Ignacio Ruelas Olvera
Padecemos una insuficiencia conceptual de la dicotomía izquierda–derecha para comprender fenómenos políticos contemporáneos, especialmente en contextos donde las discusiones públicas se degradan en discursos patrioteros o identitarios. Se argumenta que tanto la izquierda como la derecha presentan limitaciones estructurales: la primera, al privilegiar un estatalismo ideologizado que puede reproducir pobreza con rostro feliz; la segunda, al promover modelos de generación de riqueza sin mecanismos adecuados de redistribución. Rumbo a las urnas 2027 es prioritario imaginar un marco alternativo de institucionalidad democrática, economía productiva con justicia distributiva y ética pública.
Las categorías de izquierda y derecha han sido durante más de dos siglos los ejes principales de clasificación política. Sin embargo, en el debate contemporáneo, éstas etiquetas muestran un desgaste significativo. En discusiones públicas sobre violaciones al derecho internacional, crisis humanitarias o corrupción estatal, el análisis suele diluirse en confrontaciones identitarias que sustituyen la evidencia por la lealtad ideológica. Este fenómeno revela no solo la polarización del discurso, sino también la insuficiencia de los marcos conceptuales tradicionales para comprender la complejidad política actual. Como lo demuestra el debate sobre el tema Maduro, la primera minoría defiende al hombre y no a los millones de venezolanos por su angustiante situación personal y social.
Diversos autores han señalado que la polarización afecta la calidad deliberativa de las democracias (Levitsky & Ziblatt, 2018). Cuando los debates se reducen a consignas patrioteras o a la defensa acrítica de banderas ideológicas, se pierde la capacidad de evaluar hechos, responsabilidades y estructuras de poder. En contextos donde existen denuncias de violaciones al derecho internacional o crímenes de alto impacto, esta degradación discursiva impide la rendición de cuentas y favorece la impunidad. La discusión pública se desplaza así desde el análisis racional hacia la construcción de enemigos simbólicos, lo que dificulta la comprensión de los problemas estructurales y bloquea la posibilidad de acuerdos mínimos, lo que ha engendrado una degradación del debate público.
Limitaciones estructurales de la izquierda y la derecha. La izquierda contemporánea, en ciertos contextos, ha mantenido una visión del Estado como agente moral absoluto. Esta postura, aunque históricamente vinculada a la búsqueda de igualdad, puede derivar en modelos donde la ideología sustituye a la eficiencia institucional. Autores como O’Donnell (“Democracia delegativa. Revista de la Democracia”, 1994) han mostrado cómo el hiperpresidencialismo y la concentración del poder pueden erosionar la calidad democrática, incluso cuando se justifican en nombre de la justicia social, PRI y Morena. Cuando el Estado se convierte en un instrumento partidista, la política pública pierde capacidad técnica y se reproduce pobreza estructural, no por falta de intención redistributiva, sino por la ausencia de instituciones sólidas.
Por otro lado, la derecha ha demostrado capacidad para dinamizar la economía y promover la inversión, pero suele carecer de mecanismos robustos de Estado para garantizar una distribución equitativa de la riqueza. Piketty (“Capital en el siglo XXI. Editorial de la Universidad de Harvard”. 2014) ha documentado cómo los modelos de mercado sin contrapesos generan desigualdades crecientes que afectan la cohesión social y la estabilidad política. La eficiencia económica, sin justicia distributiva, produce sociedades fragmentadas donde la movilidad social se reduce y la legitimidad del sistema se erosiona.
Para las urnas 2027 exijamos un marco político alternativo, un nuevo marco analítico y programático.
1. Institucionalidad democrática robusta, protección de derechos, separación de poderes y rendición de cuentas deben ser no negociables, independientemente de la orientación ideológica del gobierno.
2. Economía productiva con redistribución inteligente, riqueza y justicia social no tienen objetivos contrapuestos, son complementarios de un desarrollo sostenible.
3. Ética pública basada en la responsabilidad.
Los futuros gobernantes deberán abandonar tanto el dogmatismo ideológico como el pragmatismo sin límites, adoptar una ética de la dignidad humana y el bienestar colectivo para avanzar hacia modelos más complejos, capaces de responder a los desafíos contemporáneos.
El cuerpo electoral no debe permitir un debate público contaminado por discursos identitarios y patrioteros, recuperemos la deliberación racional y construyamos marcos políticos que integren eficiencia, justicia y ética. Solo así podremos enfrentar los desafíos actuales sin etiquetas heredadas y responder a las exigencias de sociedades complejas.
Las ideologías clásicas de izquierda y derecha tienen su epitafio escrito por la dinámica social y política global. No pudieron con los complejos problemas actuales: cambio climático, inteligencia artificial, migración masiva y desigualdad global…, las soluciones requieren enfoques híbridos inteligentes y versados, más allá de dogmas ideológicos. No supieron que vivimos un mundo interconectado donde las decisiones económicas y tecnológicas trascienden los marcos nacionales más que los partidos políticos tradicionales.
Las redes sociales fomentan micro activismos y agendas fragmentadas. Sus corrupciones y falta de resultados erosionaron su credibilidad. Exijamos proyectos que combinen políticas sociales con economía de mercado, tecnología con justicia social, sin el esquema binario.