Rodolfo Aceves Jiménez*
Desde siempre los temas de seguridad en la relación bilateral con Estados Unidos han sido motivo de un trato especial.
Esto se debe a que Washington reconoce a la corrupción e impunidad, como las principales debilidades que tiene el Estado mexicano para hacer frente a su propia seguridad.
Por estas razones es que las agencias de seguridad norteamericanas prefieren actuar en territorio nacional y trabajar en colaboración con las agencias mexicanas, desde luego previendo escenarios de crisis para su seguridad.
Para lograr el internamiento y participación de las agencias norteamericanas y sus integrantes, los acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad abren la posibilidad de establecer oficinas con personal.
En julio de 1992 fue publicado el Acuerdo de la Segob, SRE y PGR que estableció las normas que regulan la estancia temporal de los agentes representantes de entidades de gobiernos extranjeros que, en su país, tienen a su cargo funciones de policía, de inspección o vigilancia de la aplicación de leyes y reglamentos, en el que se les imponía una serie de restricciones, como carencia de inmunidad así como el compromiso de no involucrarse en actividades que pongan en riesgo su vida o en enfrentamientos, en el que sus actividades fueron de enlace.
En el sexenio del presidente Felipe Calderón se aumentó la presencia del personal de las agencias norteamericanas de seguridad, que incluso, alquilaron un edificio en Paseo de la Reforma de la capital mexicana.
En la administración del presidente Peña Nieto, el aeropuerto de Toluca permitió la operación aérea de las agencias de seguridad, entre nuestro país y el vecino del norte.
Así ha funcionado por varios periodos presidenciales, cuando Washington cabildea sus intereses en los temas de la agenda bilateral.
Quizás por eso la embajada de Estados Unidos en México sea la segunda con más personal en el mundo, después de su representación en Egipto.
Sin embargo, algo sucede con la administración del presidente López Obrador, que a simple vista pareciera que se niega a participar en algunos temas de la agenda de seguridad de la relación bilateral.
Algo sucede cuando en todo 2019 se cuentan poco más de 39 mil muertos por violencia, siendo el año más violento y al presidente se le agotó el discurso para culpar a administraciones pasadas.
La negativa del gobierno mexicano para que las agencias norteamericanas participaran en la detención de Ovidio Guzmán, la ausencia o el pobre contenido en el mensaje gubernamental de la delincuencia organizada, el súbito cambio de la política migratoria y la negativa del Ejecutivo federal en recibir a los activistas Javier Sicilia y Julián Le Barón, abren la especulación que la política de seguridad mexicana tiene descontentos a diversos actores.
*Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj