En la teoría clásica de la administración pública existe una máxima elemental: la confusión de fines produce la perversión de los medios. Asignar a las Fuerzas Armadas facultades de tutela, vigilancia o gestión sobre los flujos de inversión extranjera constituye una anomalía institucional insostenible que se aleja de todo diseño institucional, de normatividad y de planeación. Y sus autores saben que es un absurdo.
Pretender que el personal en uniforme verde olivo o azul marino examine la viabilidad económica de un consorcio privado no sólo desfigura la naturaleza técnica de la administración pública civil, sino que transgrede los principios fundacionales de la seguridad nacional mexicana. En términos de lógica jurídica formal, se trata de una flagrante falacia de ambigüedad categorial: confundir la protección del orden soberano con la rectoría del mercado.
La inversión foránea pertenece, por vocación sustantiva, al ámbito del derecho corporativo, la política hacendaria y la diplomacia económica. Su examen técnico corresponde a dependencias especializadas diseñadas expresamente para sopesar la balanza de pagos, la transferencia tecnológica y la competencia leal frente a la rectoría económica del Estado. Al distorsionar ese andamiaje procesal para incrustar de manera antinatura un tamiz castrense allí donde sólo existen contratos civiles y transacciones mercantiles ordinarias, produce fricciones innecesarias, encarece la certidumbre jurídica del país y, lo mejor para la clase política es, que abre la posibilidad de un nicho de corrupción y cabe la posibilidad que estas nuevas facultades hayan sido deliberadamente diseñadas para tal efecto. Cuando un gobierno recurre a las bayonetas para inspeccionar carpetas de inversión o administrar concesiones de transporte, aduanas e infraestructura comercial que nada tienen que ver con riesgos bélicos o con el concepto de seguridad nacional señalado en el artículo 3 de la Ley de Seguridad Nacional, se evidencia una claudicación administrativa. En el fondo, no se está blindando al país; se está militarizando la actividad productiva civil.
Desde una mirada sociopolítica rigurosa, dotar a los mandos armados de facultades decisorias en sectores económicos abiertos a capitales privados podría producir un peligro mayúsculo: la conformación de un empresariado corporativo militar. Cuando una institución jerarquizada y opaca frente al escrutinio ciudadano común asume funciones de juez y parte en el ecosistema de negocios, las dinámicas de libre competencia se quiebran. La naturaleza de las Fuerzas Armadas no es informar, al contrario, es obstruir la búsqueda de información.
El uniforme, concebido para el monopolio legítimo de la fuerza en defensa del orden republicano, no posee la preparación técnica ni la vocación institucional para negociar rendimientos bursátiles, estructurar proyectos comerciales o evaluar riesgos corporativos. Atribuirle tales tareas desvía a la tropa de su mandato primordial y expone su credibilidad a los vicios del arbitraje comercial y al desgaste del litigio mercantil. Lo saben quiene lo diseñaron y aún así le confieren atribuciones alejadas de su naturaleza.
El diseño constitucional mexicano delimitó con absoluta claridad las esferas de actuación del poder público. El orden civil gobierna y administra; el brazo armado defiende la soberanía frente a agresiones foráneas o amenazas fácticas a la subsistencia del pacto federal. El artículo 129 de la Carta Magna consignó desde 1857 un límite meridiano: en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina de las armas. Forzar el concepto de seguridad nacional para estirarlo como hule y abarcar fábricas, almacenes logísticos o contratos de infraestructura comercial equivale a dinamitar la frontera entre la defensa de la patria y la rutina del comercio cotidiano.
Si bien toda nación soberana resguarda celosamente sus sectores estratégicos, como los recursos energéticos o las telecomunicaciones críticas, ese resguardo se ejerce a través de la ley civil, no del despliegue armado sobre la inversión pacífica.
La rectificación debe ser inaplazable. El Estado mexicano requiere fortalecer su entramado civil de supervisión financiera y mercantil, devolviendo a las Fuerzas Armadas al sitial de respeto y templanza que les corresponde en la vida militar. La seguridad nacional no es un pretexto comodín para administrar aduanas, puertos y capitales productivos o construir hospitales, aeropuertos o inventos de política pública; es el resguardo del bien común y de la paz social. Que los soldados cuiden el honor de la República y el pabellón tricolor y que la ley civil tutele el mercado: sólo así prevalecerán la certidumbre económica, la pulcritud institucional y la vigencia plena de la República.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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