Desde varias administraciones nuestro país transita por una delicada situación de inseguridad, que ha trascendido poderes y órdenes de gobierno.
Se ha sabido que miembros de la clase política y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno han estado relacionados con integrantes de la delincuencia, situación que dificulta combatir y erradicar la inseguridad.
Territorios y regiones del país son asolados por la delincuencia, sin que autoridad alguna ponga fin y devuelva la seguridad, tranquilidad y paz a sus habitantes y los cometidos delitos sean castigados.
Campañas políticas, informes de gobierno y discursos de todos lo colores y signos políticos sólo establecen una narrativa con mensajes que únicamente prometen lo que saben que no pueden cumplir.
Los partidos políticos son rebasados, coaccionados u obligados a participar de un nicho de corrupción o con la delincuencia.
Para contener la inseguridad hoy es insuficiente la voluntad política, debido al avance de la corrupción e impunidad en los sistemas y subsistemas de que consta la administración pública y de impartición de justicia.
Deficiencias en las normas o voluntad política son las que permiten que autoridades cometan cualquier abuso, abriendo un nicho de corrupción o permitiendo que la delincuencia se abra paso para llegar a estos sistemas y subsistemas o al presupuesto público de manera ilegal.
Así parece encontrarse la administración pública y el gobernante que no se sujete a la corrupción o a la delincuencia, tiene un futuro político limitado o quizás hasta con la vida de por medio.
En las torpezas de la autoridad basta su voluntad para que transforme una falta administrativa contenida en algún reglamento con el que cualquier ciudadano se convierta en un peligroso delincuente con años de cárcel y sin derecho a libertad.
Nadie se salva los actos deliberados de las Fiscalías o las Secretarías de Seguridad. El ejemplo el titular de la Fiscalía General de la República evidenciado en audios en diversas tropelías y negociando la ley.
En este complejo entramado de intereses y complicidades se encuentra la ciudadanía que ha padecido las deficiencias de las acciones de Estado y de gobierno que, por acción u omisión, han consentido que la delincuencia se integre y diluya en el tejido social.
No es un problema nuevo, pero es un problema de compleja solución. Hoy en día las administraciones de gobierno no son capaces de ofrecer las condiciones necesarias para revertir las condiciones de inseguridad que sus antecesores provocaron, ni han llevado a la cárcel a sus culpables y menos aún se ha hecho justicia a muchas víctimas de delitos en este país.