Laura Ruíz
En la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Gobernación destacó avances en materia económica, social y de seguridad. Sin embargo, al escuchar el discurso, es inevitable preguntarse qué significan estas cifras y estrategias frente al mayor desafío que enfrenta México desde hace dos décadas: el crimen organizado.
Reducción de homicidios: un dato alentador, pero insuficiente.
Se presume una caída del 25% en los homicidios durante 11 meses consecutivos. La cifra es positiva y, de confirmarse como tendencia, podría ser histórica. Pero la violencia en México no se mide solo en asesinatos: la extorsión, el secuestro, el desplazamiento forzado y la captura territorial por parte de grupos criminales siguen siendo realidades lacerantes. El crimen organizado no es únicamente violencia letal, sino también control social y económico en vastas regiones del país.
Estrategia de seguridad: cuatro ejes frente a un monstruo complejo.
El gobierno plantea una estrategia basada en atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia y coordinación intergubernamental. Son pilares razonables, pero enfrentan dos límites claros:
La velocidad con la que los cárteles mutan y diversifican sus negocios ilícitos.
La persistente corrupción local y la debilidad institucional en muchos municipios, que funcionan como puntos de entrada para el poder criminal.
Atención a las causas: necesaria, pero a largo plazo.
El énfasis en programas sociales, becas y apoyos es clave para reducir el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado. No obstante, estos programas requieren años para rendir frutos sostenibles, mientras que la presión criminal es inmediata. El reto es cómo equilibrar la urgencia de contener la violencia con la paciencia que exige transformar las condiciones estructurales que la alimentan.
Gobernación como mediadora: ¿y frente al narco?
El discurso coloca a la Secretaría de Gobernación como garante de diálogo, mediadora de conflictos y promotora de la paz social. Pero el crimen organizado no se sienta en mesas de concertación, no firma pactos ni reconoce legitimidad institucional. Aquí emerge una tensión: ¿cómo construir gobernabilidad en territorios donde el poder de facto lo detentan organizaciones armadas y no el Estado?
Impunidad: el verdadero campo de batalla.
El mensaje oficial insiste en que no hay margen para la impunidad. Sin embargo, la mayoría de delitos vinculados al crimen organizado quedan sin resolver. Según datos de la propia Fiscalía, menos del 5% de los homicidios se esclarecen. Mientras no se reduzca la impunidad estructural, las cifras de reducción de violencia pueden ser temporales y frágiles.
Memoria y justicia: una lección aplicable.
El reconocimiento de episodios históricos como el 2 de octubre de 1968 ó el caso Ayotzinapa subraya la importancia de no olvidar. Esa misma lógica debería guiar la política frente al crimen organizado: no basta con contener la violencia actual, es necesario garantizar justicia, verdad y reparación a miles de víctimas de desaparición forzada, secuestro y violencia criminal.
En conclusión, el discurso de la comparecencia pinta un país en paz, pero el crimen organizado sigue siendo la prueba de fuego para el gobierno de Sheinbaum. La caída de homicidios es un logro alentador, pero la gobernabilidad frente al poder de los cárteles, la reducción de la impunidad y la recuperación de territorios siguen siendo deudas pendientes.
La gran pregunta es si este sexenio logrará lo que ninguno ha conseguido: que el Estado sea más fuerte que el crimen organizado.