Claudia Valdés
El 5 de febrero de 2024, en Palacio Nacional, sin la presencia de los titulares de los otros dos Poderes de la Unión, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó del envío a la Cámara de Diputados de 20 iniciativas de ley, de las cuales 18 son reformas constitucionales y 2 son del territorio de las reformas secundarias.
Entraba en ese momento, a la discusión pública, la reforma del Artículo 94 constitucional correspondiente al Poder Judicial, a la administración e impartición de justicia, exhibiendo las distancias entre ciudadanos y gobierno, como también la gestión de derechos, transparencia y rendición de cuentas, lo que supone legitimidad constitucional.
Democracia a la vista
A la vista de una reforma estructural, el reforzamiento de un centro.
Solo ante la multitud, en el cuadrante del Poder piramidal cimentado en la base de 31 millones de votos, daba cuenta de las nuevas herramientas para la transformación del Estado afectado por la corrupción y el conservadurismo, en opinión del Presidente de la República.
“El Poder Judicial está tomado, está secuestrado, está al servicio de una minoría rapaz, está al servicio de la delincuencia llamada organizada y de la delincuencia de cuello blanco, entonces sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar y esto no es un asunto que se va a lograr fácilmente en el corto plazo, va a llevar tiempo, pero hay que empezar”, subrayó al encabezar la conferencia de prensa matutina.
En el paisaje fundacional con la Constitución de 1824, 1857, 1917, 1995, 2011 y 2021 una ruta a la luz de los derechos humanos, Ley de Amparo y los tratados internacionales.
Ubicados en la mira de la colonización de un Poder que denuncia el nepotismo, los acuerdos cupulares y el tráfico de influencias, cobra una mayor tensión por la eliminación de 14 fideicomisos integrados por trabajadores del Poder Judicial y sus contribuciones.
En un escenario monumental, como es el antiguo Congreso de la Unión que se encuentra al interior del Palacio Nacional y donde se aprobó la Constitución de 1917, el Presidente dio sus razones.
Motivaciones y motivos
Para el ciudadano de a pie se miran los conflictos entre Poderes, se escuchan los reclamos presidenciales e incluso supuestas acusaciones a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El asunto, por un lado, es un tema de derechos, de límites y hasta de facultades o abuso de propiedades, en síntesis, lo que tiene que ver con el equilibrio de Poderes y la CONSTITUCIÓN.
Así se plantea que la impunidad se origina por la falta de un verdadero estructura de justicia, la falta de una dependencia entre instituciones del sistema y distancia de la sociedad, del ciudadano común. Esgrime la desatención de conflictos de parte de las autoridades judiciales, menciona Tribunales de Circuito, juzgados de Distrito e incluye a la SCJN que, consigna, ha perdido la “legitimidad”.
Apuntó, son para reencausar la vida pública. “Estas propuestas son distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron en todo el periodo neoliberal, cuando en esos 36 años de ese oscuro periodo no se pensó en beneficiar al pueblo sino que se pensó en ajustar el marco legal para el despojo en favor de una minoría (…) Nunca en 36 años se aprobó algo para la justicia social”, apuntó el Presidente.
Propuesta
Introducción de mecanismos democráticos para la participación de la ciudadanía en procesos de elección de ministras y ministros, magistrados y magistradas de Circuito, jueces y juezas, magistrados del Poder Judicial de la Federación y de otros órganos de disciplina. La razón u objetivo es que todos sean responsables de las demandas sensibles de la población y representen la pluralidad ideológica, social y cultural.
En síntesis, se impulsa un sistema de justicia autónomo e independiente, especializado y enfocado en las tareas administrativas de las ministras del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Se perfilan, así, tendencias a la concentración de un Poder en delicado balance.
En caso de aprobarse la iniciativa de reforma, en 2025 se celebrará una elección extraordinaria a fin de renovar a todas y todos los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en la boleta en igualdad de condiciones. Posteriormente, este proceso electoral se empatará junto con las elecciones ordinarias intermedias y presidenciales.
Las candidaturas de las y los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial serán elegidos a nivel nacional en elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
¿Se trata de una propuesta de reforma del PODER JUDICIAL a modo, o para una constitucionalidad democrática?