Como era de esperarse, en la Cámara de Diputados fue aprobada la iniciativa de reforma enviada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Con 334 votos a favor, fue avalada la iniciativa que establece restricciones para quienes poseen doble nacionalidad y aspiren a determinados cargos públicos.
Así se estrenó la legislatura con la reforma constitucional a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promovida de manera directa por la titular del Poder Ejecutivo federal y planteada desde tribuna por el diputado Leonel Godoy Rangel.
En el centro de la discusión destacaron los derechos humanos, cuyo carácter progresivo comprende también los derechos políticos.
Una mayoría calificada se pronunció a favor de la reforma constitucional y que establece la obligación de contar únicamente con la nacionalidad mexicana para quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Se desvanece así el sueño de migrantes e inmigrantes. En ambos casos, se clausuran las aspiraciones presidenciales de quienes envían remesas, mantienen a sus familias, sostienen con su esfuerzo a comunidades enteras, aportan a las universidades y han contribuido a que la economía de California se encuentre entre las más importantes del mundo.
¿Cuántos mexicanos migrantes arraigados viven en Estados Unidos, con documentos o sin ellos?
La población de origen mexicano profundamente arraigada en Estados Unidos alcanza entre 38 y 39.9 millones de personas si se contabiliza a la diáspora completa, es decir, la primera, segunda y tercera generación. Sin embargo, al enfocarse estrictamente en los migrantes nacidos en México que emigraron a Estados Unidos, la cifra oscila entre 11 y 12 millones de personas. La magnitud de esta población permite dimensionar el número de personas que quedarían excluidas de aspirar a determinados cargos políticos.
Entre las entidades con mayor expulsión de migrantes destacan Puebla, Estado de México, Michoacán, Zacatecas y Jalisco. Como caso emblemático aparece Zacatecas, reconocido históricamente por su intensa migración hacia Estados Unidos.
De tajo desde la tribuna del Congreso de la Unión (las dos cámaras), se cierran las aspiraciones de muchos migrantes a la Presidencia de la República, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El dictamen animó la discusión y despertó una intensa actividad legislativa. Por un lado, se estrenaban diputadas y diputados; por el otro, se avizoraba una nueva etapa de competencia política con miras a los próximos procesos electorales.
En medio de ánimos exaltados, el proyecto fue aprobado en lo general y en lo particular con 334 votos a favor, 109 en contra y una abstención. Tras su aprobación, fue remitido al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.
He aquí la historia y el relato político que acompañará una de las reformas más controvertidas del nuevo sexenio.
Entre los cambios más importantes destaca que la persona que ejerza la Presidencia de la República o una gubernatura no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad durante el desempeño de su encargo, ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta a la mexicana.
Asimismo, la reforma prohíbe el uso de pasaportes o documentos de identidad expedidos por otro Estado, el ejercicio de derechos políticos derivados de una ciudadanía extranjera y la solicitud de protección diplomática de otro país. También establece que las violaciones a estas disposiciones podrán ser sancionadas conforme a lo previsto en la Constitución federal y en las constituciones locales.
Durante la discusión quedaron sobre la mesa diversos planteamientos: la renuncia a una segunda nacionalidad y la reducción de derechos políticos y electorales para acceder a determinados cargos públicos.
En el caso de la Ciudad de México, el artículo 122 establece que quienes aspiren a la Jefatura de Gobierno deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad. Si cuentan con una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidata o candidato, en los términos que determine la legislación correspondiente.
La sesión fue conducida por el presidente de la Mesa Directiva, Raúl Bolaños-Cacho Cué, quien dirigió los trabajos parlamentarios durante la discusión de la reforma.
De acuerdo con los artículos transitorios, la reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y será aplicable a partir del proceso electoral de 2028. Además, no tendrá efectos para las personas que ya se encuentren ejerciendo los cargos contemplados en el decreto al momento de su entrada en vigor.
La reforma también establece que el Congreso de la Unión deberá adecuar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral en un plazo de 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto.
Con esta modificación constitucional, la mayoría legislativa busca impedir que quienes encabecen el Poder Ejecutivo federal, los gobiernos estatales o la administración capitalina mantengan vínculos jurídicos de nacionalidad con otro país mientras ejercen o aspiran a dichos cargos públicos.