La reforma al poder judicial ya está hecha. Ya no es momento de llorar su aprobación ni de críticas sin sentido. Y no tienen sentido porque como mexicanos no podemos apostar al fracaso de lo que tenemos, sea poco o mucho. Tenemos esta reforma y es una oportunidad de mejorar el estado de derecho en México.
Para los detractores, esta mejora sería imposible, pero la justicia no está únicamente en el poder judicial. La justicia es una responsabilidad social compartida que empieza en la etapa más germinal de la formación de los seres humanos, la justicia empieza por el ejemplo y las experiencias íntimas en casa, por la educación ahí recibida y la instrucción de la escuela.
Pero la manifestación más importante de la justicia está en la prudencia de los juristas. Y esos juristas se forman en las universidades. Por esa razón es que, citando esa frase que hizo famoso a Calderón: “Haiga sido como haiga sido”, la reforma judicial está y lo que sigue es tratar de mejorar la calidad de los operadores jurídicos.
En México carecemos de un colegio de abogados que supervise la práctica profesional y les brinde a los clientes una posibilidad real de quejarse cuando hay mal praxis. Por aquello de la arrogancia de los abogados, el derecho a la asociación es una libertad que consiste en poder asociarse o no, y ha sido el pretexto para no tener una colegiación obligatoria con un colegio de abogados que mantenga el estándar de una práctica jurídica ética y técnicamente capaz.
También necesitamos que se haga un examen de ética y responsabilidad profesional previo a la titulación, así como titulación obligatoria por examen de conocimientos. En México es tanta la ambición de las instituciones universitarias, insertas en una competencia capitalista y casadas con el discurso populista de facilitarle un título profesional a los alumnos en vez de mantener altos estándares para obtenerlo, que las titulaciones se han vuelto una broma: titulación por promedio meritorio, por un trabajo, por prácticas profesionales, etcétera. Se necesita un examen riguroso de conocimientos, aplicado por una entidad independiente, para asegurar cierta homogeneidad en la capacidad técnica de los juristas mexicanos.
También es necesario que se regule administrativamente la práctica de los grandes despachos de abogados que, en imitación a los abogados de Nueva York, cobran obscenas cantidades de dinero por traducir documentos, llenar formatos de contratos, asambleas o sesiones de consejos de administración, y cobran a los gobiernos de los estados estratosféricas cantidades por auditorías legales y asesorías para créditos por obras de infraestructura. El estado mexicano pierde grandes cantidades de dinero en asesorías millonarias que se cobran a los estados, cuando los modelos de contratos pueden revisarse internamente y posteriormente revisarse sin tanta simulada sofisticación.
Por último, deben abrirse más patentes notariales. La población mexicana necesita y merece más notarios que le ayuden con los actos jurídicos de su vida diaria: testamentos, poderes, formación de negocios, etcétera. No es posible que en una ciudad como la nuestra, no haya ni 300 notarios. La verdad es que se necesita cuando menos el doble de esa cantidad, pero los fedatarios han amasado tanto poder en su nicho que han logrado detener la ampliación de ese necesario servicio, a cambio de mantener su privilegio cuasi-monopólico.
Quedan patentes así, algunos aspectos de la operación de la justicia en México que deben mejorarse, ya que la justicia no es exclusiva del poder judicial. La justicia como la democracia, es una forma de vida y nos concierne a todos. Ojalá nuestros legisladores pongan en marcha algunas medidas para seguir avanzando y no apostar al fracaso, sino continuar con la mejora de nuestras instituciones.