En esta ocasión desde el horizonte de la salud, en la sesión ordinaria del día once de diciembre de 2024 en la cámara de senadores, la divisa a discutir lo fue el de los vapeadores como problema de salud pública, iniciativa que fue propuesta por el diputado Manuel Alejandro Gómez Robles del grupo parlamentario de MORENA, integrante de la LXV legislatura.
Que con un especial interés propone se eleve a rango constitucional la prohibición del uso, venta, producción y distribución de los vapeadores, nos preguntamos entonces ¿si para el legislador toda solución debe de ser elevada a rango Constitucional, en lugar de proponer su regulación y control más estricto por parte de la Secretaría de Salud?, tal como se hace con otros productos que causan adicción como el alcohol y el tabaco.
En ese sentido el Senador Enrique Inzunza Cázares, en su discurso de apertura y como representante de las comisiones de puntos constitucionales y de salud, propuso la adición de un quinto párrafo al artículo 4 de la Constitución Política con la prohibición expresa en contra de cigarrillos electrónicos, vapeadores y fentanilo. Además de incluir un segundo párrafo al artículo 5 del mismo ordenamiento buscando limitar cualquier industria relacionada con dichos dispositivos.
¿Pero, qué sabemos de los vapeadores? ¿La medida propuesta es proporcional con los objetivos que se pretenden alcanzar y las consecuencias que de ella se pudieran derivar?
El tema causa controversia, pues pareciera una propuesta regresiva que nos remonta cien años hacia atrás en la historia, a los tiempos de la guerra cristera de principios del siglo XX en nuestro país o a los de la prohibición de tabaco y alcohol en el país vecino en la década de los años veinte del siglo pasado, pues pareciera que lo que busca la propuesta es la estigmatización de los usuarios de vapeadores.
Como lo señaló la Senadora Karla Guadalupe Toledo Zamora de la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI): “En esta discusión, debemos dejar de lado las emociones y perjuicios (sic), y enfocarnos a la evidencia, con las posibilidades y en el contexto de la salud pública, legislar por mitos o creencias, como lo está haciendo hoy Morena, es más nocivo para la sociedad que el consumo de vapeadores y más nocivo cuando quieren legislar con la mentira para enmascarar sus verdaderos intereses, quieren distorsionar la realidad y ponerla a su modo.”
Y como un resplandor en medio de la oscuridad, salen a relucir los intereses económicos que guían su moral, al mencionar las ganancias que se dejarían de percibir, más de 15 mil millones de pesos por la producción, venta y distribución de vapeadores y cigarros electrónicos y enfatiza sobre el uso que se le pudiera dar a ese dinero “que bien podrían servir para clínicas, para hospitales, para la educación.”
Sobre lo dicho anteriormente, surge una pregunta puntual para la senadora Toledo Zamora ¿15 mil millones de pesos serían suficientes para la creación de hospitales especializados para atender a la población víctima directa e indirecta que va en aumento por el uso constante de cigarros electrónicos y vapeadores?
Es una realidad que los avances en la tecnología utilizada para la fabricación de productos novedosos relacionados con la nicotina y el tabaco son cada vez más adictivos y peligrosos, lo que representa un problema de salud pública no sólo a nivel nacional, sino que internacionalmente también, al aumentar considerablemente las enfermedades por lesión pulmonar provocadas por el uso de estos productos sobre todo en personas menores de 18 años.
Pero la solución no se encuentra en la prohibición constitucional, a decir de la senadora Karla Toledo, la solución se encuentra en la regulación de “barreras efectivas para menores de edad”, en la educación sobre los riesgos y el uso responsable de dichos dispositivos. Y agregó: “La regulación protege a las personas, combate al crimen y genera ingresos para la salud, para la educación, incluso para los programas sociales. La prohibición, señoras y señores, es darle dinero al crimen organizado.”
Al reclamo en contra de la prohibición constitucional sobre cigarrillos electrónicos, vapeadores y fentanilo se unió la voz del senador panista Ricardo Anaya Cortés, quien se cuestionó: “¿Y por qué prohibieron el fentanilo en la Constitución, pero no la cocaína, no la heroína, no las metanfetaminas? O sea, ¿en qué momento se les ocurrió que sólo esa droga en lo particular tenía que estar en la Constitución?”
Y le pareció una burla, una falta de respeto el uso que se le está dando a la Constitución, para mandar mensajes a gobiernos extranjeros poniendo en riesgo la soberanía de la nación. Recordando que no siempre una prohibición resuelve problemas de salud pública, poniendo como ejemplo lo sucedido en el país vecino durante la prohibición del alcohol.
Al finalizar su participación el senador panista sentenció: “Con esta reforma constitucional se acabó, el mercado completito, probablemente de hasta 40 mil millones de pesos, se lo van a entregar a los cárteles de la droga, al crimen organizado de Tepito.”
Tocó la réplica a la senadora por MORENA Lilia Margarita Valdez Martínez, quien antes de iniciar su intervención dejó firme que no iba a tratar de aclarar o responder lo anteriormente dicho por sus compañeros que la antecedieron, siendo contundente al abordar el tema de los vapeadores al señalar que: “los vapeadores no llevan diez años en el mercado, las sustancias que tienen los vapeadores son cancerígenas, eso no lo puede negar nadie.”
Además, agregó: “Qué nosotros estamos provocando un mercado negro de los vapeadores, no es cierto. Los y las (sic.) vapeadores ya están en el mercado negro, todavía no están permitido y, sin embargo, están entrando.” Señaló la necesidad de legislar sobre la alta contaminación que producen los dispositivos desechables de tabaco conocidos como vapeadores.”
Al tomar la tribuna la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, alzó la voz externando su preocupación por la prohibición constitucional de vapeadores y señaló que, nos encontramos ante un gobierno paternalista totalmente autoritario, que considera a su población como menores de edad, que necesitan ser tutorados por el Estado y contar con una carta de buena conducta.
Acusando a los senadores que representan al oficialismo de falta de responsabilidad y respeto a la Carta Magna que juraron proteger, quienes sólo responden a intereses personales del expresidente López Obrador.
El discurso se prolongó así por varias horas dividiéndose en dos partes, los que se encontraban a favor de la prohibición constitucional y el grupo en contra; de los que se cuestionan sobre la inclusión del fentanilo en la Constitución y los que justifican su inclusión.
En ese sentido, la senadora Lizeth Sánchez García del Partido del Trabajo (PT), para justificar su voto a favor de la iniciativa de reforma tomó como bandera los derechos humanos de dignidad humana y a la vida, arengando a sus compañeros con el lema “Por un México sano, enfrentemos juntos los riesgos invisibles.”
La Organización Mundial de la Salud (OMS), se ha pronunciado respecto al tema y ha dicho que una mala regulación o reglamentación de los vapeadores puede acarrear consigo graves consecuencias sociales y legales, por lo que las medidas deben de estar diseñadas y dirigidas de manera efectiva, que den el resultado deseado y no crear un problema mayor del que se intenta resolver.
Ha recomendado que los objetivos de la regulación deben estar dirigidos eficazmente en contra de la publicidad engañosa, promoción y patrocinio de productos, exigir que la información proporcionada por la industria tabacalera sea transparente y precisa, como se hace actualmente en contra de cigarros y alcohol, con la implementación de medidas coactivas a la industria para hacerla cumplir la ley. Asegurando que la toma de decisiones radicales acarrearía consecuencias graves como la intromisión del crimen organizado.
El debate se llevó a oídos sordos por parte del oficialismo que nada le importó las propuestas hechas por los legisladores de oposición, quienes al final de la discusión impusieron su voluntad a través de su aplastante mayoría, a la que se sumaron algunos legisladores de oposición a los que el Senador Ricardo Anaya acusó de “hipócritas”, alcanzando la inigualable cifra de 110 votos a favor, cinco en contra y dos abstenciones.
Lo que quedó en firme para la población y sobretodo para los jóvenes, es que los vapeadores representan un grave riesgo para la salud de las personas y para el medio ambiente por la gravedad de sus componentes y materiales que lo conforman, lo que no queda claro es que si la medida propuesta y aprobada por los senadores sea proporcional e idónea para el problema que se pretende resolver.
Decisión que parece algo arriesgada y arbitraria, la cual deja muchas dudas en torno de su eficacia y surgen preguntas que tal vez no encuentren respuestas inmediatas, como por ejemplo ¿Qué es lo que va a pasar con los miles de personas habituadas a este tipo de dispositivos? ¿Qué medidas se piensan implementar en la búsqueda de su rehabilitación para evitar que recaigan en el hábito del tabaquismo tradicional?
La moneda está en el aire, el ciudadano de a pie tiene la última palabra, quién en el uso de su facultad de mandato popular podrá determinar sobre el heroísmo o villanía de la decisión.