Darío Mendoza A
“El primer signo de la corrupción en una sociedad que todavía está viva
es que el fin justifica los medios”.
– George Bernanos
En México, los gobiernos, ya sean de derecha, izquierda o centro, se suceden sin que los políticos encumbrados enfrenten consecuencias por sus actos de corrupción. A pesar de los discursos diarios que condenan la corrupción, tildando a los gobiernos neoliberales o conservadores de corruptos, la realidad es innegable: no hay castigo, solo palabras. La impunidad protege a los “peces gordos”, mientras que solo algunos “charales” caen bajo el escrutinio público.
Desde la promesa de Miguel de la Madrid en los años 80 de una “renovación moral de la sociedad”, pasando por la oferta de Francisco Barrio, el “zar anticorrupción” del gobierno de Fox, de ir tras los “peces gordos”; hasta la “operación Poncio Pilatos” de Andrés Manuel López Obrador, quien prefirió delegar al pueblo la decisión de castigar o no a los expresidentes para mantener un pacto de impunidad con Enrique Peña Nieto, la historia se repite.
Ahora, la presidenta Claudia Sheinbaum realiza maniobras discursivas para evitar señalar al sexenio anterior por el mayor fraude fiscal de la historia contemporánea: el huachicol fiscal. Aunque el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ha logrado golpes significativos contra el crimen con apoyo de inteligencia estadounidense, estos avances no fueron destacados en su informe de gobierno, evidenciando una omisión deliberada.
La impunidad en México es alarmante: más del 90% de los delitos quedan sin castigo, un veneno que carcome al país. Peor aún, el 93% de los crímenes ni siquiera se denuncian debido a la desconfianza en las autoridades, perpetuando un ciclo de miedo y resignación. Esta “cifra negra” fomenta una cultura de silencio, especialmente en comunidades vulnerables, donde periodistas y otros grupos enfrentan violencias sistemáticas sin justicia.
La impunidad, con tasas del 96% en homicidios y del 99% en desapariciones forzadas, sume a la sociedad en una paranoia constante, ahuyentando inversiones y forzando a miles a abandonar el país.
México, con un enorme potencial económico, se ve frenado por la inseguridad y la corrupción. En el Índice de Percepción de Corrupción, el país ocupa el puesto 140 de 180, reflejando una crisis profunda.
Las recientes reformas que han debilitado al Poder Judicial, capturado por el partido hegemónico, y que concentran aún más poder en el Ejecutivo, agravan esta situación. La nueva clase política exhibe sus privilegios con cinismo, segura de que no enfrentará consecuencias. La imagen del coordinador de los senadores morenistas, Adán Augusto López, junto al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, envía un mensaje claro: la impunidad ahora es absoluta. Tal vez la ‘sanción’ que le espera, al senador sería una embajada, para que nos quede claro que en México la corrupción no se castiga, se premia.
La nueva arquitectura política, al trastocar el equilibrio de poderes, proyecta un futuro aún más sombrío. Nuca como ahora es necesario que la sociedad civil organizada actúe y levante su voz, porque el cambio no vendrá de un régimen de partidos donde la norma de su operación es: Taparse los unos a los otros.