Rodolfo Aceves Jiménez*
En matemáticas existe un procedimiento llamado curva de aprendizaje, que describe el grado de éxito obtenido en el transcurso del tiempo. Este ejemplo puede llevarse a la función pública.
Se trae a colación la curva de aprendizaje en materia de seguridad pública por varios factores. Desde que el hoy presidente López Obrador estuvo en campaña hace un año, tuvo a su disposición diagnósticos de diversos actores políticos y sociales que arrojaban la gravedad del tema de seguridad pública.
Pero parece que esta administración subestima y desestima el contenido de esos diagnósticos, sumados a los análisis que le ofrecieron las dependencias de seguridad del país. El resultado no es alentador, ya que sigue sin poder reducirse la violencia en el país.
En seguridad y defensa, la vulnerabilidad de las instituciones de seguridad se traslada a su ineficacia y sumado a la penetración de la corrupción en su clase política, dan como resultado, la desconfianza de la administración de la Casa Blanca sobre los cuerpos de seguridad mexicanos. Esta es una preocupación real, sobre todo por la situación geopolítica de México en el marco de los frentes que tiene abierto nuestro vecino, como una vulnerabilidad para su seguridad.
Una de las desafortunadas consecuencias que tuvo un inocente saludo a la madre de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, y la liberación manifiesta de su hijo, Ovidio Guzmán, dado a que en el imaginario público persiste la idea que la administración federal protege al cartel de Sinaloa y solo combate al cartel de Santa Rosa de Lima u otros grupos de delincuentes.
En ambos ejemplos la inteligencia que producen las áreas de seguridad del Estado mexicano, no son aprovechadas con fines de seguridad, sino que son utilizadas con fines políticos.
La divulgación que hizo el grupo de hackers Guacamaya y que vulneró los sistemas críticos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) vino a divulgar que los militares saben, y desde hace tiempo, que la clase política tiene relaciones con la delincuencia. Así señala a gobiernos de varias entidades federativas.
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Pareciera que no hay un aprendizaje de años anteriores para relacionar la inteligencia que hacen las instituciones de seguridad y relacionarla con la evaluación financiara que hace la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y descubrir, entre otras cosas, que la delincuencia se expande al campo cibernético.
Tampoco la experiencia contenida en la curva de aprendizaje ha sido lo suficientemente sólida para descubrir que el modelo de seguridad vigente que proviene de 1992 es, en parte, una de las causas por las cuales no es posible actualizar métodos, procedimientos y protocolos y una de las causas por las que no hay sincronía entre la Constitución, el PND y el Presupuesto de Egresos, sumado a una politización de la seguridad, en el que Federación y Entidades se culpan mutuamente por las fallas estructurales u operativas de la seguridad, pero buscan a toda costa la mejor participación de recursos federales para seguridad.
Y cuando persiste la obcecación e insistencia en modelos obsoletos, en no asociar informes de diversas áreas, la curva de aprendizaje y la experiencia son inútiles.