A 10 meses de presidir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la que asumió en una elección cuestionada. Entre un aluvión de críticas de una realidad que registra la cifra más alta de feminicidios, marchas de mujeres por sus derechos, combate a la violencia de género, el incremento de la violencia familiar generada por el confinamiento, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), compareció ante la Comisión en la materia de la Cámara de Diputados de la LXIV Legislatura que preside el diputado Luis Ruiz Lustre.
Contrario a lo que ha ocurrido en el Senado de la República, y como en la toma de la Bastilla, compareció en la Cámara baja, para no librarse de fuertes críticas de las legisladoras, incluyendo las de Morena que han reconocido de gravedad las demandas de las mujeres.
Y es que no puede reservarse al silencio una reunión con las legisladoras y la presidenta de la CNDH que viene precedida por políticas presupuestales de despojo y de recortes del financiamiento a los derechos de millones de mujeres que han tenido lugar en los dos primeros años de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ante la pandemia y la quiebra económica no puede mirarse con indiferencia que sean las mujeres las que han ingresado en mayor número al inframundo de la marginalidad, la pobreza y la miseria.
En un escenario de la exhibición de carnes de cortes finos en abundancia, se comparten numerosos y airados reclamos por su desempeñó en la Presidencia, de las exigencias de renuncia, de las vívidas imágenes que registró la reciente toma de las oficinas de la CNDH ubicadas en la Calle de Cuba en el Centro Histórico y que fueron tomadas por un colectivo de organizaciones femeninas, Rosario Piedra Ibarra rindió un informe sobre una realidad muy distintas a la que viven las mujeres.
Informe
Piedra Ibarra dio lectura a su informe, manifestando disposición al diálogo, a la rendición de cuentas, a favor de los derechos humanos, a precisar las calumnias y los ataques de la que se reconoce víctima, a su decir con la toma de sus oficinas que califica con claros intereses políticos y originados por las peticiones de renuncia a funcionarios deshonestos, y por su combate contra la impunidad.
Habló de la conveniencia de promover esfuerzos conjuntos de los tres ordenes de gobierno a favor de los derechos humanos, de su interés por convertir a la Comisión en la defensoría del pueblo, al manejo de los recursos con honestidad, transparencia y austeridad, con la decisión de abrir las puertas de la Comisión, de nombrar en las visitadurías a activistas sociales, atribuyendo la toma de las oficinas de la CNDH a grupos insatisfechos por la desatención de la Comisión Ejecutiva de la Atención a Víctimas como por la subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.
Ante diputadas y diputados, Piedra Ibarra trazó la ruta de las justificaciones con acuerdos y soluciones para atender a los colectivos de las mujeres que invocando solidaridad se posicionaron de las oficinas con un pliego petitorio dirigido al gobierno federal. Se asumió consciente de la responsabilidad ante el pueblo, por lo que ha buscado soluciones. Planteó la vía del diálogo al que se ha sumado exhortando a los gobiernos federal y de la CDMX.
Los momentos
Amparada en las largas luchas emprendidas por su madre por los derechos de la víctimas, sostuvo que se han enterado por los medios de comunicación que los grupos colectivos de mujeres formulan tres peticiones: recomendación contra la violencia feminicida, trabajadas desde la Cuarta Visitaduría y que serán presentadas al Consejo Consultivo, la no criminalización a los colectivos y la judialización, apoyo a los grupos a la demanda de un inmueble para que desarrollen actividades en la defensa de los derechos de las mujeres y de migrantes, asegurando a las tres peticiones inmediatamente aceptadas.
En las ocupaciones y preocupaciones: la violencia de género y los feminicidios como realidades que requieren soluciones urgentes y contundentes, detenidas en una serie de acciones y exhortos a todas las autoridades para que se atiendan de forma prioritaria. Manifestó que han presentado esfuerzos para impulsar planes emergentes para combatir la violencia contra las mujeres en el marco de la pandemia y fue desgranando un conjunto de políticas en las que destacan controversias constitucionales, recomendaciones al ISSSTE, Fuerza Armada y atendidos asuntos como la militarización del país y el Proyecto del Tren Maya.
Cómo final de una larga intervención de 15 minutos, Piedra Ibarra sostuvo su aspiración por convertir a la Comisión en una Defensoría del Pueblo y se pronunció contra la violencia para alcanzar soluciones, además de que comparte el hartazgo a la desatención desesperante. Pidió que no se dude que está del lado de las víctimas.
Legisladoras en contrapunto
Una vez más el tema sobre los derechos humanos de las mujeres a todo color y en toda diversidad de su problemática. Un carrusel de revelaciones que ilustran la situación de las mujeres en México, una vez más entre las reuniones que se van y los esfuerzos que se anuncian por parte de las legisladoras que las impulsan da el grabado de punta aguda sobre el adeudo de los gobiernos, también de izquierda, con las mujeres. Toda una situación de nunca acabar en el terreno legislativo y de las políticas públicas.
La primera intervención corrió a cargo de la Dip. Gracia Zavaleta (Morena) de Oaxaca, sin ningún sobresalto criticó casi en la delicada frontera de la desigualdad, denunció la injusticia y falta de derechos en cuanto a la salud. Secuestrada en un atropellado fraseo entre defensa o denuncia, con las primeras revelaciones de una accidentada radiografía de las condiciones que viven las mujeres en cuanto a derechos y víctimas de crímenes.
Lució la intervención de la Dip. Lucero Saldaña (PRI) de Puebla, con sus señalamientos sobre el hartazgo. Denunció que ha sido vulnerado de origen, el principio que es la autonomía y seguido por las renuncias en su consejo, cuestionando la contratación de personal, y subrayando que no se cumple con la igualdad. Puso en el debate el tema de que existen demandas internacionales de violencia, además denuncias sobre recortes de presupuestos en diversos rubros, determinando la necesidad de dar resultados y tener consciencia.
Tocó el turno a la Dip. Ana María Rojo (PT), quien celebra el hecho de que una víctima presida la CNDH y promueva acciones concretas que deben estar a cargo de la CNDH. Reconoció que la presidenta sea capaz de denunciar las atrocidades, de recoger las denuncias sobre despidos y solicita respuesta a una diversidad de temas como renuncias, nombramientos, violaciones de derechos en Tamaulipas y Chihuahua, además exigiendo información sobre cuál será la secuencia a seguir en los casos denunciados.
Planteó que el país se ha venido militarizando de forma alarmante y que no hay recomendación al hecho. En las preocupaciones están en la tendencia a la complicidad con la cercanía de Piedra Ibarra con el presidente. Tampoco entiende como no existen recomendaciones sobre como el presidente, quien en las Mañaneras maltrata a las víctimas, emite descalificaciones a la prensa cuando los periodistas son asesinados y refiere que las víctimas que han ocupado la CNDH le exigen una disculpa pública. Manifestó que la militarización es alarmante y destacó que las recomendaciones no van en el sentido de evitarla.
La experimentada Dip. Lorena Villavicencio (Morena), solicitó de inmediato el informe por escrito del presidente como también se solidarizo con el pliego petitorio presentado por las mujeres de las que se siente representada. Manifestó que la violencia de género es uno de los principales problemas del país que viven las mujeres que además son violentadas en forma institucional por el mismo gobierno. Sostuvo que de las mujeres que hablaron y tomaron la CNDH, tienen la fortaleza para discutir el tema de la reasignación de los presupuestos y programas que son fundamentales para erradicar la violencia.
Expresó que estamos viviendo un desorden institucional y que no puede creer que la secretaria de Gobernación, esté resolviendo un problema que debería resolver la CNDH, lo que califica como una situación que nunca había ocurrido en el país. Le resulta inverosímil que la Segob tenga que estar atendiendo una exigencia de diálogo y demandas concretas cuando debiera de ser supervisada por la CNDH, y dando cumplimiento al articulo primero constitucional. Advirtió que estamos frente a una crisis que se deriva no sólo de la forma cómo fue electa. Explicó que hay una determinación de un juez para que se pueda reponer el procesamiento y la forma, cómo definió, lo que ha debilitado a la institución.