- Polémica legislativa
- A la espera de la deliberación plural
- El peso de la polarización
De la A a la Z urge una mayor democratización del proceso de la construcción de las Leyes y Reglamentos que nos rige. Los hechos políticos de hoy, imponen dejar atrás radicalismos e incluye hasta la democratización de la discusión y la apertura a la participación popular y republicana.
Urgen de las explicaciones políticas de la dinámica de la pluralidad de un Nación al encuentro del derecho como su sustentabilidad y centro.
Interesantes esfuerzos de comunicación acompañan a esta nueva etapa del Senado que incluso por su relieve conlleva a profundizar en la comunicación legislativa, esa ligada con la representatividad y legitimidad de las leyes, la democracia constitucional que se consolida.
En un escenario donde se va debilitado una suerte de frontera de un sistema de división de Poderes y muestra de las tendencias al absolutismos presidencial, puntualizando para resalta la velocidad y calidad legislativa, el acuerdo y el diálogo, y las presiones y caos de una sucesión adelantada perfilando una confección singular de leyes a la medida del proyecto centralizador del régimen reciente.
El paquetón de propuestas de ley
El paquete de leyes en un conjunto de 20 que fueron aprobadas por los 65 senadores de Morena, sin la participación requerida de la oposición en el proceso de la deliberación pública en una sesión celebrada en un recinto alterno del Senado de la República, y calificada de una noche negra.
Son con muchas las conjeturas de la sesión celebrada en “petit comité” por los morenistas en el viejo patio de Xicoténcatl 9, pero también pesan una series de hechos coronados con la toma de tribuna por parte de los grupos de oposición hasta la toma de la pista de la presentaciones de acciones o recursos de constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN).
Corrió el reloj legislativo con sus protocolos, leyes y reglamentos y de forma alterna los intereses las argucias políticas y la falta de acuerdos.
Las propuestas con dictamen no pasan como un manojo de propuestas desconocidas ante los senadores y de sus respetivas representaciones federativa de la República.
Descorrido el telón legislativo con las presiones de una sucesión adelantada. Exhibidas las inconstitucionalidades. También corrió el rumor sobre el registro de los anunciados rechazos y sobre los ajustes judiciales como la constitucionalidad de los procesos.
El escrutinio en la supuesta noche final o crespúsculo del senador Ricardo Moneal Ávila, como Presidente de la Junta de Coordinación Políticas en los tiempos de la necesidad de contar con un Adolfo Suárez mexicano para una transición inacabada mexicana, el reforzado presidencialismo y la inconstitucionalidad de una mayoría, los resultados son interesantes.
En la historia legislativa los hechos, excesos y la presión de una sucesión adelantada, la obsesión de una unión fabricada y exhibida por cerca de cinco horas con una rutina de la presentación y aprobación de leyes, en espiral ininterrumpida de comentarios comunes, descalificaciones con innecesaria rudeza y de escaso nivel argumentativo.
¿Aquelarre o banquete legislativo para una a administración de gobierno cerca de su ocaso? ¿Eclipse de un liderazgo legislativo a cargo del Senado perfilado por los acuerdos y resultados de leyes por unanimidad? ¿Espacio para un proceso de relección de senadores insignes sin partido? ¿De resultados de una sucesión presidencial adelantada? ¿De acomodos, reacomodos y amago de administración de justicia, reacomodos de los senadores simpatizantes de algunos corcholatas?
Estamos ante la noche triste para el senador Ricardo Monreal o ante la anunciada dinámica que van acentuando los desaseados procesos legislativo que imponen las obsesiones electorales y sus reformas de ley?
Los decretos en marcha
El senador de Morena, Alejandro Armenta Mier, presidente de la Mesa Directiva abrió la sesión del 28 de abril del 2023, correspondiente al Segundo Período Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, en la que participaron 65 senadores de Morena para aprobar un paquete de polémicas 30 reformas enviadas por el Presidente de la República.
En ruta la propuesta de las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales cuyo objetivo apunta “en materia de precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas”. Se busca “evitar pérdidas en la venta de inmuebles propiedad del Estado”, lo que significa asegurar mejores condiciones para el Estado en precio, “transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas que se celebran para la venta de inmuebles propiedad de la nación”.
Ley de Aeropuertos y de la Ley de Aviación Civil, reformas tendientes a la recuperación de la Categoría 1 en seguridad aérea. El objetivo es “eliminar” la figura del cabotaje que permitía a aerolíneas extranjeras prestar servicio en rutas regionales, que se incluía en la propuesta original”. Se “proponen diversas acciones, entre las que destacan nuevas facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para autorizar, regular, vigilar, supervisar y certificar las actividades relativas a la aviación civil”.
Se propone “un organismo que emitirá las reglas de tránsito aéreo, asigne horarios de aterrizaje y despegue y defina las prioridades de turno de las aeronaves en los aeropuertos civiles declarados en condiciones de saturación, además estará a cargo del programa de seguridad de los servicios de control de tránsito aéreo”. En opinión de la oposición con la ley, hay un debate que transparentaba la militarización del espacio aéreo y el despegue de la pista de una línea área de origen militar en las opiniones de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN.
La Ley General de Bienes Nacionales relacionada con precio, transparencia y oportunidad en las licitaciones públicas. Los objetivos es alcanzar mejores precios, calidad, transparencia para el Estado en la venta de inmuebles en propiedad de la Nación.
Un especial interés político y social acompañan las reformas de los artículos 55 y 91 de la Constitución Política, que significan la reducción de la edad mínima para ocupar los cargos de diputado y secretario de Estado de 21 a 18 años.
La Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que “reconoce el derecho constitucional de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico y la innovación tecnológica, como fundamento de la política pública”. Con la reforma que desaparece el Conacyt y la aparición de un nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Otra misión tiene que ver con la promoción del Estado para “fomentar la formación, investigación, divulgación y desarrollo de proyectos en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación se realice bajo los principios de rigor epistemológico; igualdad y no discriminación; libertad académica; inclusión; pluralidad y equidad epistémicas; e interculturalidad”.
Ley del Mercado de Valores y de la Ley de Fondos de Inversión. Se trata de una modificación del ordenamiento del mercado de valores con el objetivo de crear el esquema de inscripción simplificada de valores, a fin de fomentar la llegada· de más emisoras; mientras que la reforma al de fondos de inversión planteada, crear los fondos de cobertura en México”. También se agrega la incorporación de un “nuevo procedimiento de inscripción simplificada de valores que permita a las empresas medianas y pequeñas participar en el mercado bursátil mediante la oferta pública de valores representativos de deuda o de capital, a fin de obtener el financiamiento necesario para impulsar su crecimiento”.
A destacar las propuestas de modificaciones a las leyes Minera, de Aguas Nacionales, General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. En la opinión el senador Napoleón Gómez Urrutia se debe acabar con la” explotación irracional de los recursos naturales y de la mano de obra en el país. El objetivo central es recuperarle rectorías del Estado sobre los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo mexicano y que son del dominio directo de la Nación.
Sobresale en el escenario de reformas las orientadas a reformar y adicionar los artículos 38 y 102 de la Constitución Política, sobre la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público para quienes supongan estar vinculador con acciones de “violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos; y por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa”.
También de interés público es el proyecto de “reforma a diversos artículos del Código Penal Federal buscando actualizar y aumentar las sanciones a quienes realicen conductas en contra de las áreas naturales protegidas, zonas vegetales o cambien el uso de suelo forestal. La propuesta consiste en una pena por tala de árboles de seis a nueve meses de prisión y de 100 a 3 mil días de multa. Además sujeta a “incremento de 3 a 12 años de prisión en los casos en que se empleen armas de fuego u otros medios de violencia para la comisión del delito de tala ilegal. De acuerdo con el proyecto, esta pena se incrementará cuatro años más cuando se trate de un área protegida”.
A la vista un polémico paquete de reformas que van por la salud, finanzas, recursos, que sugieren una lectura analítica de fondo y una mayor socialización pública.