Rodolfo Aceves Jiménez*
La relación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad pública constituye uno de los vínculos más densos y complejos en la relación bilateral. Para comprender la conveniencia de esta colaboración, es imperativo reconocer que el fenómeno delictivo en la región ha mutado hacia una estructura corporativa y tecnológica que desborda las fronteras tradicionales. En este contexto, la ayuda norteamericana se vuelve conveniente al ofrecer un acceso privilegiado a sistemas de inteligencia que el Estado mexicano no podría costear ni desarrollar de manera autónoma en el corto plazo. La transferencia de tecnología avanzada, que incluye desde software forense hasta capacidades de vigilancia satelital, permite una trazabilidad del delito que es vital para enfrentar a organizaciones que operan con presupuestos que rivalizan con los de naciones pequeñas. Esta sinergia pragmática facilita que México reciba capacitación en áreas críticas como el combate al lavado de dinero y la ciberseguridad, herramientas esenciales para erosionar la base financiera de los grupos criminales sin necesidad de recurrir únicamente al enfrentamiento armado en las calles.
Desde una perspectiva operativa, la conveniencia también se manifiesta en el fortalecimiento de la justicia penal. A través de programas de asistencia, se ha logrado una modernización parcial de los laboratorios de criminalística y una profesionalización de los Ministerios Públicos bajo estándares que buscan reducir la impunidad. Estados Unidos, al ser el principal mercado de destino de los narcóticos, tiene un interés directo en que las instituciones mexicanas sean lo suficientemente sólidas como para contener el flujo de sustancias en su origen. Esta alineación de intereses crea un paraguas de financiamiento que ayuda a mitigar las deficiencias presupuestarias crónicas de las policías locales y estatales en México.
La seguridad pública mexicana podría beneficiarse de la “economía de escala” que ofrece el Departamento de Justicia y otras agencias estadounidenses, permitiendo que el país participe en redes internacionales de captura de datos y alertas tempranas sobre tráfico de precursores químicos provenientes de Asia, un eslabón que sería imposible de vigilar sin una alianza robusta con Washington.
No obstante, las inconveniencias de esta relación son profundas y tocan la fibra más sensible de la identidad nacional: El argumento de la soberanía, en el que la aceptación de una potencia con una historia de intervencionismo en la región, genera una vulnerabilidad política considerable. Uno de los principales riesgos es la subordinación de la estrategia nacional a las prioridades de seguridad interna de Estados Unidos, las cuales suelen estar dictadas por ciclos electorales y presiones políticas internas que no siempre coinciden con la realidad social de México. Por ejemplo, mientras que para Washington la prioridad puede ser la interdicción masiva de fentanilo, para las comunidades mexicanas la urgencia suele ser la reducción del homicidio doloso y la extorsión. Esta divergencia de objetivos puede llevar a que México sacrifique su paz social interna por cumplir con objetivos ajenos señalados desde el exterior, lo que a menudo resulta en una militarización excesiva y en la adopción de tácticas de confrontación que exacerban la violencia en lugar de pacificar el territorio.
Asimismo, la dependencia de la ayuda norteamericana crea un incentivo perverso que puede frenar el desarrollo de capacidades institucionales propias. Existe la posibilidad de que el gobierno mexicano, al ver cubiertas ciertas necesidades por el financiamiento extranjero, descuide la inversión estructural necesaria para crear una fuerza civil de seguridad nacional que sea verdaderamente independiente. Además, la presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano ha sido históricamente una fuente de tensión y desconfianza. Incidentes de falta de transparencia en operaciones conjuntas han demostrado que, en ocasiones, las agencias estadounidenses priorizan sus propios objetivos informativos por encima del respeto al marco legal mexicano, lo que erosiona la moral de las instituciones locales y genera una percepción de debilidad institucional ante la opinión pública.
Finalmente, otra inconveniencia crítica radica en la naturaleza reactiva de la ayuda. Gran parte de los recursos se destinan a la contención y al equipamiento táctico, dejando de lado la prevención del delito y el fortalecimiento del tejido social. La cooperación, aunque necesaria en el ámbito técnico, debe ser gestionada con una cautela extrema para evitar que se convierta en una cesión de control sobre el destino del país. La verdadera conveniencia solo se alcanzará cuando la ayuda deje de ser un parche para las deficiencias del Estado y se transforme en una colaboración simétrica, donde la soberanía no sea el precio a pagar por la tecnología, y donde la seguridad de los ciudadanos mexicanos sea el eje rector de cualquier acuerdo bilateral.
A cambio, el gobierno de Washington podría exigir la caída de aquellos personajes de la clase política involucrados en la delincuencia, en un movimiento político poco conveniente para el régimen de la #4T.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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