Laura Ruiz
En un país donde la desconfianza hacia el manejo de los recursos públicos es alta, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) representa, en teoría, uno de los pilares más sólidos para garantizar la rendición de cuentas. Su labor de fiscalizar cómo se usa el dinero federal debería ser siempre y no ocasionalmente una de las herramientas más eficaces para prevenir la corrupción. Sin embargo, su eficacia real depende de dos factores: su independencia y la voluntad política para atender sus hallazgos.
Cada año, la ASF presenta su revisión de la Cuenta Pública, señalando desvíos, sobrecostos o proyectos que no cumplieron sus objetivos. Es información valiosa, no solo para los legisladores, especialistas, sino también para los ciudadanos exigen cada día mayor certidumbre y legitimidad en el gasto público.
El resultado de los documentos presenta huellas sobre el estado que guardan los archivos en ocasiones de escándalos mediáticos de corta vida.
La fiscalización no basta si no existe un verdadero seguimiento. No se trata solo de señalar al culpable, sino de garantizar que las irregularidades no se repitan. Para ello, la ASF necesita no solo recursos y autonomía técnica, sino también que sus recomendaciones tengan un carácter vinculante y que las autoridades competentes actúen con firmeza.
Además, es urgente que la ciudadanía se apropie de esta información. Los informes de la ASF no son únicamente documentos técnicos para especialistas; son un mapa claro de cómo se invierte, o se desperdicia el dinero que todos aportamos. Si la sociedad conoce y exige, la presión para corregir el rumbo será mayor que cualquier reforma legal.
La ASF es, o debería ser, un guardián del gasto público. Pero un guardián que no actúa o que no es escuchado pierde su sentido. El reto está en que sus hallazgos no sean solo noticias de un día, sino detonantes de cambios estructurales en la gestión de los recursos. Porque cada peso mal usado no es solo un número en un informe: es una escuela que no se construyó, un hospital sin insumos o un programa social que no llegó a quienes más lo necesitaban.
Las funciones de la Auditoría Superior de la Federación son muy importantes porque es la principal herramienta institucional que tiene el Congreso para vigilar cómo se gasta el dinero público federal.
- Su relevancia radica en que defiende el interés ciudadano y cumplan con su destino.
- Asegura que los impuestos que pagamos se usen en lo que se aprobó y con resultados reales.
- Combate la corrupción y el despilfarro.
- Detecta desvíos, sobrecostos y malos manejos y puede promover sanciones.
- Fortalece la democracia.
Sin rendición de cuentas no hay transparencia, y sin transparencia no hay confianza ciudadana y no cuenta el poder con de legitimidad que deriva del voto.
No solo revisa al Gobierno Federal, también a estados, municipios y organismos que reciban dinero de la Federación.
Sus informes permiten a periodistas, académicos y ciudadanía saber dónde hay riesgos y cómo se puede mejorar la gestión pública.
La Auditoría Superior de la Federación rinde cuentas una vez al año ante la Cámara de Diputados, al entregar el Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública, pero ahora lo hace en tres cortes parciales para agilizar la fiscalización y la acción de las autoridades.
Primera Entrega se realiza en el mes de junio: Avance preliminar de la revisión de la Cuenta Pública Detectar irregularidades tempranas para dar seguimiento rápido.
Segunda Entrega en octubre: Resultados parciales de auditorías en curso Actualizar hallazgos y permitir correcciones antes del informe final.
Y la Tercera Entrega, la final se realiza en febrero: Informe de resultados completo de la fiscalización, se presenta el balance final y las observaciones definitivas y este informe final es el oficial para efectos de ley.
Todas las entregas se presentan ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados. Con este sistema de tres entregas, se busca acelerar la respuesta ante irregularidades y no esperar hasta el final del ciclo.
El titular de la Auditoría Superior de la Federación es David Rogelio Colmenares Páramo, quien ocupa el cargo desde el 15 de marzo de 2018. Colmenares fue electo por un periodo de ocho años, por lo que se espera que concluya su mandato en 2026.
El sitio oficial de la OLACEFS (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores) confirma que David Colmenares Páramo es el actual Auditor Superior, además de fungir como secretario ejecutivo de dicha organización regional.
Durante décadas, nos hemos refugiado en el viejo refrán “la ocasión hace al ladrón” para explicar la corrupción, el abuso de poder o el robo de recursos públicos. La frase sugiere que cualquier persona, colocada en una situación propicia, podría ceder a la tentación. Sin embargo, esta visión exculpatoria oculta un problema más profundo: no es la ocasión la que hace al ladrón, sino nuestra indiferencia colectiva.
En política, la corrupción no surge solo porque exista la oportunidad de robar. Surge y persiste porque no existe un verdadero costo social, ético o judicial para quien lo hace. Lo que permite que un funcionario desvíe fondos, que se otorguen contratos a dedo o que se manipulen procesos electorales, no es únicamente la falta de controles, sino también la pasividad de una ciudadanía que, en muchos casos, ha aprendido a normalizar la deshonestidad como parte del paisaje político.
Es impostergable que todo ciudadano observe, analice, consulte el estado que guarda la ASF porque esta tiene que ver con la marcha del ´país y los resultados que derivan de la conquista de los beneficios que resulten los votos. Cada ciudadano debe reconocer que su voto representa la exigencia de la implementación de una política pública en beneficio de todos y no solamente el presupuesto se maneje al interés de pocos.