Rodolfo Aceves Jiménez*
Los bloqueos a vías de comunicación e incendios de comercios que realizó la delincuencia organizada en Jalisco, Guanajuato y en Ciudad Juárez en Chihuahua, evidencian fallas en los mecanismos y planeación diversa en seguridad.
Aunque no es la primera vez que sucede, siempre los resultados de las autoridades son los mismos: ausencia de información, falta de previsión y minimización de los daños.
La delincuencia tiene la capacidad de colocar barricadas con vehículos incendiados para evitar la llegada de las fuerzas de seguridad y permitir su libre escape.
Las autoridades estatales prefieren soportar la crítica a remover mandos en seguridad. Por ejemplo, a propósito de la muerte del joven Giovanni López en mayo de 2020, el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro afirmó que la Fiscalía estaba infiltrada por la delincuencia.
Hoy en día se desconoce si algún mando de seguridad o de la Fiscalía de Jalisco haya sido removido o procesado por vínculos con la delincuencia. La duda persiste.
Es posible que suceda lo mismo en Guanajuato o en otras entidades, en el que la sospecha por vínculos con la delincuencia gira en torno a mandos, personal con el consentimiento de las autoridades políticas.
Lo más cómodo para gobernadores o presidentes municipales es tomar una actitud pasiva y que la federación se haga cargo de la seguridad. Aquí deberían existir responsabilidades por delitos por omisión en perjuicio de la función de seguridad.
Por eso es por lo que la solución que propone el Ejecutivo federal de transmitir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional no podría constituir la solución más idónea o conveniente para tratar el problema de la inseguridad.
Además del problema político y jurídico que representa la reforma al artículo 21 constitucional, el personal de la Guardia Nacional se enfrenta a la voluntad de la disposición de “abrazos, no balazos” y que deja al personal casi en estado de indefensión.
Hemos visto cómo el personal ha sido humillado y burlado, con la impotencia que ello representa.
También fomenta la flojera y pasividad en autoridades locales y municipales que prefieren hacerse de “brazos caídos” para no adquirir la responsabilidad y que la federación asuma el costo político.
El traspaso de la Guardia Nacional sólo aviva las críticas sobre la militarización de la seguridad y no resuelve el problema de inseguridad.
Desde luego que los planes y programas de seguridad son superados por las reacciones de algunas de las autoridades y la pasividad de otras.
Lo más importante: la ciudadanía no está protegida y algunas autoridades no les interesa ser sujetos de críticas.