Rodolfo Aceves Jiménez*
El presidente Andrés Manuel López Obrador mantiene su estrategia en materia de seguridad con dos elementos: la regionalización del país y la creación de la Guardia Nacional. Sin embargo, a una planeación como esta, le faltaría el dogma o ideología con la que pretende impulsar estos cambios.
Primeramente, anunció la división en 266 regiones en materia de seguridad y luego se aprobó la iniciativa que reforma diversos artículos constitucionales para crear la Guardia Nacional.
La división no presenta mayores problemas, pero la creación de la Guardia Nacional trajo más confusiones que certezas. Su propósito es aglutinar la Policía Militar, la Policía Naval y la Policía Federal para crear un nuevo organismo. Todavía le falta. Hasta aquí hay una nueva dependencia que pretendería substituir a las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia.
Esta nueva dependencia junto con la regionalización del país, sumado a las policías estatales y municipales debería ser suficiente para contener la delincuencia. Se trata de un estado de fuerza de unos 400 mil hombres en todo el país, con una potente capacidad de fuego y una cuantiosa suma de recursos de varios cientos de miles de millones de pesos para la seguridad, que no han sido debidamente utilizados.
Por lo que toca al ajuste constitucional, se debe modificar el texto del artículo 21 constitucional para, elevar la seguridad como función de Estado, de la que dependan la seguridad nacional, la seguridad interior y la seguridad pública, como funciones de gobierno. Con este modelo se le daría orden dogmático y conceptual a la seguridad del país.
Posteriormente, se debe precisar que la función de Estado de defensa nacional depende la función de gobierno de la seguridad nacional.
Cabe resaltar que, la seguridad nacional sería el vínculo entre las funciones de Estado de Seguridad y de Defensa Nacional.
Si las policías municipales se hacen cargo del orden y paz públicos y las policías estatales de esto y del combate de delitos del fuero común junto con la policía ministerial, la Secretaría de Seguridad Pública debe expedir protocolos o manuales para que los cuerpos de seguridad de los municipios sepan cuáles son aquellos casos en materia de orden y paz públicos que deben ejercer, además, en qué casos puede invocar el auxilio de la policía estatal, en qué casos de la Guardia Nacional y en qué casos a las Fuerzas Armadas.
Este mismo esquema con las policías de los estados, de tal forma que estos protocolos especifiquen en qué casos y con cuáles mecanismos pueden solicitar el auxilio de la Guardia Nacional y/o de las Fuerzas Armadas.
Si bien es cierto que el operativo es necesario, pero más indispensable se vuelve el dogma que le va a dar sustento ideológico.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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