Laura Ruíz
Por ahora, la Cámara de Diputados ha decidido poner freno a la prisa. La Comisión de Puntos Constitucionales pospuso “hasta nuevo aviso” la discusión de la reforma al artículo 35 de la Constitución, que pretende adelantar a 2027 la consulta de revocación de mandato y hacerla coincidir con las elecciones legislativas y de 17 gubernaturas. El argumento: dar más tiempo al debate. Pero detrás del aplazamiento hay más que voluntad de diálogo; hay una evidente necesidad de desactivar la percepción de que Morena intentaba aprobar, sin consenso, una iniciativa con claros tintes de cálculo político.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada oficialista, reconoció que la oposición —PAN y PRI, principalmente— consideró el proyecto un “albazo”. Su intervención, pidiendo posponer la votación, fue presentada como un gesto de apertura. Sin embargo, el hecho de que la discusión estuviera prevista con tan poca anticipación y sin un proceso de deliberación amplio refuerza la idea de que la reforma fue diseñada para avanzar por la vía rápida, antes de que el costo político se hiciera mayor.
El contenido de la propuesta tampoco ayuda a disipar sospechas. Al adelantar la revocación de mandato al segundo año del sexenio y hacerla coincidir con las elecciones federales, Morena sostiene que busca “ahorrar recursos” y “aumentar la participación ciudadana”. Pero en realidad, la modificación diluye el sentido original del mecanismo: la revocación es un ejercicio excepcional, no una encuesta más dentro de una jornada electoral. Mezclarla con elecciones ordinarias no sólo confunde al electorado, sino que distorsiona el propósito de evaluar la continuidad de un gobierno sin interferencias partidistas.
En 2022, la primera revocación de mandato ya mostró límites claros: baja participación, desconfianza en la imparcialidad del proceso y una fuerte carga propagandística. Repetir ese ejercicio, pero ahora en el marco de una elección concurrente, convertiría un instrumento ciudadano en una herramienta de movilización política al servicio del partido en el poder. La coincidencia de fechas no sería una coincidencia democrática, sino una estrategia para reforzar la presencia del oficialismo en las urnas.
Monreal afirma que “no hay nada indebido” y que “la razón moral y política” acompaña a la reforma. Pero la moral democrática no se mide por la velocidad con que se legisla, sino por la capacidad de escuchar y construir acuerdos amplios. Si el oficialismo confía en que la revocación es una herramienta legítima de rendición de cuentas, debería defenderla en condiciones de transparencia y neutralidad, no bajo el pretexto de la eficiencia electoral.