El arte no es un lujo para la infancia, es un derecho. Por eso, resulta profundamente alentador que el Senado de la República, a través de su Coordinación de Eventos Culturales, haya iniciado una serie de talleres dirigidos a niñas y niños en su sede histórica de Xicoténcatl, número 9. Actividades como “Obras de arte o garabatos” y “Narraciones orales del mundo” no solo entretienen: abren mundos, despiertan imaginación y siembran pensamiento crítico.
En un contexto donde la violencia y la saturación digital amenazan la sensibilidad de nuestras infancias, espacios como este se convierten en refugios culturales. Aquí, dibujar no es solo trazar líneas; es crear, jugar, simbolizar. Escuchar cuentos no es solo pasar el tiempo; es aprender a ver el mundo desde otras perspectivas, a dialogar con la diversidad.
El programa “Xico. Senado es cultura” reconoce que la cultura no es un adorno, sino una herramienta de paz, de encuentro y de ciudadanía. Apostar por la infancia desde el arte es invertir en un país con más empatía, más sensibilidad y más justicia.
La infancia necesita menos pantallas y más papel, más palabras dichas al oído, más espacios compartidos. Porque cuando un niño pinta, imagina, narra o escucha, no solo aprende: florece.
Los derechos digitales: urgencia política del presente
La revolución tecnológica ya no es un asunto del futuro: está aquí, transformando cada aspecto de nuestras vidas. Frente a esta realidad, el reconocimiento, protección y ejercicio pleno de los derechos digitales se vuelve una tarea inaplazable para cualquier Estado democrático que pretenda ser funcional, justo y humano.
La Semana de los Derechos Digitales, inaugurada en el Senado por el legislador Luis Donaldo Colosio Riojas, no es un evento simbólico más, representa un intento serio por colocar en el centro del debate público una agenda que debería importarnos a todos: la relación entre tecnología, poder y ciudadanía.
Colosio Riojas lo expresó con claridad: los derechos digitales no son un lujo, son una necesidad transversal. Su correcta regulación y ejercicio impacta en la libertad de expresión, el acceso a la información, la privacidad, la educación, la inclusión, la equidad social y la transparencia institucional.
Tecnología con propósito
Vivimos una paradoja: mientras millones de personas ganan acceso a Internet, la desigualdad digital crece. Tener conexión no significa tener poder. El verdadero reto no es solo ampliar el acceso, sino asegurar que esa conectividad sirva para empoderar, educar y proteger, no para vigilar, manipular o excluir.
Por ello, los espacios de diálogo como esta semana legislativa resultan fundamentales. No se trata únicamente de regular plataformas o proteger datos, sino de reimaginar un modelo de convivencia digital centrado en las personas, como bien lo planteó Andrés Morales, representante de la UNESCO.
La transformación digital no puede ser tecnocrática ni guiada únicamente por los intereses de las grandes empresas. Necesita un marco ético y político anclado en los derechos humanos, donde la neurotecnología, la inteligencia artificial o la computación cuántica estén al servicio del bienestar colectivo, no del lucro ni del control.
La pregunta es profunda: ¿quién diseña las reglas del juego en Internet? ¿Quién decide qué se puede decir, a quién se visibiliza, a quién se silencia, qué datos se recolectan y cómo se usan?
Si dejamos que esas decisiones se tomen desde Silicon Valley o desde gobiernos autoritarios sin contrapesos, la democracia digital será una ilusión peligrosa. Por eso necesitamos legislación nacional, sí, pero también ciudadanía activa, alfabetización crítica y participación social. Como dijo Colosio, “no basta con legislar, hay que construir comunidad”.
Litio: el nuevo petróleo y la urgencia de una gobernanza global
En el Senado de la República se está gestando una idea que podría cambiar el rumbo de la geopolítica energética de las próximas décadas: la creación de un organismo internacional para regular la explotación del litio. La propuesta no es menor. Se trata de reconocer, al fin, que este mineral estratégico esencial para la transición energética, la movilidad eléctrica y el almacenamiento de energía requiere un marco de gobernanza global que asegure soberanía, justicia ambiental y beneficios compartidos.
Impulsado por la senadora Amalia García Medina, el conversatorio reunió voces de especialistas, diplomáticos y académicos que coincidieron en un diagnóstico claro: México está sentado sobre un recurso de alto valor geoeconómico, pero sin la infraestructura, planeación ni regulación internacional adecuada, podría convertirse en una víctima más del extractivismo depredador del siglo XXI.
La ingeniera Liliana Martínez Martínez propuso lo que muchos comienzan a vislumbrar como una necesidad inevitable de una organización internacional de países productores y exportadores de Litio. El objetivo sería regular el mercado, evitar el acaparamiento, armonizar estándares ambientales y asegurar beneficios equitativos para los países con reservas. Sería una suerte de OPEP del “oro blanco”.
La propuesta no es descabellada. El triángulo del Litio (Chile, Argentina y Bolivia), junto con México, Perú, Australia y China, concentran gran parte de las reservas mundiales. Sin una coordinación estratégica, cada país corre el riesgo de negociar en desventaja frente a corporaciones multinacionales o potencias con mayor capacidad tecnológica.
El control y explotación de recursos críticos no es una novedad. Lo que está en juego ahora es quién decidirá el ritmo, el impacto ambiental y los beneficios sociales del Litio en un contexto de crisis climática y desigualdad global.
Zacatecas, ¿epicentro de la transición?
Uno de los puntos más audaces del encuentro fue la posibilidad de que México, y específicamente Zacatecas, albergue la sede de este eventual organismo internacional. La idea tiene lógica: México es uno de los diez países con mayores reservas y ha dado pasos firmes al declarar el Litio como propiedad de la nación, además de crear LitioMx, la empresa estatal encargada de su manejo.
El reto, sin embargo, es monumental. Como recordó el presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Juan Antonio Calzada Castro, México aún no ha comenzado el procesamiento industrial del Litio. A diferencia de potencias como China o Australia, donde la explotación está consolidada, nuestro país sigue en una fase temprana, aunque con gran potencial.
La discusión debe ir más allá de la minería o la geopolítica. El Litio no debe ser solo una mercancía estratégica, sino un bien común sujeto a una gestión ética y sustentable. Explotarlo sin cuidar el medio ambiente, sin respetar a las comunidades y sin generar cadenas de valor nacional, solo replicaría el viejo modelo extractivo que ha dejado pobreza y destrucción ambiental en América Latina.
El reconocimiento del litio como “patrimonio de la nación” es un paso en la dirección correcta, pero no basta con tenerlo en la Constitución. Se requiere infraestructura, inversión pública y privada con sentido social, cooperación científica y, sobre todo, una visión de largo plazo que priorice el desarrollo sostenible sobre la renta inmediata.
Nueva Ley de Telecomunicaciones: ¿habrá espacio para los pequeños y los pueblos?
En medio de las discusiones por la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el tercer conversatorio en el Senado reveló lo que realmente está en juego: certidumbre jurídica, equidad en la competencia, inclusión social y una visión moderna del ecosistema digital.
La diversidad de voces fue contundente. Desde académicos hasta asociaciones indígenas y operadores locales, todos coinciden en que la ley debe mirar más allá de los grandes monopolios. ¿Por qué seguimos ignorando a los pequeños proveedores que llevan Internet a donde ni el Estado ni las grandes compañías llegan? Su papel es estratégico para cerrar la brecha digital.
Otro tema clave es la infraestructura compartida: regularla pensando solo en costos y tarifas es miope. Se requiere una visión técnica y social que potencie el acceso en comunidades marginadas y rurales.
Destacó también la urgencia de redefinir el concepto de “preponderancia”, ya que la regulación asimétrica debe aplicarse más allá de la televisión abierta. Javier Corral fue claro: es hora de corregir las distorsiones del mercado y de reconocer que las plataformas digitales y los medios tradicionales operan bajo reglas distintas y deben regularse en consecuencia.
La inclusión digital de pueblos indígenas y afromexicanos no puede seguir siendo un apéndice simbólico. Su derecho a conectividad, sin discriminación y con acceso a infraestructura, debe quedar garantizado en la ley.
Las señales son positivas: habrá una gran reserva para modificar el dictamen con base en las aportaciones recogidas. Pero el reto es mayor: legislar sin repetir errores del pasado, sin beneficiar a unos pocos, y con el compromiso real de democratizar las telecomunicaciones.
Cuando la política hace pausa y suenan la música y la identidad
La noche del 16 de mayo, la música tomó el lugar de la palabra política en el antiguo recinto del Senado de la República. Bajo el título “Xico. Senado es Cultura”, el patio central de la Casona de Xicoténcatl se convirtió, por una hora, en un templo sonoro donde las notas del piano y del violonchelo se entrelazaron para rendir tributo a uno de los más grandes compositores mexicanos: Manuel M. Ponce.
Pocos espacios en la vida pública nacional reflejan de manera tan elocuente la necesidad de reconciliar poder y cultura como el Senado de la República. Y es ahí, precisamente, donde la sensibilidad artística cobra mayor relevancia: en medio del debate, la ley y las diferencias ideológicas, resuena la música, recordándonos que también somos un país de creadores, de sensibilidad estética, de memoria sonora.
La pianista María Teresa Frenk y el violonchelista Ignacio Mariscal, ambos Concertistas de Bellas Artes y referentes en sus disciplinas, ejecutaron una sonata de cuatro movimientos con piezas como Granada, Gavota, Romanza de amor y Scherzino mexicano. Más que una interpretación, fue una evocación viva del México profundo que Ponce supo captar y elevar al ámbito académico y concertístico internacional.
El concierto no solo fue una muestra de virtuosismo, sino una afirmación de que el arte tiene un espacio legítimo en el corazón de las instituciones. Y aunque se trató de un evento programado en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), lo que aquí importa destacar no es la logística, sino el simbolismo: un recinto de poder que se abre a la emoción, al arte, a la belleza.
Es digno de aplaudir que el Senado mantenga viva esta iniciativa cultural. En un país donde el acceso a la música clásica sigue siendo privilegio de unos cuantos, democratizar el arte desde las instituciones públicas es una acción que no debería ser anecdótica, sino cotidiana. Y más aún si se trata de difundir la obra de un compositor como Manuel M. Ponce, clave en la consolidación de nuestra identidad musical nacional.
La música como el pensamiento crítico, como la literatura tiene el poder de cuestionar, de consolar, de inspirar. Por eso es relevante que, en espacios tradicionalmente reservados para el poder, se abran ventanas para lo sublime.