Laura Ruiz
La reciente aprobación del periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión, programado del 23 de junio al 2 de julio, pone en evidencia una práctica cada vez más común en la política mexicana: legislar con premura y sin la debida reflexión.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha expresado su confianza en que durante el próximo periodo extraordinario del Congreso de la Unión se puedan aprobar más de 20 leyes pendientes, entre ellas la ley general de población, la ley de búsqueda y reformas en seguridad y telecomunicaciones.
Sin duda, la voluntad política para avanzar en la legislación es positiva. Sin embargo, la ambición de aprobar un número tan elevado de iniciativas en un periodo tan corto genera preocupaciones legítimas sobre la calidad y profundidad del análisis que recibirán estas leyes.
La política legislativa no debe reducirse a cumplir una cuota o a responder presiones políticas con rapidez. Las leyes que afectan áreas tan sensibles como la seguridad, la búsqueda de personas desaparecidas o la competencia económica requieren un debate serio, con participación plural y transparente. Solo así se puede garantizar que las normas realmente atiendan las necesidades sociales y protejan los derechos de la ciudadanía.
El reto es claro: aprobar más leyes no debe ser un fin en sí mismo, sino el medio para construir un marco legal justo, integral y eficaz. Para ello, el Congreso debe evitar apresuramientos y garantizar que cada iniciativa sea discutida a fondo.
Si logramos combinar voluntad política con responsabilidad legislativa, este periodo extraordinario podrá ser un paso significativo para el país. De lo contrario, corremos el riesgo de que la prisa diluya la calidad y legitimidad de las reformas, afectando a quienes más necesitan protección y justicia.
Es verdad que la Constitución permite incluir temas en la agenda sin dictámenes previos, como defendió el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal. Pero la legalidad no siempre equivale a legitimidad. En un país donde la transparencia y el diálogo se reclaman a gritos, convocar a un periodo extraordinario cuando las comisiones ni siquiera han concluido sus dictámenes es un claro síntoma de improvisación y una falta de respeto hacia el proceso legislativo.
Entre los temas que se buscarán aprobar están iniciativas clave para la seguridad pública, como la Ley de la Guardia Nacional o la Ley General en Materia de Desaparición Forzada. Son asuntos trascendentales que requieren no solo de análisis técnico profundo, sino también de un debate abierto con todas las voces involucradas. Reducir estos procesos a una carrera contrarreloj pone en riesgo la calidad de las leyes y, por ende, la seguridad jurídica y social del país.
La postura de la oposición, que ha calificado esta convocatoria como un intento precipitado y un camino hacia la consolidación de un “estado policiaco”, no debe tomarse a la ligera. En un contexto donde la militarización de la seguridad pública genera tensiones y cuestionamientos, la falta de un debate serio y participativo solo alimenta la desconfianza ciudadana.
La democracia no se fortalece con decretos ni con “mayorías calificadas” obtenidas a toda prisa. Se construye con diálogo, respeto a los tiempos institucionales y compromiso con la calidad legislativa.
México necesita leyes bien pensadas, discutidas y consensuadas, especialmente en temas tan delicados como la seguridad y los derechos humanos. El reto es urgente, pero no justifica atropellos.
Es momento de que el Congreso demuestre que legislar no es solo cumplir un calendario, sino una responsabilidad con la sociedad que merece respeto, transparencia y profundidad.