Las notarías existen para darle seguridad jurídica a los actos que realicen los particulares con su intervención. Esa seguridad jurídica viene de un atributo que originalmente le corresponde al estado: la fe pública.
La fe pública es un concepto jurídico que implica que los actos que de ella gocen, se deben tener por ciertos y tienen peso al grado que procesalmente se les considera como prueba plena.
La fe pública es, pues, necesaria para darle seguridad jurídica a las transacciones entre particulares, incluyendo muchos procesos que jurídicamente se requieren en la vida, como otorgar poderes, testamentos, fe de hechos, cotejos, escrituras de compraventa, dar fecha cierta a contratos de todo tipo, voluntad anticipada, etcétera.
El problema es que en la Ciudad de México (y en muchos estados de la República), la fe pública se ha delegado a los notarios como un lucrativo negocio y no como un ejercicio de pertinencia y utilidad social en el uso de la patente notarial que le corresponde al estado como detentador original de la fe pública.
Los notarios eran necesarios cuando la tecnología no permitía a los particulares otorgar documentos legales con fecha cierta y tener instrumentos legales que fueran prueba plena, por esa razón, a los notarios se les delegó la fe pública para que su palabra, su firma y su sello fueran garantes de esa certeza. No obstante, los tiempos han cambiado y la tecnología nos permite hoy dar fecha cierta y saber qué fue lo que se hizo, quién lo hizo y cuándo se hizo, sin que lo tenga que decir una sola persona.
Disponemos de tecnología para tomar huellas digitales, tomar fotos y videos en tiempo real y hasta la tecnología para asegurar la identidad de las personas que con las firmas electrónicas de uso fiscal utiliza el Servicio de Administración Tributaria para la identificación de operaciones y el timbrado de facturas de los contribuyentes.
El gremio notarial ha acumulado demasiado poder y riqueza, a grados verdaderamente obscenos. Las notarías se han convertido en nichos y cacicazgos de poder, donde tenemos notarios que usan la patente como una fábrica de escrituración selectiva, buscando los asuntos de mayor lucro y dejando de lado la utilidad social de la patente. Por ejemplo, en teoría, una persona puede elegir el notario de su preferencia para escriturar un departamento que compre, pero la mayor parte de las veces, los desarrolladores ya tienen convenios con los notarios para que, cuando se venda una unidad, sea un notario específico el que la escriture y la gente no puede hacer nada.
También abundan las historias de la falta de disponibilidad de notarios para notificaciones o testamentos de personas en situación de salud delicada, que encuentran más fácilmente a un sacerdote que a un notario en su lecho de muerte con el deseo de regularizar su voluntad final.
Asimismo, los ancianos que necesitan otorgar poderes a sus hijos o los pequeños empresarios que quieren constituir o formalizar su pequeño negocio jurídicamente, tienen que invertir en los altos costos notariales y esperar a los tiempos que acomoden mejor a las notarías. Es decir, la sociedad se ha tenido que acomodar, cautiva a los notarios, a las necesidades de los fedatarios y no los fedatarios a las necesidades sociales.
Muchos notarios están cazando escriturar condominios, porque son muy lucrativos negocios, y no están disponibles para fe de hechos por temor a los riesgos o “porque no van a esos rumbos”; o porque no es un uso tan lucrativo de sus agendas. Y la gente no tiene una oficina inmediata donde poder quejarse.
Ya ha habido escándalos de notarios que han mandado abogados de sus notarías a dar fe de hechos, cuando ellos son los que debieron haber asistido personalmente.
El grado de arrogancia es insostenible y el grado de riqueza y poder que siguen detentando es una afrenta a una sociedad que lucha entre la pobreza y la clase media, que requiere el apoyo de los fedatarios y no estar cautiva de ellos. Las notarías han llegado a ser premios por favores políticos precisamente por la captura de la fe pública y han dejado de ser oficinas al servicio de la formalización y la seguridad jurídica que la gente necesita. Si nos preguntamos por qué hay tanta informalidad en la economía mexicana, una de las razones es que hacer las cosas con formalidad notarial es muy caro y la gente depende de la voluntad del notario.
El gobierno de la Ciudad de México, puede crear notarías sociales, a través de un proyecto piloto. Sobra el talento en abogados preparados y éticos que puedan detentar estas designaciones. Esto es, designar notarios que sean servidores públicos y, como tales, estén sujetos al escrutinio y la disciplina de cualquier funcionario público. Esto le permitiría a la gente tener una herramienta inmediata de servicio aunado a la posibilidad real de quejarse si no se recibe la atención correcta y, por supuesto, esto desahogaría muchos pendientes y animaría a la gente a regularizar negocios, propiedades, contratos, etcétera.
Los servicios notariales no deben ser gratuitos para mantener su calidad, pero la imparcialidad del servicio notarial se ve afectada cuando los notarios pueden escoger selectivamente qué asuntos llevar y cuáles no. Deben tener una remuneración digna pero los servicios notariales, que a final de cuentas representan la fe pública que originalmente corresponde al estado, deben ser accesibles para todos en costo y en tiempo de notarios que personalmente le expliquen a la gente los procesos y les desahoguen sus dudas y que, por supuesto, tengan oficinas con mayor amplitud y disponibilidad de horario.
El Gobierno de la Ciudad de México podría designar, para empezar, diez notarías sociales por alcaldía, cuidando su distribución geográfica, incluir una en las sedes donde despachen los alcaldes y nombrar profesionistas de calidad como notarios sociales, supervisar sus actos, auditar sus escrituras, tener horarios de servicio escalonados y permitirle a la gente acceder a los servicios notariales a través de precios con pertinencia social y atención personal adecuada. Como servidores públicos, los notarios sociales no tendrían la excusa de tener que “sostener” económicamente una oficina notarial llena de arte, lujos y empleados, ni tendrían el apoyo y comparsa del gremio privado, sino que aplicaría el mismo principio que aplica a las oficinas recaudadoras, que tienen la importante misión de asegurar la correcta contribución fiscal de los contribuyentes.
No hay razón para que no se pueda hacer lo mismo con las notarías y reducir esos nichos de poder que han desnaturalizado la función y pertinencia social de la fe pública.