Portafolio en brazo y carpeta en mano, Raquel Buenrostro cruzó el umbral del antiguo salón de telégrafos de Palacio Nacional —hoy reconvertido en tribuna de la mañanera y escenario de la danza sobre la corrupción y la impunidad—.
La reconocida Economista del COLMEX rendía cuentas sobre dos años al frente de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. En la escena se pretendió proyectar sobriedad técnica en un gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum que busca distanciarse del voluntarismo y descomposición de antaño. Sin embargo, la brecha entre el discurso de la eficiencia contable y la compleja arquitectura institucional del país resultó ser, una vez más, el elefante en el salón.
En su intervención, la “Dama de Acero” de la fiscalización articuló una narrativa ya conocida: la confirmación de un modelo garantista hacia una estructura de “fiscalización preventiva”. Bajo esta lógica, la transparencia dejó de ser un derecho ciudadano vigilado por un tercero independiente —tras el desmantelamiento operativo del INAI— para convertirse en una función unívoca del Ejecutivo. La promesa de una plataforma centralizada de datos abiertos suena impecable en la teoría de un archivo digital; en la práctica, reduce el derecho a saber a una concesión graciosa del poder. Si el propio gobierno determina qué se publica y qué se reserva bajo el omnipresente manto de la “seguridad nacional”, la transparencia no es más que una ventanilla de autoconsumo publicitario.
En el terreno del huachicol fiscal, la dama de acero es donde ostenta sus credenciales más sólidas gracias a su paso por el SAT, el informe ofreció cifras contundentes sobre clausuras, inhabilitaciones aduaneras y recuperaciones hacendarias. Nadie ignora la habilidad de Buenrostro para apretar las tuercas del engranaje tributario a la delincuencia de cuello blanco. Pero el problema del contrabando de combustibles no es solo un asunto de libros contables ni de evasión del IEPS: es la manifestación de una captura territorial y logística donde conviven redes empresariales, funcionarios aduanales e infraestructura criminal. Presumir facturas corregidas mientras las arterias aduaneras del país siguen filtrando millones de litros de combustible ilícito evidencia una constante de este tramo de gobierno: la preferencia por la sanción administrativa frente a la desarticulación real de las complicidades de alto nivel.
El punto más frágil del informe hace referencia a la impunidad. El argumento recurrente de señalar las tramas procesales del Poder Judicial como el único cuello de botella resulta cada vez más insuficiente. La transformación de auditorías en carpetas de investigación sólidas sigue siendo una asignatura pendiente. Sin expedientes técnicamente inatacables, el combate a la corrupción corre el riesgo de quedarse en la inhabilitación temporal de mandos medios, dejando intactas las estructuras de impunidad que sobreviven sexenio tras sexenio.
Al final del día, la comparecencia en el salón de telégrafos dejó un mensaje claro: la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno opta por la eficacia burocrática y el control técnico por encima del contrapeso constitucional. En un régimen que ha optado por concentrar el escrutinio en sus propias manos, la rendición de cuentas amenaza con transformarse en un monólogo institucional. La verdadera prueba de fuego para la administración no estará en la abundancia de métricas presentadas desde el atril, sino en su disposición a someterse a la mirada incómoda e independiente de una sociedad que exige algo más que cifras oficiales.