Concluyeron en la Cámara de Diputados los cuatro Conversatorios en torno a las deliberaciones sobre reformas al Poder Judicial, Federal, Estatal, en síntesis, de una nueva promoción y administración de justicia.
Los primeros escarces políticos más que jurídicos que visibilizan temas de control que sobre la proximidad y facilidad de acceso, calidad y eficiencia en materia de procuración a la justicia.
Aproximaciones recientes a las discusiones de los temas de justicia que se sentencian desde la titularidad del Poder Ejecutivo más apuntan en el sentido de la profundización de la distancia, la corrupción y la impunidad del imaginario social y político de la construcción de la Ley.
En México los derechos humanos tardan y la justicia no llega a la vista como resultado los enredados caminos de la justicia y la urgencia de construcción y consolidación de ciudadana.
Entre los acontecimientos los recurrentes y ruidosos eventos de agitación presidencial, que se suceden en un escenario de sucesión adelantada, agitación política, social, en la suma de eventos con impacto cívico nos viene trazando la ruta de los derechos humanos y el acento en un Estado de derecho que debemos de fortalecer, defender y surge en vilo.
Sin embargo, faltan esas rutas de información de la pedagógica democrática de la gestión de los derechos humanos difusos y progresivos.
Surgidas de las diferencias de un contexto de crisis entre el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el panorama lucen las menciones de las herramientas como: resoluciones, amparos, controversias, acciones de inconstitucionalidad que han representado un revés para el Presidente Andrés Manuel López Obrador apuntan sobre los delicados equilibrios de nuestro régimen democrático constitucional.
¿Cuál es la pedagogía cívica y política de la confrontación entre poderes y el recurso que se afianza en la vía de la popularidad entre las masas y se escurre del análisis de los resultados? ¿Estamos ante dos proyectos de Nación?
El reciente conversatorio organizado por la Comisión de Puntos Constitucionales que preside el Diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, de Morena, entre interesados en la procuración y administración de justicia.
Robledo explicó en la reunión a la que asistieron tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Jazmín Esquivel, Loretta Ortiz y al Ministro Javier Laynez, que en los conversatorios no se resalta la intención de consultar a los mexicanos si se deben elegir mediante voto popular a los Ministros de la Corte o a otros funcionarios.
El legislador define como objetivo de los conversatorios la posibilidad o no de modificar o no el Articulo 96, a fin de que el método de designación de los ministros de la Corte y otros funcionarios judiciales pueda admitir la participación ciudadana.
Se anuncia una reforma incluyente de los tres órdenes de gobierno, poblaciones, medios de comunicación alternativos, formación en abogacía, una Corte como tribunal constitucional, un consejo de las Judicaturas integrado por personas no pertenecientes al poder Judicial.
De igual forma, una propuesta de temas sin duda polémicos, pero en el marco de la constitucionalidad de los asuntos en el contexto de las experiencias de la democracia constitucional y la fragua de propuestas incluso divergentes y solo el clamor de acceso a la justicia reclamada por el ciudadano común y que abandera una propuesta de la elección de jueces, magistrados y ministro.
De las conclusiones se destaca la participación de todos los equipos parlamentarios y se reconoce que se privilegia una república y en todo está la discusión.
Se mencionó la Consulta Popular como una herramienta que no tiene más límites que lo que marca el Articulo 35 en su fracción 8 que pretende se respeten hasta su procesamiento, definiéndolos como un ejercicio de participación política.
Se mantuvo como tema de deliberación el Consejo de la Judicatura Federal (CJF); nombramientos de personal subalterno, revisión de actos que hace la Corte; Juicio de Amparo ya que presenta excesos; reconsideración de la figura de un Procurador y no solo fiscal: el sistema de federalista en el sistema de justicia; concentración de las decisiones de controversias están centralizadas.
Advirtió una serie de temas derivados de los cuatro conversatorios se proponen presentar un proyecto de reformas a discutir con los distintos grupos parlamentarios en el próximo periodo ordinario de sesiones.
También en las preocupaciones de los alcances de una reforma integral en materia de justicia que se busca procesar mediante un diálogo convincente de los parlamentarios de oposición, sin embargo, en caso de ser necesario una contribución de una mayoría orientada a reforma constitucional y reformas secundarias.
El legislador reconoce el deficiente sistema de justicia mexicano y de firma especial al penal. En los temas de interés se enlistó competencias duplicadas y destacó las afectaciones a la visión de Poderes, problemas polémicos y de discusión.
Denunció que el Poder Judicial no respeta el principio de austeridad. Se consideran revisables las facultades exclusivas del Congreso y sostiene que los legisladores mexicanos asumen que la Constitución entrega la supremacía del poder popular encargado de dar el derecho y la Constitución no da derecho al gobierno de los jueces.
Rematando que el Poder Judicial debe ser integrado no solo por buenos juristas sino por hombres y mujeres con visión de Estado y que deben preservar el interés nacional.