«En los pueblos democráticos, la ciencia de la asociación es la ciencia madre; el progreso de todas las demás depende del progreso de esta.»
— Alexis de Tocqueville, La democracia en América
La sociedad civil organizada en México atraviesa uno de sus momentos más difíciles.
En los últimos años se han reducido las posibilidades de acceder al financiamiento público, mientras numerosas organizaciones han perdido o visto revocada su autorización para recibir donativos deducibles.
Estas medidas limitan su capacidad para sostener proyectos, acompañar a las comunidades y atender problemas que el gobierno no siempre puede resolver por sí solo.
A ello se suma una creciente descalificación de su trabajo, como si las organizaciones fueran intermediarias innecesarias y no espacios donde la ciudadanía se reúne para defender derechos, acompañar causas y construir soluciones.
Esta visión desconoce sus contribuciones históricas en la defensa de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la igualdad, la atención de poblaciones vulnerables y la construcción de políticas públicas.
Las cifras y la realidad
Los registros oficiales muestran una paradoja. El número acumulado de organizaciones con CLUNI pasó de alrededor de 43 mil en 2020 a cerca de 46 mil en 2025; sin embargo, solamente una parte permanece activa.
Al mismo tiempo, el padrón de donatarias autorizadas por el SAT disminuyó de 11,284 en 2023 a 10,361 en 2025. Entre 2020 y 2025 se registraron 1,414 revocaciones y 3,315 pérdidas de vigencia.
Estas cifras no significan que todas las organizaciones hayan desaparecido, pero sí reflejan un entorno fiscal, administrativo y político que dificulta su sostenimiento. Una organización puede conservar su registro y, al mismo tiempo, haber reducido sus actividades, carecer de recursos o encontrarse prácticamente inactiva.
Por ello, no basta con preguntar cuántas organizaciones están registradas. También necesitamos saber cuántas continúan trabajando, a quiénes acompañan y en qué condiciones realizan sus tareas.
Del ciudadano organizado al beneficiario
El actual modelo gubernamental privilegia una relación directa con la población mediante programas sociales y transferencias económicas.
Estos apoyos son necesarios para millones de familias, pero no pueden sustituir la organización comunitaria, la participación ciudadana ni la construcción de capacidades colectivas.
En este modelo ha adquirido una presencia relevante la red territorial de los Servidores de la Nación, encargada de registrar a las personas beneficiarias, ofrecer información y acompañar la operación de los programas sociales en las comunidades.
Su cercanía territorial puede ser útil para facilitar el acceso a los apoyos. Sin embargo, también plantea una preocupación ciudadana cuando esta estructura se convierte en el principal —y en ocasiones único— puente entre la población y las instituciones, mientras se debilita o excluye a las organizaciones independientes.
La concentración de información y presencia territorial en una red vinculada directamente con el gobierno puede limitar la interlocución comunitaria, reducir la pluralidad e incluso abrir la posibilidad de influir políticamente en la ciudadanía.
No se trata de descalificar los programas sociales ni el trabajo de quienes los acercan a las comunidades.
El problema aparece cuando las personas son vistas solamente como beneficiarias y se reducen sus posibilidades de organizarse, deliberar, proponer y participar en las decisiones públicas.
Los apoyos sociales deben garantizar derechos y ofrecer condiciones para una vida digna.
Recibirlos no es una concesión personal del gobernante ni una deuda que deba pagarse con obediencia, agradecimiento electoral o respaldo político.
La necesidad de contrapesos ciudadanos
La exclusión de la sociedad civil resulta todavía más preocupante frente a los grandes problemas nacionales.
Los señalamientos sobre huachicol fiscal, posibles “moches” en la asignación de contratos públicos y presuntos vínculos de actores políticos con el crimen organizado muestran la urgencia de contar con investigaciones transparentes y mecanismos independientes de rendición de cuentas.
A ello se suma la lucha de las madres buscadoras.
Ante la insuficiencia de las respuestas institucionales, muchas recorren campos, caminos y territorios buscando a sus familiares desaparecidos.
Además de enfrentar el dolor de la ausencia, deben asumir tareas que corresponden a las autoridades y luchar para que sus voces sean escuchadas.
Frente a estas realidades es indispensable abrir espacios a la participación de las comunidades, las universidades, los colectivos y las organizaciones sociales. Sus conocimientos y experiencias pueden ayudar a documentar los problemas, construir propuestas y crear redes ciudadanas de observación, vigilancia y rendición de cuentas.
Los problemas del país no pueden resolverse solamente desde las oficinas gubernamentales.
También necesitan la mirada y la experiencia de quienes viven todos los días la violencia, la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades.
Una sociedad democrática no debe temer a la crítica.
Por el contrario, debe escucharla, protegerla y convertirla en una oportunidad para corregir el rumbo.
La participación ciudadana no es un obstáculo para gobernar, sino una condición para hacerlo con mayor transparencia, legitimidad y cercanía con la realidad.
Recuperar la participación ciudadana
Durante décadas, las organizaciones de la sociedad civil han acompañado a poblaciones vulnerables, impulsado nuevas agendas, defendido derechos y construido respuestas desde los territorios.
Sin embargo, hoy son relegadas a un papel marginal, como si fueran ajenas al desarrollo del país.
El desafío es profundo: ¿cómo mantener nuestra contribución frente a un gobierno que no reconoce plenamente nuestro trabajo, limita nuestra participación y coloca obstáculos para nuestra existencia?
La respuesta comienza por no renunciar a nuestra autonomía ni a nuestra vocación ciudadana.
Necesitamos fortalecer alianzas, recuperar la confianza de las comunidades, diversificar nuestras formas de sostenimiento y hacer más visibles los resultados de nuestro trabajo.
Una democracia sólida requiere programas sociales universales y transparentes, pero también comunidades organizadas, contrapesos ciudadanos y organizaciones independientes capaces de colaborar con el gobierno, cuestionarlo y proponer caminos diferentes.
La sociedad civil no existe porque un gobierno la autorice o la considere conveniente.
Existe porque las personas tienen derecho a organizarse, defender sus causas y participar en la construcción del bien común.
Como nos recuerda Tocqueville, la capacidad de asociarnos es una escuela de democracia.
En ella aprendemos a escuchar, colaborar, defender nuestros derechos y asumir responsabilidades frente a los problemas que compartimos.
La participación de la sociedad civil no es una concesión del poder: es un derecho y una condición indispensable para construir una sociedad más democrática, solidaria y participativa.
México no podrá avanzar hacia un futuro de paz, verdad y justicia sin una ciudadanía organizada, crítica y comprometida.