Las condiciones en que viven millones de mexicanos representan la primera desventaja en el combate al coronavirus SARS-CoV-2. La carencia de servicios en una primera barrera a vencer como la medida básica de higiene para evitar contagios. En opinión de la Dra. Rosario Cárdenas Elizalde, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la falta de acceso a satisfactores básicos como alimentación, agua potable, drenaje y electricidad, calidad de espacio en las viviendas, dificultan la implementación de medidas preventivas elementales como el lavado de manos y la sana distancia en el contexto de la pandemia.
Para la catedrática es determinante el nivel de ingreso como un factor de riesgo y mientras no exista vacuna o tratamiento específico para controlar la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. La precariedad económica seguirá siendo un impedimento para dejar de trabajar y mantener el confinamiento o los aislamientos sociales necesarios para evitar contagios. Sostuvo que las actividades esenciales han continuado durante estos meses, y “en la medida que la pandemia se sostiene la afectación al ingreso es cada vez más fuerte y evidentemente las personas que dependen de un ingreso diario no pueden sostenerse pues deriva del dinamismo económico”.
Indicó que “encontrar el balance entre atender las necesidades de salud que la contingencia provoca y darle diligencia a la economía resulta muy complicado y requiere del involucramiento de todos y la claridad de que solamente con la contribución general será posible interrumpir los contagios en tanto esté disponible una inmunización eficiente y segura”. El impacto de la contingencia ha evidenciado la necesidad urgente de un acceso efectivo a la salud, vivienda de calidad, seguridad social y alimentación”, enfatizó la profesora investigadora del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco.
Agua el escudo contra el COVID
En la ruta de los trabajos de la UAM nos encontramos con la información de que el acceso al servicio de abasto de agua de manera regular puede reducir los impactos del COVID-19, por lo tanto se asegura la probabilidad que con acceso a este servicio se hubieran registrado menos contagios si todas las zonas de la Ciudad de México tuvieran un abasto eficiente, reduciendo así los costos de la pandemia, aseguró la doctora Gloria Soto Montes de Oca, profesora de la UAM. En su participación en el Foro Agua y COVID-19, la académica del Departamento de Ciencias Sociales expuso los datos de un estudio realizado en el Laboratorio de Análisis Socioterritorial de la Unidad Cuajimalpa, basado en el análisis de 690 colonias de la capital que registraron seis o más casos activos de COVID-19 entre junio y agosto.
Se dio a conocer que se descubrió que existe 61% más de sucesos con problemas de suministro del líquido, por lo que en general representa un menor avance social que supone una menor capacidad de almacenamiento y compra de agua de pipas u otras fuentes que garanticen la dotación. Se revela que las zonas más afectadas por infecciones se ubican en lugares con mayores registros de pobreza y marginación, se comparte la idea de que si esto pasa en la CDMX es probable que ocurra lo mismo en otros estados del país en los que pueden encontrarse más sitios donde hay dificultades con el servicio.
Soto Montes de Oca explicó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares, 25% de casas tiene inconvenientes de tandeo, es decir, reciben el bien en forma intermitente y 7% no cuenta con él; además un estudio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reveló que 3 de cada 10 domicilios urbanos cuentan con ese sistema y lo reciben sólo siete horas a la semana.
También participante del Foro, a Dra. Lilia Rodríguez Tapia coincidió en que el acceso a fuentes del recurso mejoradas tiene una profunda huella en la dinámica social de ciertas poblaciones, influyendo en las tasas de educación, la igualdad de género y el progreso económico. La docente del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco dio a conocer los primeros resultados de una encuesta sobre la conducta de los hogares en el consumo del producto ante el impacto del COVID-19 en la capital del país durante el periodo del 15 de agosto al 15 de septiembre, la cual se aplicó a través de Internet, por correo y redes sociales.
Secuelas psicológicas del COVID
Entramos a una etapa en la que el conocimiento acumulado y la ciencia son útiles para entender la pandemia del COVID-19 y así ayudar a las personas a vivir el aislamiento de una manera menos tortuosa, comentó la Dra. Alicia Saldívar Garduño, investigadora del Departamento de Sociología de la UAM. Con la ponencia Estrés y ansiedad frente al confinamiento y la nueva normalidad, convocado por la Unidad Iztapalapa y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), señaló que este tema ocupa a los especialistas, cuyos aportes amplían el horizonte de comprensión y brindan herramientas para entender la situación, dialogar y procesar las experiencias al respecto.
Sostuvo que tras seis meses de aislamiento social y la Sana Distancia sigue siendo relevante analizar “un suceso para el que no estábamos preparados, pues si bien en 2019 vivimos la epidemia de influenza H1N1, el encierro que pasamos en aquella ocasión fue muy localizado y no tan largo”. La reducción de actividades, el confinamiento, la suspensión de clases presenciales y otras medidas han traído consigo una dinámica nueva que impactó la salud de la población y generó también situaciones de estrés y ansiedad, derivado de “una transformación drástica de hábitos y rutinas, entre ellos la convivencia familiar por horas y a tiempo completo; los usos domésticos del espacio privado; la adaptación de las labores escolares y profesionales, y el cambio al teletrabajo y las clases vía remota”.
Manifestó que la forma abrupta como ocurrió todo esto ha tenido un impacto en el estado mental con cuadros de depresión, frustración, irritabilidad, situación de alerta constante, enojo, miedo y trastornos del sueño, aunque son estos últimos los que más preocupan por su dimensión, ya que proliferan los reportes de gente con insomnio y dificultad para dormir, lo que ha repercutido en su rendimiento y la organización de sus tareas. Refirió la experta en psicología social de la salud que el confinamiento ha tenido efectos negativos en términos emocionales, físicos y en general en la salud, “porque perdimos la noción de los días y las horas, y empezamos a vivir una especie de castigo, con la sensación de ser prisioneros y añorando lo que conocimos como la vida normal”.
Agregó que la nostalgia también se acompañó con un duelo “por lo que dejamos o ya no pudimos hacer de la misma manera”, así como con el anhelo del contacto social y familiar para “convivir como hacíamos antes de la pandemia”. La consecuencia ha sido que el estrés sea una repuesta fisiológica frente a una amenaza real o imaginaria, además de un mecanismo que “nos permite sobrevivir en situaciones de riesgo o peligro; no obstante, al rebasar los niveles que podemos manejar puede ser peligroso. Algunas de las causas han sido la duración prolongada de la cuarentena; el miedo a enfermar o morir; la pérdida de un ser querido; el desempleo; los problemas financieros; la incertidumbre ante el futuro; la sobrecarga de trabajo, y el temor por cómo volver a la normalidad y retomar las tareas habituales.
Sostuvo que todo esto puede derivar en angustia; descontrol; sensación de indefensión; insomnio; pánico; respiración acelerada, y aumento de la frecuencia cardiaca, entre otras reacciones que vulneran la calidad de vida y el bienestar de las personas, ante lo cual resulta fundamental establecer rutinas de higiene, alimentación, descanso y recreación, así como disfrutar tiempo con parientes y mantener el contacto social a partir de la organización de horarios y actividades con el resto de miembros en el hogar. Resalta en las recomendaciones realizar labores placenteras; ser selectivos al consultar las fuentes de información; validar las emociones; identificar los recursos de que se dispone; aplicar un plan de contingencia para poder afrontar las circunstancias, y estar prevenidos ante cualquier problema.
Desplazamiento
En la Teleconferencia “Desplazamiento forzado, de los Conversatorios virtuales: la universidad ante las violencias”, organizados por la Dirección de Apoyo a la Investigación de la UAM, se destaca la participación de la Dra. Margarita Zárate Vidal, quién dijo que el desplazamiento forzado es un recurso de sobrevivencia y resistencia de las poblaciones civiles frente a regímenes de violencia interna o de aquella que se libra en las fronteras entre países, pero es también una acción y una reacción a situaciones extremas, evidenciando la imposibilidad de garantizar la vida por parte de las instancias jurídicas o gubernamental; de los actores y poderes involucrados, o de los mismos pobladores.
Para la profesora del Departamento de Antropología de la Unidad Iztapalapa, el fenómeno es además una decisión política, porque en el escenario territorial de un conflicto y ante figuras hegemónicas amenazantes o en disputa representa huida, escape o evasión ante fuerzas en querella. Por lo que como consecuencia constituye un último recurso de protección, que después de decidirlo, se implementa de inmediato y se realiza en forma individual, familiar, colectiva o masiva, ya sea temporal o definitivamente, aunque “en cualquier caso, bien vale analizarlo como estrategia forzada de sobrevivencia”.
Recordó que en abril de 2019, la existencia del desplazamiento forzado fue reconocida por el Estado mexicano y en septiembre de este año se aprobó el proyecto de ley para prevenir, atender y reparar integralmente esa problemática, anunciándose la creación del registro de personas en esa situación en México, donde al menos 338 mil 400 hombres y mujeres han sido desplazados entre 2006 y 2019, llegando a 346 mil, aunque la cifra sería mayor debido al subregistro.
Manifestó que episodios de ese tipo son reportados en Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Tamaulipas, entre otros estados, lo que afecta en gran medida a niñas y niños, adultos mayores y población indígena, en especial en Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Alrededor de 45% de víctimas pertenece a comunidades autóctonas y sólo en 2019 más de 8 mil mexicanos lo han padecido.