Ley Telecom: ¿herramienta de modernización o maquinaria de censura? (Quinto Conversatorio)
El quinto y último conversatorio sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, celebrado el 22 de mayo en el Senado, dejó al descubierto lo que muchos temían desde el inicio del proceso legislativo: una iniciativa que, bajo el discurso de modernización, habilita mecanismos de vigilancia y censura incompatibles con un régimen democrático.
El eje temático de este encuentro fue “Derechos de los usuarios y las audiencias”, pero lo que realmente se discutió fueron las amenazas concretas que esta ley representa para la privacidad, la libertad de expresión y la pluralidad informativa.
Uno de los puntos más alarmantes, señalado por el director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, es la obligación impuesta a los concesionarios de telecomunicaciones de retener los datos de comunicación de los usuarios durante 24 meses. La medida no solo carece de justificación técnica y jurídica, sino que contraviene principios básicos de necesidad y proporcionalidad en la protección de datos personales. ¿Por qué dos años? ¿Qué finalidad específica lo respalda? Nadie lo ha explicado con claridad.
El registro nacional de usuarios de telefonía móvil, planteado en paralelo, termina de configurar un escenario propicio para la vigilancia masiva, donde la privacidad ciudadana se sacrifica en nombre de un control estatal que ni siquiera ofrece garantías mínimas. En un país con antecedentes de espionaje ilegal, este tipo de disposiciones no pueden ser vistas con ingenuidad.
Pero el problema no se limita al ámbito de los datos personales. José Antonio García Herrera, de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, fue tajante al advertir que la nueva Agencia Digital —creada por la misma ley— tendría la facultad de suspender transmisiones sin necesidad de un proceso judicial. Esto no es eficiencia administrativa: es censura previa, inaceptable en un Estado de derecho.
La senadora Claudia Anaya, del PRI, lo resumió con claridad: si la Agencia Digital concentra funciones normativas, ejecutivas y sancionadoras, se convierte en juez y parte. Y en esa configuración autoritaria, quien controla la agencia no solo define el marco legal, sino también quién habla, quién calla y qué se considera verdad.
Lo que debió ser una reforma para garantizar los derechos digitales y mejorar el acceso a la información, corre el riesgo de convertirse en una ley mordaza, en la antesala de una gobernanza digital vertical, opaca y punitiva.
Afortunadamente, este conversatorio no marca el cierre del debate, sino el comienzo de una etapa clave: la formulación de reservas al dictamen durante un próximo periodo extraordinario. Es ahí donde se definirá si el Senado escucha verdaderamente a la sociedad civil y a los expertos, o si valida una arquitectura legal que contradice los principios constitucionales que juró defender.
Una Ley de Telecomunicaciones moderna debe garantizar conectividad, sí, pero también debe blindar derechos, no vulnerarlos. Debe promover pluralidad, no suprimirla. Y debe fortalecer las instituciones públicas, no crear órganos que concentren un poder tan discrecional como peligroso.
Porque al final, la pregunta no es si queremos una ley más actual, sino qué tipo de país queremos construir desde sus telecomunicaciones: ¿uno vigilado y silenciado o uno libre, informado y plural?
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