La radiografía de la seguridad mexicana es una obsolescencia dogmática e ideológica, cuyos conceptos se confunden con la magnilocuencia que representa hablar de temas de seguridad nacional.
Esta forma de ver la seguridad, cuyo modelo e implementación datan de 1992 es, en parte, una de las causas por las cuales no es posible actualizar métodos, procedimientos y protocolos y una de las causas por las que la sincronía entre la Constitución, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) y el Presupuesto de Egresos es funcional en pocos de sus procesos, pero desarticulada en algunos y obsoleta en otros en su mayor parte.
La visión de seguridad de la presente administración ha colocado al mismo nivel de la seguridad nacional a la seguridad pública y por eso el derecho de seguridad mexicano, constituido por la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Seguridad Nacional principalmente, carecen de sincronía mutua.
Esto podría deberse a que la seguridad nacional persigue objetivos nacionales permanentes fijados en la constitución, mientras que la seguridad pública cumple con funciones de prevención del delito, principalmente. Es decir, se alejan de tener coincidencias ideológicas.
Además de regular funciones distintas, no se complementan entre sí, ni son parte en el diseño del modelo de seguridad de los objetivos nacionales coyunturales o permanentes que se encuentran en el PND o en la Constitución y solo se constituyen en los elementos normativos para que Estados y Municipios obtengan recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Por eso la idea de incorporar un nuevo cuerpo al Ejército y Fuerza Aérea en la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo es la Guardia Nacional, produce discordancias ideológicas que no tienen cabida en las funciones de Estado de Defensa Nacional.
Cuando la politización o ideologización interfiere con los objetivos de la planeación nacional, tiene como consecuencia que no coincida la planeación secundaria de seguridad pública y de seguridad nacional.
Más aún causa confusión entre el personal de las fuerzas armadas que sus capacidades sean reducidas para enfrentar a delincuentes, como actores activos negativos de la seguridad pública.
Los análisis y evaluaciones que realizan las dependencias de seguridad pública e instancias de seguridad nacional sólo aumentan en grado, proporción o porcentaje los problemas que conocemos, como corrupción e impunidad.
La clase política no ha comprendido que la seguridad pública no depende de la disciplina, lealtad, estado de fuerza o capacidad de fuego de las Fuerzas Armadas, sino del compromiso de los poderes públicos de la federación, los estados y municipios, en alejar la política partidista en asuntos de gobierno, entre otros compromisos.
Su solución compromete una gran convocatoria a sectores político, económico y social, principalmente, y con una firme voluntad en cuyo convocante tenga autoridad moral para hacerlo.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
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