Parte 1
Con un quórum de 355 diputados se inició el debate en la Cámara baja con la discusión de la ley en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La iniciativa enviada por el entonces presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, sacudía el polvo de los tiempos, el dolor y la sangre de las vejaciones aumentando la solemnidad del recinto, las víctimas estaban ahí para ejercer sus derechos y las reivindicaciones ancestrales acumuladas por centurias.
Flotaba en el ambiente la remembranza de la flor y el canto. Tradición viva.
Los legisladores se adentraban por los parajes de los derechos y de la justicia que se debe a los más antiguos pobladores de la nación.
Así, la dimensión de la importancia de la ceremonia y de los cambios de ley de las reformas constitucionales a discutirse, con las cuales no se escatiman posiciones políticas de simpatía y convicciones.
Entre los callejones, se perpetuaron las condiciones de los vencidos, mientras que los grupos parlamentarios manifestaban sus intereses y colores.
Como presidente de la Mesa Directiva, el diputado veracruzano de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, condujo la memorable sesión en la que las reformas serían aprobadas con 492 votos a favor y a la distancia, la esencia de la historia legislativa de Ifigenia Martínez.
A 500 AÑOS DE DISTANCIA
23,2 millones de personas que se identifican como indígenas van en la lucha de sus derechos. Hoy se hacen acreedores a reformas a la Constitución mostrando un México pluricultural y multiétnico, que encuentra su sustendo original en pueblos indígenas, que se reconocen por su continuidad histórica de las sociedades precoloniales establecidas en el territorio nacional.
Queda estampado el rostro pluriétnico en el decreto.
De esta forma, conservan, desarrollan y transmiten sus instituciones sociales, normativas, económicas, culturales y políticas. Es para notar que a estos conceptos se integran las comunidades afromexicanas, todas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su identidad cultural.
“Especial atención reciben los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes indígenas y afromexicanos. La preocupación es garantizar el derecho a decidir conforme a sus sistemas normativos, a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con esta Constitución y las leyes aplicables, sin limitar los derechos político-electorales”, como versa el dictamen presentado ante los legisladores.
POSICIONAMIENTOS
Y así, desde la Comisión de Puntos Constitucionales, los diputados desfilaron en tribuna dando a conocer sus posicionamientos.
Diputada María de Fátima García León (MC)
Expresó la historia constitucional de los pueblos indígenas que comienza excluyéndolos del Pacto Nacional, que es el amanecer constitucional de México en el 24, “en razón de que todos debían de ser iguales ante la ley, con la prevalencia de los derechos individuales dando fin al sistema de castas construido durante la Colonia. Se dejan atrás los derechos colectivos de las comunidades indígenas, lo que ocasionó que se tratara como iguales a quienes social y culturalmente eran diferentes”.
La diputada destacó otros hechos: en la Constitución de Oaxaca se reconoce el derecho de los indígenas a gobernarse a través de la figura de república de indios” y con el reconocimiento del municipio se da la base de la organización política y administrativa de las entidades federativas, establecidos en el artículo 115 de la Constitución de 1917.
Iniciado el peregrinar legislativo, se observa la exclusión de las comunidades indígenas; su sometimiento a las formas de organización a la figura del municipio. Sin embargo, se reconoció su derecho a las tierras comunales.
La diputada de MC resalta la historia legisaltiva de las comunidades indígenas. Señala que se trasladan al siglo XX los conflictos como el ámbito de lucha y resistencia ante las políticas que intentaban exhaltar la identidad nacional.
El climax se concreta en la lucha con la Cumbre Zapatista, en la que se logra discutir el derecho privado.
En la Constitución de 2001, se reconoce el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas.
La diputada denuncia “el abandono del tema indígena a las legislaturas estatales, el olvido de los indígenas como entidades de interés público, sin ser titulares de derechos y obligaciones jurídicas”, originando la disminución de la entidad indígena.