización social provocada por las manifestaciones que tienen lugar contra la reforma yaseguró que las voces de los manifestantes como trabajadores, magistrados y ministros serán escuchadas.
Por Morena, subió a la tribuna el constitucionalista y jurista, Ricardo Monreal, quien argumenta la fórmula jurídica que combina los artículos 135 y 39 de la Constitución, así como el artículo 61 de la Ley de Amparo, cuyos equilibrios permiten decidir al pueblo un régimen de gobierno, lo que supone se mandató en la elección del 2 de junio en la plataforma ofrecida al electorado.