Clara Jusidman
¿Es realmente el principal objetivo de la estrategia de seguridad pública reducir la producción y distribución de fentanilo para los consumidores de Estados Unidos y detener a las poblaciones migrantes para que no crucen la frontera? ¿Para eso usamos a la guardia nacional, a las fuerzas armadas y a los servicios de inteligencia?
La delincuencia en nuestro país es cada vez más compleja, afecta de diferente manera a la población nacional. Requiere de capacidades distintas de los gobiernos para enfrentarla.
La producción y distribución de drogas viene ocurriendo desde hace varias décadas y se ha expandido hasta volverse una empresa criminal global. Se beneficia de la cercanía del principal mercado de drogas y armas que es Estados Unidos, abastece a poblaciones de altos ingresos, pero también a numerosas personas que viven en los márgenes de las sociedades afluentes.
Sus elevadas ganancias y su utilidad para manipular a poblaciones suburbanas y a soldados en guerras absurdas, conlleva colusión y corrupción con gobiernos, políticos, entidades financieras y empresas nacionales y extranjeras.
La delincuencia denominada “común” realizada por individuos o pequeñas bandas afecta en cambio directamente a la población local especialmente a la urbana de ingresos medios y bajos, mediante asaltos en la calle y en el transporte público, robo a comercios y a casas habitación, entre otros. Se denuncia poco ante la inoperancia y la desconfianza en las fiscalías.
El tercer tipo de delitos que han proliferado en los últimos años son los que llevan a cabo bandas del crimen organizado y afectan a la población en todo el país. Son las desapariciones, los desalojos, los despojos, las extorsiones, el cobro de piso, la trata de personas y el comercio de órganos, los asaltos en carreteras, los fraudes, la ciberdelincuencia, el control de la producción y venta de diversos cultivos y hasta de ganado, pollo y materiales de construcción. Sume a comunidades enteras en terror y tiene efectos graves en la economía.
Por último, una delincuencia que cruza y apoya a todas los demás es la inacabable y creciente corrupción que nos roba a todos y todas, desvía los recursos del presupuesto que deberían estar financiando las capacidades institucionales para enfrentar otros delitos.
Sin embargo, desde hace años descartamos la posibilidad de fortalecer y dignificar a los gobiernos municipales y estatales y a sus cuerpos de seguridad, las policías municipales y estatales. Al ser estos los gobiernos más cercanos a la población, su debido desarrollo y fortalecimiento hubiera permitido enfrentar los delitos que realmente la afectan.
Optamos por militarizar la seguridad pública, por centralizar su conducción y por someter al poder judicial. Desestimamos la importancia de buenos gobiernos locales, de fiscalías y de poderes judiciales capaces y próximos a la gente.
La pérdida de soberanía no va a ocurrir frente a un personaje como Donald Trump. Ya ha venido ocurriendo en al menos una tercera parte del territorio nacional donde la población está sometida, explotada y aterrada por las bandas delincuenciales que la gobiernan en colusión con políticos y políticas locales y nacionales.