Elio Villaseñor
“El poder no corrompe; el miedo a perder el poder es lo que corrompe”
John Steinbeck
El quehacer político en México sigue atrapado en las mismas prácticas de siempre: quien ostenta el poder es quien reparte el pastel.
En lugar de concebir el gobierno como un espacio para construir políticas públicas que beneficien a la ciudadanía, el acceso a un cargo se convierte en una lucha por el botín, una disputa para garantizar privilegios personales y perpetuar la influencia de ciertos grupos.
En el pasado, la llamada Familia Revolucionaria del PRI representaba una red de complicidades donde el acceso al poder no estaba ligado a la capacidad de gobernar, sino a la lealtad dentro del sistema.
Se trataba de un modelo donde los puestos se intercambiaban como favores y se mantenían a cambio de obediencia. Gobernar no significaba solucionar problemas estructurales, sino administrarlos, postergarlos y trasladar las crisis a futuras administraciones, todo mientras se distribuían migajas a la población para mantener el control clientelar.
Hoy, la historia se repite con otro nombre. Hemos pasado de la Familia Revolucionaria a la Dinastía del Poder.
La política mexicana ha adoptado un nuevo modelo patrimonialista donde los cargos públicos se heredan entre esposas, hermanos y familiares, consolidando un sistema que prioriza la protección de intereses familiares y sectarios por encima del servicio público.
Un claro ejemplo de esta realidad es la iniciativa de reforma a los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución Política para eliminar el nepotismo y la reelección de cargos públicos, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 5 de febrero.
La propuesta busca implementarse en las elecciones intermedias de 2027, cuando se renovará la Cámara de Diputados junto con cientos de cargos locales, incluidas gubernaturas, diputaciones locales, alcaldías y cabildos.
Como requisito de idoneidad, la reforma establece que ningún familiar de un funcionario saliente podrá postularse a un cargo de elección popular.
Además, defiende el principio de que eliminar el nepotismo permitirá que los puestos públicos sean ocupados por personas con capacidades y méritos, y no por quienes solo tienen vínculos familiares con quienes ya ejercen el poder.
Aunque la iniciativa fue presentada como un esfuerzo para frenar esta práctica, el Senado de la República la aprobó el 25 de febrero, pero postergó su implementación hasta 2030, desoyendo la intención original de la mandataria. Con esta decisión, quedó en evidencia la resistencia de aquellos que dependen de estos privilegios y buscan perpetuar sus linajes en el poder.
El proyecto de iniciativa aún deberá pasar el filtro de la Cámara de Diputados.
Mientras el país enfrenta retos urgentes en derechos humanos, crecimiento económico y justicia, los gobernantes actuales siguen más preocupados por la repartición de cuotas y la consolidación de su influencia.
La política continúa siendo un medio para mantenerse en el poder, más que un compromiso genuino con la construcción de una agenda pública que proyecte al país hacia el futuro.
Frente a este panorama, la gran tarea de la ciudadanía es despertar y exigir un cambio. No podemos permitir que el nepotismo y la reelección se conviertan en prácticas normalizadas en México.
Es momento de luchar por líderes comprometidos con el interés nacional, que prioricen el bienestar del país sobre la perpetuación de las dinastías del poder.