Desde siempre los temas de seguridad en la relación bilateral con Estados Unidos han sido motivo de un trato especial.
Esto se debe a que Washington reconoce a la corrupción e impunidad, como las principales debilidades que tiene el Estado mexicano para hacer frente a su propia seguridad.
Por estas razones es que las agencias de seguridad norteamericanas prefieren actuar en territorio nacional y trabajar en colaboración con las agencias mexicanas, desde luego previendo escenarios de crisis para su seguridad.
Pero la declinación que hizo el presidente López Obrador a asistir a la Cumbre de las Américas, debido a que Estados Unidos no incluyó en sus invitaciones a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
A esta negativa se sumó el presidente de Guatemala y Bolivia, y los mandatarios de Honduras y Brasil también podría no asistir.
El cálculo del presidente López Obrador quizás haya incluido a estos países, en una buena jugada de política exterior latinoamericana, que pretende recuperar el liderazgo de la izquierda en la región. La razón de esta decisión sólo al tiempo la conoceremos.
Por ahora la relación con Cuba y Venezuela están más vigentes que nunca, con la polémica llegada de 500 médicos de la isla, así como con el aterrizaje de un avión de Conviasa procedente del aeropuerto de Maiquetía Simón Bolívar de Venezuela, durante la inuaguruación del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Con Nicaragua la relación no está fracturada, pero México se mantiene al margen de las violaciones a los derechos humanos del régimen de Daniel Ortega. Ni las consiente ni las censura.
No es la primera vez que el mandatario mexicano declina una invitación. En 2019 desistió de acudir a la reunión del G-20 en Japón y en su lugar acudió el canciller Macelo Ebrard y el titular de Hacienda, Carlos Urzúa.
Quizás en la reunión del G-20 no hubo consecuencias para México, pero en esta ocasión aunque Washington parece que no ve un riesgo a su seguridad democrática la iniciativa mexicana, esto podría traer consecuencias a nuestro país.
La corrupción, impunidad e inseguridad tienen en sus causas y participantes los elementos necesarios para que el gobierno norteamericano presione a la administración del presidente López Obrador.
Por ahora parece que la administración del presidente Joe Biden no ve colaboración en el gobierno mexicano para disminuir los riesgos y amenazas detectados.
El avance de la delincuencia organizada, el retiro de agentes del gobierno norteamericano así como de un avión de la DEA, la corrupción política y otros asuntos, son temas que el gobierno mexicano no puede soslayar como reclamos de la administración Biden para su seguridad.
Mientras tanto por ahora parece que el presidente de México hizo una buena jugada estratégica que de manera coyuntural, pero no permanente, lo coloca al frente de los reflectores políticos en la región.