Clara Jusidman
Al regresar de unas semanas de descanso recordaba una tesis que sosteníamos hace varios años para contribuir a reducir la persistente desigualdad en nuestro país.
Se trataba de elevar la calidad de los servicios de salud que atendían a población abierta o no asegurada, operados en ese entonces por la Secretaría de Salud y Asistencia, a los niveles que ofrecían los servicios de salud del IMSS.
En esos años, antes de la entrada de Arsenio Farell a dirigir el IMSS, había una relación virtuosa entre personal médico con excelente formación y los servicios de salud del Instituto, así como con los ofrecidos por los Institutos de Salud Pública del tercer nivel como Nutrición, Cardiología, Cancerología y Psiquiatría, entre otros.
Médicos y médicas con posgrados en diversas partes del mundo trabajaban en esas instituciones a cambio de una baja remuneración, pero con su participación en la salud pública contribuían a elevar la calidad de los servicios a la población asegurada y a aquella en condiciones de pobreza, así como a formar a los nuevos doctores y avanzar en la investigación para el tratamiento de enfermedades de la pobreza.
El IMSS atendía sólo a la población trabajadora y a sus familiares y los Institutos y los Hospitales servían a la población de menores ingresos de toda la República que padecía enfermedades complejas y de carácter crónico degenerativo. La buena calidad de sus servicios hacía que incluso personas de altos ingresos buscaran acceder a ellos.
Parecería que las administraciones de la 4T han decidido reducir las brechas de desigualdad destruyendo lo que consideran “privilegios” cancelando o reduciendo presupuestos, destruyendo instituciones y servicios públicos básicos y denostando a quienes trabajan en proyectos de cultura, artísticos, académicos, de investigación y en organizaciones de diverso tipo, así como sustituyendo a servidores públicos conocedores de sus materias por sus parientes, vecinos y amigos.
Se trata de un afán por empobrecer a la República llevando a la mediocridad el desempeño del país en todos esos campos.
Los efectos de la pésima política en materia de salud de la 4T han llevado por ejemplo, al deterioro de los servicios proporcionados por los Institutos de Salud Pública de Tercer Nivel: postergan cirugías, consultas y estudios de diverso tipo, carecen de materiales, medicamentos y del mantenimiento y actualización de sus equipos.
Los llamados “privilegios” no desaparecen simplemente ahora son otorgados a personas que carecen de las cualidades y la formación para recibirlos y que, con su sometimiento incondicional al poder, buscarán permanecer en ellos.
La integración de la Suprema Corte de Justicia y de las Cámaras del Congreso, así como del INE y el Tribunal Electoral son ejemplos vivos de ese empobrecimiento.
Entre tanto las personas super-ricas del país continúan enriqueciéndose con los negocios y contratos con las administraciones de la 4T.