En un país donde el acceso al agua potable no está garantizado para todos, se perfila proliferación de dispensadores automáticos como la solución práctica y económica. Los encontramos en plazas, esquinas, centros comerciales y hasta en unidades habitacionales. Sin embargo, su falta de regulación los convierte en una moneda al aire para la salud pública.
Así resulta oportuna la iniciativa presentada por el diputado Emilio Manzanilla Téllez, del Partido del Trabajo, que propone reformar la Ley General de Salud y la Ley Federal de Protección al Consumidor para regular la instalación y uso de estos dispositivos.
La propuesta no busca restringir el acceso al agua, sino garantizar que sea segura para el consumo humano. En un país donde las enfermedades gastrointestinales aún son causa frecuente de consulta médica y hospitalización especialmente entre menores de cinco años, resulta urgente establecer controles sanitarios para un recurso tan vital.
El centro de la iniciativa es sencillo pero crucial, cualquier persona o empresa que instale un dispensador de agua deberá acreditar la calidad del recurso, el proceso de purificación y su mantenimiento periódico, así como estar sujeta a inspecciones sin previo aviso y obtener licencias municipales específicas.
El acceso al agua es un derecho humano, pero ese derecho se convierte en una amenaza si el líquido está contaminado, o el equipo es negligente en su mantenimiento. No se trata de criminalizar la innovación, sino de poner orden y responsabilidad en un sector que ha crecido sin regulación clara.
Además, la iniciativa también protege al consumidor contra la publicidad engañosa. Que un dispensador anuncie “agua purificada” sin pruebas o sin cumplir normas mínimas, no solo es un fraude, sino un riesgo para la salud pública.
Es favorable que esta reforma sea preventiva y no reactiva. No estamos esperando una crisis sanitaria, o un escándalo de contaminación para actuar. Estamos anticipándonos. Y eso habla de una visión legislativa moderna, seria y comprometida con el bienestar de las personas.
Urge que las comisiones correspondientes de Salud y Economía dictaminen con celeridad y compromiso, no podemos seguir dejando al azar algo tan esencial como el agua.
Menos horas de jornada laboral
México está en deuda con su clase trabajadora y no se trata solo de salarios precarios o contratos sin prestaciones, sino de una deuda más cotidiana, ya que se traduce en el tiempo de vida que las y los trabajadores entregan a sus empleos sin descanso suficiente ni equilibrio entre trabajo y vida personal.
En este escenario, la diputada Ivonne Ortega Pacheco, coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, ha puesto el dedo en la llaga,ya urge aprobar la iniciativa que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El retraso legislativo no tiene justificación cuando los argumentos a favor se acumulan y la voluntad política parece, una vez más, escasa.
Desde el Congreso, Ortega Pacheco ha sido enfática. La gradualidad propuesta en la iniciativa presidencial que llevaría a implementar la jornada de 40 horas hasta 2030 solo podrá cumplirse si se empieza de inmediato. Por eso, su llamado a convocar un periodo extraordinario en la Comisión Permanente no es capricho, sino necesidad.
El Movimiento Ciudadano no llegó tarde a esta causa, es sabido que Ortega, Patricia Mercado y Juan Zavala durante la “Gira Nacional por las 40 horas”, el partido ha defendido esta propuesta durante dos legislaturas. Y no lo ha hecho en solitario la sociedad civil, sindicatos, expertos en derecho laboral y organismos internacionales coinciden en que la reducción de la jornada mejora la productividad, el bienestar emocional y la salud física de los trabajadores.
Los opositores hablan de impactos económicos, de riesgos para las pequeñas empresas, Ortega lo aclara, México es un país con muchas realidades, y por ello se deben analizar mecanismos de incentivos fiscales, o esquemas flexibles, para que la reforma no ahogue al sector empresarial, pero sí beneficie a quienes hoy entregan seis días por apenas uno de descanso.
Surge entonces una pregunta clave: ¿tendrán los legisladores la voluntad política para legislar en favor de millones de personas, como sí la han tenido para otras reformas impulsadas por el Ejecutivo? Ivonne Ortega lanza un desafío justo: “si quisieran, la sacan en dos segundos”.
La reducción de la jornada laboral no es una concesión, es una deuda histórica en un país donde la fuerza laboral sostiene la economía a costa de su salud, su familia y su tiempo. Postergar esta reforma es, en los hechos, seguir normalizando la explotación.
Menos discurso y más acción: la educación indígena
En pleno 2025 designado como el “Año de la Mujer Indígena” aún estamos debatiendo si la Secretaría de Educación Pública debe o no tener la responsabilidad explícita de garantizar una educación indígena, intercultural y plurilingüe. El hecho de que esta función no esté claramente asentada en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal revela una deuda estructural con los pueblos originarios y afromexicanos del país.
La iniciativa impulsada por las diputadas Karina del Río Zenteno e Irma Juan Carlos, ambas de Morena, propone añadir una fracción al artículo 38 de dicha ley, para que la SEP no solo reconozca, sino implemente de forma efectiva políticas educativas acordes con nuestra diversidad cultural y lingüística. En otras palabras, no se trata solo de enseñar en lenguas originarias, sino de reconocerlas como fundamento del derecho a la educación.
La propuesta llega en un momento simbólicamente poderoso, pero también urgente. Porque mientras se elaboran documentos y se celebran foros sobre interculturalidad, en la práctica las comunidades indígenas siguen enfrentando un sistema educativo que les es ajeno, que muchas veces ignora sus lenguas, su historia y sus formas de aprendizaje.
Reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no resolverá de inmediato todos los rezagos, pero sí abrirá la puerta para que la SEP diseñe y ejecute políticas con sustento legal y no solo con buenas intenciones. Esta modificación también daría fuerza a la reciente reforma al artículo 2° constitucional, que garantiza el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a definir sus propios modelos educativos.
Además, la iniciativa pone sobre la mesa un tema central: la formación de profesionales indígenas y el desarrollo de programas educativos con pertinencia cultural. Esto es esencial si queremos romper con una historia en la que las comunidades originarias han sido meras receptoras de políticas hechas desde el centro, por personas que poco conocen de sus realidades.
El país necesita con urgencia un sistema educativo justo, inclusivo y representativo de su pluralidad cultural y lingüística. No se trata de un favor, sino del cumplimiento de un derecho. La educación indígena no puede seguir dependiendo de la voluntad política del sexenio en turno: requiere institucionalidad, presupuesto y visión de largo plazo.
Esta reforma no es un capricho legislativo, es un acto de justicia. Es, también, una forma concreta de honrar este “Año de la Mujer Indígena”, más allá del discurso.
Cuando la música llega al Congreso: cultura que sí construye puentes
En una época donde el debate político suele dominar los titulares, resulta refrescante —y profundamente necesario— que un espacio como el Congreso de la Unión se abra también a la música, al arte, a la sensibilidad. El reciente concierto “Arias de ópera y música mexicana”, presentado por el Ensamble de Jóvenes Solistas de la Escuela Superior de Música del INBAL, es un recordatorio de que la cultura no solo embellece, sino que también humaniza la política.
Bajo la dirección artística de Germán Tort y con el acompañamiento del pianista Emmanuel Meneses, el ensamble conformado por jóvenes sopranos, mezzosopranos, tenores y barítonos regaló una velada de excelencia musical en el Espacio Cultural San Lázaro. No fue cualquier recital. Fue un acto simbólico y profundamente político: mostrar que los jóvenes artistas merecen espacios dignos, visibilidad y apoyo institucional.
En medio de reformas, tensiones y debates legislativos, escuchar obras como O mio babbino caro o Júrame en el corazón del Poder Legislativo nos recuerda por qué vale la pena seguir creyendo en lo público y lo común. Porque la cultura, como la política en su sentido más noble, debe estar al servicio de la ciudadanía, del alma colectiva y del porvenir de los jóvenes.
La Cámara de Diputados, a través del programa cultural encabezado por Elías Robles Andrade, y con el impulso del diputado Ricardo Monreal Ávila y de la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros, acierta al respaldar este tipo de actividades. Como bien señaló el maestro Tort, “en México hacen falta muchos teatros”. Y si aún no los tenemos, abramos las puertas de todos los auditorios posibles.
En tiempos donde abundan los discursos de odio y polarización, es esperanzador ver cómo la ópera y la música mexicana pueden convivir en un mismo escenario, tejiendo puentes entre generaciones, géneros y géneros musicales.
No se trata solo de un gesto simbólico. Se trata de una política pública cultural en acción. Y en eso, el Congreso tiene mucho que aprender… y mucho que ofrecer.
Si algo nos deja esta velada es la certeza de que el arte no es accesorio, es esencial. Y cuando los muros del poder resuenan con las notas de un violonchelo o el eco de un piano, no solo escuchamos música: escuchamos una promesa de país más sensible, más justo y humano.