Legisladores en vela

Autor Congresistas
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Javier Ramos

En días recientes, la Cámara de Diputados aprobó un Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026 de 10 billones 193 mil 683 millones 700 mil pesos. La sesión se extendió entre intervenciones, tácticas legislativas, intereses en pugna y jaloneos que consumieron la noche, bajo la lógica de que el mandato manda: lo que la urna legitima, la negociación lo sostiene y la publicidad amplifica. En la punta de las negociaciones y los acuerdos Ricardo Monreal Ávila, Coordinador de Monera en el compás de los acuerdos los programas sociales, de seguridad y Salud; Merilyn Gómez Pozos (Morena), Gabriela Benavides Cobos (PVEM), Rubén Moreira Valdez (PRI), Héctor Saúl Téllez (PAN), Éctor Jaime Ramírez Barba (PAN) y Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN).

Instituciones en el foco de los recortes

Uno de los ejes más controvertidos del debate fue la asignación de recursos a órganos autónomos y entidades consideradas factores de contrapeso frente al Poder Ejecutivo. Volvieron al centro de la memoria colectiva instituciones que han sido objeto de recortes o ajustes, como:

  • INAI
  • Poder Judicial de la Federación
  • CONEVAL
  • COFECE
  • IFT
  • CRE
  • CNH
  • MEJOREDU
  • Extinto Seguro Popular

De manera particular, se cuestionó la disminución de fondos al INE y a la Fiscalía General de la República. Críticos y especialistas advierten que estos ajustes pueden debilitar el sistema de pesos y contrapesos institucionales.

Endeudamiento y grandes obras

Otro punto que tensó la discusión fue el Endeudamiento y Manejo de las Finanzas Públicas, estimado en aproximadamente 1.7 billones de pesos.

A ello se sumó el análisis de los grandes proyectos de infraestructura, donde nuevamente destacaron la Refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. En paralelo, continuaron los señalamientos hacia programas sociales, educación, salud, apoyo al campo y seguridad pública, temas recurrentes en los debates sobre corrupción, desvío de recursos y huachicoleo.

A la par, persiste la preocupación ciudadana por el papel de las Fuerzas Armadas y su creciente participación en funciones civiles, así como por la opacidad en el manejo de fondos militarizados.

La nueva Secretaría de la Función Pública y Combate a la Corrupción también fue invocada en la discusión, bajo el recordatorio de que, si no actúa con firmeza, corre el riesgo de “entumecerse”.

Territorio, violencia y retos globales

En el debate afloraron igualmente los intereses territoriales, políticos y culturales. A ello se sumaron las inquietudes por los índices de violencia, la amenaza constante de la crisis climática y el impacto de nuevos aranceles que incrementan sus porcentajes y tensionan la economía nacional.

Recursos para Entidades Federativas y Municipios

La distribución del gasto entre estados y municipios, vía participaciones federales, volvió a mostrar sus tensiones habituales. Es común que gobiernos locales cuestionen la suficiencia de los recursos y su alineación con necesidades reales.

Entre las preocupaciones más inmediatas para la ciudadanía destaca un tema crucial: la salud.
Surgen nuevamente las preguntas:
¿Cuánto se invertirá en salud? ¿Cuándo habrá medicinas? ¿Qué ocurre con la infraestructura hospitalaria?

Corre el rehilete de los recursos: el sector salud

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 asigna al sector salud un total aproximado de 996 mil 254 millones de pesos, considerando a la Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

1. Fortalecimiento de alta especialidad

Hay un impulso notable hacia la atención de alta complejidad:

  • Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad: más de 29 mil millones de pesos.
  • Infraestructura en salud: incremento cercano a 600 millones de pesos.

2. Consolidación del IMSS-Bienestar

Para la población sin seguridad social, la más vulnerable, se proyecta:

  • IMSS-Bienestar: alrededor de 172.4 mil millones de pesos, con el fin de consolidar su operación.

3. Rubros con recortes o crecimiento marginal

Análisis como los del CIEP advierten sobre riesgos:

  • Gasto total para población sin seguridad social: podría disminuir en términos reales.
  • Salud mental: recorte estimado de 90.9 millones de pesos (-2.5%).
  • Formación y capacitación de personal médico: reducción de más de 1,152 millones, lo que afectaría la sostenibilidad del sistema.

Educación en la mira

El presupuesto para educación superior, ciencia y tecnología se presenta como una oportunidad para fortalecer el sector y fomentar la innovación.

Puntos clave:

  • Monto total: más de 1.1 billones de pesos.
  • Incremento: +7.1% nominal y +3.4% real respecto a 2025.

Distribución destacada

  • Becas: 185 mil millones (programas Rita Cetina, Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro).
  • Infraestructura: 5 mil millones para crear 50 mil nuevos lugares en educación media superior.
  • Educación superior: 167 mil millones;
    • UNAM: 53.7 mil millones
    • IPN: 22.4 mil millones

En descenso: la seguridad pública

La seguridad pública enfrentó un recorte relevante:

  • SSPC: 60,110.8 millones de pesos, una reducción del 17.5% real respecto a 2025.
  • Prevención del delito: caída drástica de 30,596.9 mdp a 8,682.7 mdp.

Mientras tanto:

  • SEDENA: aumento a 170,753.1 mdp.
  • Marina: 65,926.8 mdp (ligero aumento).

Los fondos locales también sufren:

  • Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública: aumento marginal de 385 mdp.
  • FORTAMUN: reducción de 6,465 mdp.

Programas sociales: una cifra histórica

El gasto para programas sociales alcanza casi 1 billón de pesos (987,160 millones), equivalente al 2.5% del PIB y un incremento del 18% respecto a 2025.

Principales programas

  • Pensión Adultos Mayores: 526,508 mdp
  • Becas Benito Juárez: 184,595 mdp
  • Beca Universal Rita Cetina: 129,386 mdp
  • Pensión Mujeres Bienestar: 56,969 mdp
  • Sembrando Vida: 40,664 mdp
  • Pensión para Personas con Discapacidad: 36,266 mdp
  • Programa de Vivienda Social: 33,280 mdp
  • La Escuela es Nuestra: 26,000 mdp
  • Otros programas productivos y educativos.

El objetivo declarado: reducir desigualdades, consolidar el Estado de bienestar y garantizar apoyos para más del 80% de los hogares del país.

El PEF 2026 refleja un país en búsqueda de equilibrio entre grandes obras, programas sociales robustos, tensiones federales, retos de seguridad y demandas urgentes en salud y educación. El debate legislativo exhibe tanto las prioridades de Estado como las fracturas políticas que atraviesan la definición de un presupuesto que, al final, impacta de forma directa a la ciudadanía.

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