Laura Ruiz
En México, casi 4 millones de niñas y niños trabajan. El 60% de ellos no asiste a la escuela. Esta cifra no solo refleja una estadística alarmante: es la evidencia más cruda de un abandono histórico por parte del Estado mexicano hacia su infancia. A esta realidad se suman dos fenómenos igual de devastadores y cada vez más normalizados: la violencia sexual infantil y el reclutamiento de menores por el crimen organizado. Frente a esto, la pregunta ya no es si llegamos tarde. La pregunta es: ¿cuánto más vamos a tardar? ¿No llegamos todas, nuestra problemática se hace visible? Las madres buscadoras, provocar la reflexión, se deja la duda.
La senadora Laura Esquivel, del Partido Acción Nacional, señaló con claridad en el Primer Encuentro Nacional de Congresos Locales: la violencia contra la niñez no distingue región, género ni estatus social. En todo el país, niñas y niños son despojados de su derecho a jugar, aprender, soñar y vivir sin miedo. Mientras los discursos se multiplican en fechas conmemorativas, millones de menores trabajan en condiciones precarias, expuestos a riesgos físicos y emocionales, amparados muchas veces en los llamados “usos y costumbres”, como si la tradición justificara la explotación.
La violencia sexual, por su parte, avanza en el silencio. Saskia Niño de Rivera lo denuncia con valentía en su libro No nos dejes caer en tentación: el sistema de justicia, las familias y la sociedad han fallado rotundamente a las víctimas. ¿Cómo explicar que el 99.9% de los delitos sexuales contra niñas y niños no se denuncien? ¿Cómo procesar que siete mujeres desaparecen al día y no sea tema prioritario en la agenda nacional? La respuesta es incómoda: nos educaron en el silencio. Y ese silencio protege más a los agresores que a los agredidos. No existe la gestión social.
México y el turismo sexual infantil: un cáncer social que urge erradicar
México ocupa el segundo lugar mundial en turismo sexual infantil, sólo superado por Tailandia. Esta realidad alarmante —un “cáncer que ha crecido silenciosamente durante los últimos 15 años”, como lo señaló Rita María Hernández, directora de la Comisión Unidos contra Trata— revela una crisis que demanda atención inmediata y acciones contundentes.
Cada año, millones de turistas viajan buscando sexo, y entre ellos, más de tres millones lo hacen con menores de edad, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). México no es sólo un país de tránsito, sino también de origen y destino de esta forma cruel de trata de personas, que representa el segundo negocio ilícito más lucrativo del mundo después del narcotráfico.
El turismo sexual es sólo una de las caras de una problemática mayor: la explotación sexual de mujeres, niñas y niños, que en México es la forma más prevalente de esclavitud moderna. Sin embargo, esta realidad se sostiene en un contexto de tolerancia social y legal. En México, la prostitución no está regulada ni prohibida; simplemente está tolerada, lo que facilita la explotación y perpetúa la impunidad.
Un estudio realizado en Tijuana revela datos desgarradores: la mayoría de las mujeres en situación de prostitución empezaron antes de los 16 años, con niveles educativos mínimos y bajo un constante riesgo de trauma y violencia. Detrás de cada puerta en zonas de tolerancia, hay una historia de engaño, coerción y abandono. La demanda masculina, impulsada por desigualdades estructurales como la pobreza, el racismo y la discriminación de género, es la raíz que sostiene esta industria brutal.
Los mitos que rodean la prostitución —como la idea de que es una decisión libre o un “trabajo más”— esconden la realidad de violencia, coerción y explotación. La “liberación sexual” no puede ser excusa para permitir que niñas, adolescentes y mujeres sean violentadas y tratadas como mercancía.
En países donde la prostitución está legalizada, como Alemania, el número de víctimas de trata se ha incrementado notablemente, demostrando que la regulación sin una política integral de protección y prevención puede profundizar la explotación.
A nivel legal, existen instrumentos internacionales que definen claramente la explotación sexual y la trata de personas como violaciones graves a la dignidad humana. Pero México no ha cumplido con recomendaciones internacionales cruciales, como tipificar el reclutamiento forzado de menores y atender las causas estructurales que lo permiten.
Por si fuera poco, el crimen organizado también aprovecha la vulnerabilidad de menores de edad para reclutarlos como halcones, traficantes o sicarios, sumergiéndolos en una espiral de violencia que sólo puede abordarse desde una perspectiva integral de derechos humanos y protección.
No podemos seguir permitiendo que millones de niñas, niños y adolescentes vivan atrapados en esta realidad oscura. La legislación y las políticas públicas deben dejar de ser letra muerta. El Estado tiene la responsabilidad moral, legal y social de actuar con urgencia, implementando medidas efectivas, dotando de recursos y garantizando la protección real de la infancia y la adolescencia.
Cuando el Estado no protege, perpetúa la violencia. Cuando no actúa, se convierte en cómplice por omisión. México debe dejar de ser un país donde la explotación sexual infantil sea un negocio tolerado y empezar a construir un futuro donde niñas, niños y jóvenes puedan vivir libres, seguros y con sus derechos plenamente garantizados.
Legislar para la infancia no es sólo un mandato legal, es un acto de justicia y humanidad que no puede seguir esperando.