Claudia Valdés y Bulmaro Valvidares
La intensidad del debate suscitado en torno a la reforma del Poder Judicial de la Federación y la dinámica y funciones que rigen al poder ejecutivo y el legislativo, trajeron a la luz las ideas que los ciudadanos y ciudadanas tienen sobre el poder, la administración y la política: que las más de las veces son totalmente desconocidos para la mayoría de la población.
Encuestas y consultas nos revelan que la ciudadanía desconoce la existencia de instituciones que se encuentran para garantizar sus derechos.
El desinterés o la ignorancia no sólo es preocupante, ya que se asocia con la falta de información y formación cívica, lo que resulta relevante si consideramos que el voto es un acto de cesión de derechos, representación, lo que quiere decir un acto de cesión de la voluntad y legitimidad del ejercicio público, que no encuentra respuesta en un escenario de derechos y democracia.
Estamos abordando con el sufragio el mandato popular, o sea asumiendo una obediencia política y que debe de rendir cuentas.
La administración pública, es la actividad por medio de la cual el Estado se encarga de administrar el ejercicio del poder a partir de la división de funciones legislativas, ejecutivas y judiciales bajo las cuales ejerce su soberanía, a través de diversos organismos públicos que componen los diferentes órganos de gobierno; con la finalidad de proteger el interés social y de alcanzar el bien común.
El fundamento de esta función lo encontramos dentro del artículo 90 de nuestra constitución, la cual, establece que para su ejercicio se clasificará en centralizada y paraestatal, además, de que deberá regirse por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).
La administración pública centralizada consiste en la concentración de la toma de decisiones que quedan a cargo del titular del Poder Ejecutivo, quien se encargará de la designación de los titulares de las dependencias que se encuentran jerárquicamente subordinadas a su encargo y están compuesta principalmente por secretarías de Estado y comisiones, y en su caso de la creación de nuevas dependencias para hacer eficiente la función administrativa.
Por otro lado, ubicamos a la administración pública paraestatal, que hace referencia a las empresas públicas encargadas de funciones específicas de producción de productos para la generación de recursos económicos y prestación de servicios tan necesarios para el país. Este tipo de empresas permite la participación del sector privado dentro de su administración, las que se encontrarán bajo supervisión estatal a través de la Consejería Jurídica dependiente del poder ejecutivo, por lo que también se le conoce como administración pública descentralizada.
Todas estas disposiciones y regulaciones se encuentran normadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La Ley Orgánica de la Administración Pública, es el instrumento por medio del cual se regula la actividad estatal, para que el Estado cumpla con sus fines y objetivos de forma organizada eficiente y objetivamente, es decir, satisfacer las necesidades colectivas y lograr el bienestar social, a través de sus diferentes órganos de gobierno, de la asignación de funciones y del nombramiento de funcionarios.
El objetivo de esta ley es la de garantizar el buen funcionamiento del aparato político y el Estado de derecho, por lo que dicha ley deberá de adaptarse a las necesidades del gobierno en turno, así como, de las necesidades que requiera la población para el cuidado y procuración de sus Derechos Humanos.
Por lo que constantemente esta ley sufre una serie de reformas durante cada cambio de gobierno, que obedecen a diversos factores como el contexto político, económico y social, o pueden estar influenciados por la ideología del grupo gobernante en turno y/o a las relaciones de colaboración y coordinación con los demás poderes que componen el Estado.
De ahí la importancia de contar con una ley de administración pública, clara y transparente en sus procedimientos de asignación de roles y funciones, congruente con el discurso político, apegada a la realidad social y a los derechos humanos.
En días pasados se llevó a cabo el debate sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública dentro de la Cámara de senadores en sesión ordinaria, se destaca de la discusión la conformación de tres nuevas secretarías y la reformulación de la ya existente Secretaría de la Función Pública, lo que resulta incongruente y paradójico con el discurso oficial de austeridad republicana.
En esta ocasión el discurso de justificación versó sobre “la transformación del gobierno mexicano hacia un gobierno eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía”, con la construcción de nuevas estructuras y el diseño de políticas con el objetivo de disminuir la desigualdad entre hombres y mujeres, así como la búsqueda de soberanía tecnológica y culminar con la digitalización de los servicios públicos, así lo señaló el Senador Enrique Inzunza Cázares, presidente de la Comisión de estudios legislativos.
El senador Inzunza es contundente al señalar que lo que se busca con esta reforma es la consolidación de un gobierno moderno y eficiente, alienado con los retos del presente y el futuro, que promueva la innovación, la inclusión social y la igualdad sustantiva “como pilares fundamentales”.
Al senador Inzunza Cázares, le precedió la senadora Areli Saucedo Reyes presidenta de la Comisión de Gobernación, quien expuso su satisfacción ante el paquete de reformas que presenta, lo cual le significa un avance en los compromisos que tiene el gobierno con el pueblo mexicano, “esta gran reforma traerá grandes cambios importantes y significativos para el pueblo de México”.
Para la senadora Areli Saucedo, esta es una reforma histórica y de gran calado por la cual se crean dos nuevas secretarías: la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
Otro cambio que propone la reforma es la modificación de la denominación a la Secretaría de la Función Pública para pasar a denominarse Secretaría Anticorrupción y del Buen gobierno que tendrá como objetivo la transparencia, la rendición de cuentas y la eliminación de la corrupción en el sector público.
Durante su réplica, el senador Ricardo Anaya Cortés reconoció los aciertos con los que cuenta este proyecto de reforma, pero también señaló los errores graves que presenta y las consecuencias negativas que pudieran desencadenar ante una eventual aceptación, advirtiendo de antemano su voto en contra.
Comenzó su discurso reconociendo el trabajo del gobierno y de sus compañeros legisladores al proponer la creación de la Secretaría de las Mujeres y enfatizó: “Quienes queremos la igualdad sustantiva, quienes creemos en la igualdad sustantiva, por supuesto que acompañamos la creación de la Secretaría de las Mujeres, ese es un primer acierto de este dictamen que, sin duda, vamos a acompañar.”
Otro punto que destacar por parte del Senador panista fue el acierto de otorgar mayores facultades de investigación a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que dijo textualmente: “Frente a la delincuencia organizada no bastan las becas, los parques y las cámaras. Frente a la delincuencia organizada lo que se necesita es investigación para mapear a las organizaciones criminales y para desmantelar a las organizaciones criminales.”
Y sentenció “el horno no está para bollos”, al recordarles a los senadores del oficialismo su error al aprobar la extinción de los organismos autónomos, colocando el dedo en la llaga al retomar el tema de las amenazas provenientes de Estados Unidos de elevar los aranceles a las exportaciones, y que dicho problema “no es posible que se trate de arreglar a través de cartas”.
En su intervención, la senadora Laura Itzel Castillo puntualizó que “la reforma que hoy nos ocupa parte de la premisa de atención a las causas y da un giro de 180 grados en el quehacer cotidiano de la administración de nuestra nación”.
Y acusó a los gobiernos neoliberales de generar un retroceso en el avance tecnológico y científico, al destinar los recursos públicos a programas de investigación privada, y sobre el tema de cambio de denominación a la Secretaría de la función Pública la senadora Laura Itzel aclaró: “Con relación a las facultades que asume la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en materia de transparencia y datos personales, resulta consistente con la simplificación administrativa planteada por el gobierno de la cuarta transformación.”
Tocó el turno a la senadora Amalia Dolores García, quien cuestionó al pleno acerca de “¿Qué tipo de Estado y qué tipo de administración pública es la que se debe desplegar?”, y contestó a la pregunta “Yo diría que algo que resulta sustancial, en todos los estados, pero especialmente en un Estado de bienestar es dar resultados, es la primera gran obligación de quien gobierna”.
Sobre el tema de la Secretaría de las Mujeres expuso: “ha sido una demanda constante de las mujeres en nuestro país, más allá de diferencias ideológicas o políticas que haya un reconocimiento de que es prioridad que exista, en la administración pública, en el gabinete y en trato permanente con el Ejecutivo Federal una instancia que atienda nuestros derechos en la Secretaría de las Mujeres”.
Felicitando a todos y a cada uno de sus compañeros senadores por el acierto, pero especialmente a la senadora Citlalli en aras de un buen desempeño.
Así, durante el desfile de los senadores de todas las bancadas que tomaron la tribuna y el uso de la voz, se congratularon por la creación de la Secretaría de las Mujeres, como un logro de la lucha social por el derecho a la igualdad sustantiva.
Lo que queda claro que con la creación de la Secretaría de las Mujeres, tanto el gobierno como el discurso político, están encaminados a hacernos sentir como, que dicho logro es una recompensa y que debemos estar agradecidos con su labor, cuando es su obligación derivada de los compromisos no con el pueblo mexicano, sino a compromisos adquiridos internacionalmente, derivados de la firma y aceptación de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, y que dentro de sus objetivos obliga a los países parte a disminuir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres y a la creación de instituciones con dicho objetivo.
Después de más de cuatro horas de discusión, se llevó a cabo la votación mediante la cual se aprobó el dictamen por mayoría calificada, demostrando una vez más que el oficialismo y sus aliados no tienen contrincantes, por lo que se levantó la sesión a las dieciocho horas con treinta y un minutos del día veintiséis de noviembre de dos mil veinticuatro.
Ahora a esperar los beneficios que esta reforma ofrezca a las mujeres.