En una jornada marcada por el debate sobre la austeridad y la autonomía institucional, la Cámara de Diputados aprobó con mayoría calificada el dictamen de reforma a los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Cuáles fueron los objetivos que animaron a la titular del poder ejecutivo de proponer una reforma electoral que ha sido polémica, que no fue promovida por una oposición preocupada por el tema electoral, la información política, la administración presupuestal, el trabajo de calle. ¿Dónde está su origen y donde está su destinatario? Quedó atrapado el dictamen de ley entre las escaramuzas de la revocación del manto popular.
Con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención, el proyecto —conocido como el “Plan B”— avanzó hacia los congresos estatales para su ratificación definitiva.
Analizando la documentación sobren salen los 3 pilares de la Reforma. Resaltando el hecho que el dictamen introduce cambios estructurales en los tres órdenes de gobierno, enfocados en reducir el gasto operativo y eliminar beneficios adicionales para la alta burocracia electoral.
Se proponen:
- Municipios más compactos (Art. 115), estableciendo un límite máximo de 15 regidurías por ayuntamiento. Además, se eleva a rango constitucional la obligatoriedad de la paridad de género y la igualdad sustantiva en la integración de los gobiernos locales.
- Austeridad legislativa (Art. 116): Las legislaturas locales deberán ajustarse el cinturón. Su presupuesto anual no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de su estado.
- En otros ajustes resalta el control de salarios y fin a seguros privados (Art. 134): Ningún funcionario del INE, organismos locales (OPLES) o tribunales electorales podrá ganar más que el presidente de la República. Asimismo, queda prohibida la contratación de seguros de gastos médicos mayores, vida o pensiones privadas con recursos públicos.
Análisis de la Votación
La aprobación en lo particular reflejó la actual correlación de fuerzas en el Palacio Legislativo de San Lázaro:
En primer termino se destacó: el oficialismo representado por Morena, a favor de la defensa de la austeridad republicana y el bloque opositor PAN, PRI y MC, en contra de las críticas por posible centralismo y riesgo operativo.
Cabe preguntarnos lo que pueda seguir para el “Plan B”
Al tratarse de una reforma constitucional, el documento ha sido turnado a las 32 legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. Para que los cambios entren en vigor, se requiere la aprobación de la mitad más uno de los congresos locales (17 estados).
Resaltan entre los datos: Los ahorros generados por la eliminación de prestaciones y la reducción de estructuras administrativas que serán reasignados a fines de interés social, según lo establecido en los artículos transitorios del dictamen.
A pesar de que se presentaron múltiples reservas por parte de todas las bancadas, la mayoría fueron desechadas o retiradas, manteniendo la esencia de la iniciativa presidencial que busca, en palabras de sus promotores, “reforzar los mecanismos de control democrático”.
Correspondió los Senadores presidentes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina y de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, (ambos de Morena) presentar el dictamen, y subieron a tribuna:
- Laura Cristina Márquez (PAN): Sostuvo en tribuna que la reforma no era necesaria y criticó que no atendiera temas prioritarios.
- Abigail Arredondo Ramos (PRI): Calificó el proyecto de incongruente, argumentando que los ahorros presupuestales prometidos serían insignificantes frente al gasto en obras federales.
- Alberto Anaya (PT): Se pronunció a favor del dictamen, afirmando el respaldo de su partido a la iniciativa presidencial.
- Ramón Díaz Ávila (PT): Participó durante el análisis de la minuta, defendiendo la reducción de presupuestos.
- Arturo Yáñez (PRI): Advirtió que el objetivo real no era generar ahorros, sino “asfixiar a los congresos locales y cortarle las piernas a la oposición en los municipios”, poniendo en duda el destino final de los supuestos recursos económicos que se obtendrían.