Reforma constitucional en materia de justicia

Es un imperativo revisar para su rescate el panorama que brindó la invitación del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México,Leonardo Lomelí, para debatir la reforma constitucional del Poder Judicial federal. 

En ese escenario destacan las aportaciones de la discusión sobre la reforma que tuvo lugar en diversos foros, celebrados por la UNAM, lo que merece una exploración seria en el marco de una dinámica que apenas inició con una nueva legislatura la 66.

Su repaso es una demanda debido a la calidad de las aportaciones que han hecho diversos actores, frente al reto que representa el panorama de un paquete de reformas secundarias en beneficio del sistema de justicia. Aquí debemos tomar en cuenta el hecho de que una legislatura, la 65, aprobó el dictamen y la otra, la 66, las reformas constitucionales, lo que significa avanzar en el sentido de enriquecer la discusión.

EN LA AGENDA

No es posible echar en saco roto propuestas que no solo enriquezcan el nivel del debate sino que incorporen jurisprudencias que puedan allanar un vacío en el que los más coinciden. Es para evitar que los distintos grupos lleguen a catalogar a los participantes no por sus aciertos sino por una identificación entre vencedores y vencidos. Tampoco pueden faltar el hecho de que no cuestionemos cómo entiende el pueblo la reforma constitucional, que en estricto sentido busca facilitar el acceso a la justicia y el combate a la corrupción.

REFLEXIONES UNAM

La comunidad universitaria dio marcha a los trabajos de reforma constitucional en materia de Justicia, resaltó los esfuerzos para el acceso a una justicia imparcial, pronta y expedita. Sin embargo, la forma en la que está planteada la iniciativa presentada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y resuelta a favor por la mayoria parlamentaria de su partido, no garantiza la independencia de los futuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Se relata mediante comunicado que los trabajos de la mesa uno:“Integracion de la SCJN”, el investigador y exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), Pedro Salazar Ugarte, manifestó que la propuesta más ambiciosa en ese ámbito “empieza por lo local y por encontrar los mecanismos a través de los cuales podemos fortalecer los tribunales, que son a los que más acuden los ciudadanos y que nos ayudarían a entender dónde se ubica la mayor insatisfacción y desafección de la gente con la justicia”. Sus integrantes deben ser expertos en derecho, personas honorables, autónomas y, sobre todo, independientes de intereses políticos y económicos, de los poderes ilegales o ilegítimos”.

Para Pedro Salazar Ugarte conviene resaltar en los perfiles de la diversidad social, para mostrarse en una corte constitucional, es decir apertura a la diversidad de voces y visiones.”

En su intervencion, la especialista Eugenia Paola Carmona Díaz de León, profesora de la Facultad de Derecho (FD), indicó que la integración de la SCJN y, en general el modelo propuesto, deben ser reformulados, pues de aprobarse, la justicia será más parcial, lejana, sesgada y subordinada a intereses políticos; conviene tener claro que  la forma como está planteada, no garantiza la independencia de los futuros ministros. En ese punto conviene recordar que la forma de integracion de la Corte y su proceso de elección de los ministros, ha sido una preocupacion central debido a la necesidad de garantizar una imparcialidad de origen, esto es, la pertenencia a ningún grupo ni económico, político y criminal” sino ser resultado de una reconocida carrera judicial que tiene mayor peso que una identificación con un sector externo. Hoy, la idea es mantener un cuerpo de ministros elegidos de manera directa por la población, proceso que para muchos, más que ofrecer ventajas, exhibe debilidades representadas por la penetración que puedan tener los sectores en la administración y suministro de justicia y entre éstos, de forma especial, la incorporación de la organización criminal.

En el rescate de las propuestas de los trabajos de reflexión, Mónica González Contró, directora del IIJ e Imer Flores Mendoza, jefe de la División de Estudios de Posgrado de la FD, señalaron que se debe garantizar la verdadera independencia del Poder Judicial, pues con la iniciativa eso no ocurre, incluso se compromete aún más; “elegir al conjunto de jueces y magistrados lo que parece es un despropósito”. Centraron el problema en la selección de las candidaturas, porque el procedimiento tal y como está previsto no garantiza un perfil imparcial e independiente; podrían ser capturadas por otros poderes públicos y privados, fácticos, y quedarían sujetas a promesas de campaña y a compromisos partidistas.”

En las aportaciones de las ideas, resalta la opinión de Jaime Cárdenas Gracia, académico del IIJ, en la que expone inminente su aprobación de dicha reforma y externó preocupación por acercar al Poder Judicial a los ciudadanos, mediante la elección de los representantes de ese poder.

SOBRE LA MESA

Vale la pena recordar que al inicio de esta discusión en torno a la reforma del Poder Judicial, las encuestas estaban revelando que la mayoría de los ciudadanos no tenían noción de las funciones del papel de la Suprema Corte y de la Judicatura federal, pero además encontraban dificultades en el acceso a la justicia. En esta recolección histórica en el acceso a la justicia tambien se desvanecían los ámbitos del Poder Judicial de la Federacion y del Poder Judicial estatal y sus órganos de justicia. Independiente de la falta de noción de la ciudadanía sobre el poder federal y local, también eranreconocidos los grados de corrupción que experimentaban los poderes. El problema de justicia es grave, más aún, cuando la mitología de la división de poderes y la inaccesibilidad de los mismos al Poder Judicial era asociado por la corrupción, el nepotismo, la compra de jueces, la venta de exámenes y otra series de aspectos que van en detrimento de un sistema de justica eficaz, expedito y cercano a la gente.

DINÁMICA

“El tema central, además de la elección por voto ciudadano de ministros, magistrados y jueces, es el del tribunal de disciplina judicial, esa institución que se propone será determinante para garantizar la independencia e imparcialidad judicial”, tema que resaltó Jaime Cárdenas Gracia. 

TERRITORIO UNAM

Extendida la reflexión, María de los Ángeles Rojano Zavalza, profesora de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, recalcó que el perfil profesional para las personas juzgadoras debe ser eficiente y eficaz, sin intereses de partidos políticos, conocer las normas jurídicas, su interpretación y hacer un análisis de los casos precedentes de manera correcta y justificada. Requieren carrera judicial, porque “no es posible que traigamos personas que nunca han dictado una resolución”. Para Gabriela Limón García, profesora de la FES Aragón, los retos son: fortalecer los sistemas judiciales de cada una de las entidades federativas, el derecho penal también debe ser un sistema judicial integral y considerar fiscalías, policías y el sistema penitenciario. También faltaría resolver el diseño del mecanismo para la elección popular y la creación de controles, a fin de no recibir recursos públicos ni privados para las campañas de quienes deseen contender en la elección de ministros, magistrados y jueces“.

Para Isidro Mendoza García, profesor de la FES Aragón, si se quiere un contacto con los diferentes sectores de la sociedad, ¿por qué seguimos centrando la facultad de proponer candidatos en el concepto clásico de los tres poderes, y no se abre a la academia y asociaciones, donde se podrían hacer propuestas de candidatos?

En su intervención, Celso Escobar Salinas, profesor de la FES Acatlán, hizo hincapié en la modernización del Estado mexicano y apuntó que se necesita la transformación de la sociedad, cuya naturaleza e intensidad de sus requerimientos hacia el aparato político se han modificado, “y la permanencia intolerable de rezagos surgidos de factores ancestrales que se han agravado en los últimos tiempos, como ocurre con el tema de la impartición de justicia”.

Sin embargo, alertó, hay que ser prudentes, puesto que si el Poder Judicial queda supeditado al Ejecutivo, como ocurrió en épocas pasadas, “estaríamos ante un sistema autoritario que violentaría los derechos humanos y los principios esenciales de la democracia, como lo demuestran experiencia de estados contemporáneos de América Latina como Chile, Venezuela y Bolivia”. 

En cuanto a la participacion de Elisa Speckman Guerra, la directora del Instituto de Investigaciones Históricas, externó la preocupación constitucional y legislativa, ya que  la reacción puede ser la de la Revolución al Porfiriato. 

Queda para el analisis y el estudio de los legisladores pertenecientes a la legisladura 66, las reflexiones surgidas sobre las mesas de trabajo que celebró la UNAM, la idea es elevar los contenidos del debate y la de reorientar una polÍtica legislativa que se identifique con los ciudadanos como representantes del poder.