Rodolfo Aceves Jiménez*
El proceso electoral pasado dejó 91 pérdidas humanas, entre candidatos o aspirantes, con materia suficiente para dejar enseñanzas en materia de seguridad y oportuno para reformar las normas necesarias para la siguiente legislatura del Congreso de la Unión.
Se presentaron diversos hechos durante el desarrollo de la jornada electoral que merecen la atención de las autoridades locales y federales. Por ejemplo, en Michoacán se dejaron de instalar unas 100 casillas electorales, debido a la inseguridad así como a un conflicto indígena entre mazahuas y purépechas en la región.
En Oaxaca un grupo de habitantes de Santiago Laollaga en el Istmo de Tehuantepec prendieron fuego en las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, debido a que presuntamente las autoridades entregaron los paquetes electorales a uno de los grupos políticos locales.
En ese mismo estado pero en San Jerónimo Silacayoapilla un grupo de personas robó las urnas y quemó boletas electorales.
En La Yesca en Nayarit fue canelada la elección, personas de la localidad tomaron las instalaciones del Consejo Municipal Electoral, debido a la cancelación de una candidatura.
Mientras que en Tlaxcala un empleado del INE fue asesinado mientras llevaba la paquetería electoral.
En la mayor parte de estos hechos las autoridades locales deben investigar para evitar estas prácticas, mayormente con un contenido político local. Es notorio.
Quizás la cereza del pastel lo constituya la candidatura de Rogelio Portillo a la Presidencia Municipal de Huetamo en Michoacán, quién es buscado por la DEA por vínculos delictuosos y tráfico de drogas.
Es el momento en que la autoridad de seguridad y de inteligencia financiera deben sumar esfuerzos por investigar a los candidatos bajo sospecha de asociaciones delictuosas, negarles el registro y, en su caso, ponerlos a disposición de la autoridad correspondiente.
Por su parte los partidos políticos deben vigilar junto con las autoridades de seguridad, el proceso de selección de sus candidatos y negar el registro en caso de ser necesario.
Eso incluye a aquellos precandidatos con antecedentes de violencia de género o con alguna orden de aprehensión pendiente.
En cada proceso electoral la delincuencia encuentra maneras de impulsar cuadros propios ya sea presionando a partidos o candidatos a acceder a sus deseos.
Esto no puede ni debe seguir sucediendo.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj