Laura Ruíz
En un país donde millones de personas aún viven desconectadas de la red digital, la aprobación de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión por parte del Senado mexicano representa un avance notable y necesario. Más allá del tecnicismo legislativo, esta ley habla de derechos, equidad y futuro. Y, sobre todo, plantea una pregunta fundamental: ¿quién tiene derecho a estar conectado en la era digital?
Conectividad como derecho
Uno de los aspectos más relevantes de esta ley es el reconocimiento del acceso a internet como un servicio público bajo responsabilidad del Estado. Esto implica no solo una obligación legal, sino un compromiso ético: garantizar que cada ciudadano, sin importar dónde viva, tenga acceso a la información, la educación y las oportunidades que brinda la red.
La promesa de conectar a más de 15 millones de mexicanos que hoy no tienen acceso a internet no puede tomarse a la ligera. Representa una oportunidad histórica para cerrar brechas sociales, económicas y culturales, especialmente si se ejecuta con un enfoque territorial que priorice a comunidades indígenas, rurales y afromexicanas, tradicionalmente olvidadas.
Competencia real y medios comunitarios
La ley también propone abrir el espectro radioeléctrico a pequeños operadores y medios comunitarios. En un sector tradicionalmente dominado por grandes corporaciones, esto representa un cambio de paradigma. Fortalecer a medios indígenas y públicos no es solo un acto de justicia, sino también una apuesta por la diversidad cultural y lingüística.
En tiempos en que la concentración mediática amenaza con uniformar el discurso, proteger y fomentar la existencia de medios locales e independientes es una forma concreta de defender la pluralidad.
Libertad de expresión garantizada
Otro punto crucial es la eliminación de la controvertida propuesta de bloqueo a plataformas digitales. Al descartar esta medida, el Senado envía un mensaje claro: la libertad de expresión no se negocia. En un contexto global donde proliferan intentos de censura encubierta, México da un paso en la dirección correcta.
Un reto técnico, político y social
No obstante, toda ley es tan efectiva como su implementación. Garantizar el acceso, regular el espectro, equilibrar la participación entre la CFE y empresas privadas, y crear un organismo regulador eficiente son tareas titánicas que requieren voluntad política, recursos públicos y transparencia.
La tentación de usar esta ley como herramienta de control o moneda de cambio electoral no debe subestimarse. Por ello, la vigilancia ciudadana y el seguimiento activo desde la sociedad civil serán claves.
Conclusión
La nueva Ley de Telecomunicaciones abre la puerta a un México más conectado, más plural y más justo. Pero no basta con promulgarla: hay que aplicarla con rigor, visión y compromiso social. Porque en el siglo XXI, estar desconectado no es solo una carencia técnica: es una forma moderna de exclusión.