Tras cinco conversatorios organizados por el Senado de la República, se vislumbra el futuro inmediato de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LMTR). La iniciativa —que se espera sea votada en comisiones antes del 30 de junio y discutida en el pleno en julio— ha sido motivo de intensos debates entre legisladores, empresas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil.
Más allá del discurso de “modernización”, el proyecto plantea un rediseño institucional profundo, que incluye la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para dar paso a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Aquí radica uno de los principales puntos de tensión: ¿puede un nuevo órgano con poder concentrado garantizar derechos, competencia y pluralidad?
Un regulador fuerte, pero sin contrapesos
Uno de los mayores cuestionamientos hacia la ATDT es la falta de un diseño colegiado y técnico como el que caracteriza al IFT. Si bien tras las críticas el Senado ahora contempla que la nueva agencia incluya hasta cinco comisionados con perfil técnico, sigue existiendo el riesgo de que se imponga una lógica vertical, sin autonomía real ni controles institucionales claros.
El propio senador Javier Corral —curiosamente, promotor de la ley vigente en 2014— reconoce que habrá un cambio estructural total en el órgano regulador. Lo que no se ha respondido es si este nuevo marco garantiza transparencia y eficiencia o si será un vehículo de control gubernamental sobre el ecosistema digital.
Avances con letra chica
Hay promesas importantes: la eliminación del polémico artículo 109, que habilitaba el bloqueo de plataformas digitales; el compromiso de reducir los costos del espectro radioeléctrico, históricamente onerosos para los concesionarios; y la inclusión de radios públicas, sociales e indígenas en el mercado publicitario local.
Estas medidas, de concretarse, serían avances reales. Sin embargo, la letra chica de la ley aún contiene elementos preocupantes, como la posibilidad de imponer sanciones sin procedimiento judicial, la retención de datos personales por 24 meses sin justificación sólida, y la falta de claridad sobre mecanismos de defensa ante la ATDT.
IFT en asfixia y transición incierta
Mientras tanto, el IFT —el regulador vigente— sobrevive apenas con recursos para operar hasta junio. Esta asfixia presupuestal parece más que un descuido: una estrategia de desmantelamiento silencioso, en espera de que la nueva ley lo sustituya.
No hay que perder de vista que el IFT ha sido uno de los órganos autónomos mejor evaluados, y que en una década recaudó más de 180 mil millones de pesos para el Estado mexicano, fondos clave para obras y programas sociales. ¿Está justificado su reemplazo?
¿Una mejor ley o una ley útil al poder?
La ley en discusión tiene elementos positivos y demandas históricas de la industria, pero también peligros latentes para la ciudadanía. La vigilancia digital, la concentración de atribuciones regulatorias y la ambigüedad en derechos de audiencia podrían configurar un retroceso democrático si no se corrigen en el dictamen final.
Como reconocen varios senadores, el borrador de ley no es definitivo. El Senado tiene en sus manos una responsabilidad mayor: no solo legislar para mejorar la conectividad y modernizar servicios, sino también para proteger la privacidad, la pluralidad y la libertad de expresión en el entorno digital mexicano.
La discusión en comisiones será clave. El tiempo de los conversatorios ha terminado. Ahora, comienza el verdadero trabajo legislativo: traducir las voces ciudadanas en cambios concretos. El futuro digital del país depende de ello.
Resumen: Los cinco conversatorios del Senado sobre la Ley Telecom
Durante mayo de 2025, el Senado de la República organizó cinco conversatorios temáticos para discutir el contenido y las implicaciones de la iniciativa presidencial para una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta etapa de diálogo legislativo fue acordada por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con el objetivo de abrir la deliberación a todos los sectores involucrados y responder a los señalamientos de posibles intentos de censura.
1. Regulación y colaboración con la justicia
8 de mayo
Se discutieron temas de regulación técnica y legal, así como las obligaciones de los concesionarios en colaboración con las autoridades judiciales, incluyendo la retención de datos de usuarios.
2. Cobertura social y acceso al espectro
13 de mayo
Este foro abordó políticas de inclusión digital, redes comunitarias, pequeños operadores y política satelital, clave para reducir la brecha digital en regiones marginadas.
3. Servicios digitales e infraestructura
5 de mayo
Se centró en temas actuales como contenidos en streaming, publicidad extranjera y desarrollo de infraestructura digital. Fue uno de los más relevantes para la economía digital.
4. Radiodifusión y concesiones
20 de mayo
Analizó la figura de la concesión única y los distintos usos (comercial, público, social), así como la viabilidad del servicio público de radiodifusión.
5. Derechos de las audiencias
22 de mayo
El conversatorio final puso énfasis en la protección de los derechos de las audiencias, incluyendo la programación, la publicidad y los mecanismos de defensa frente a posibles abusos o censura.
Balance general
La realización de estos conversatorios respondió a presiones de la sociedad civil, la industria y la academia, preocupados por los riesgos que representa la centralización de funciones en la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), y por la posibilidad de sanciones o censura sin supervisión judicial.
Aunque Morena, por voz de Ignacio Mier, negó cualquier intento de censura, las voces críticas han insistido en que la estructura propuesta para el nuevo órgano regulador carece de contrapesos adecuados y puede vulnerar derechos fundamentales.