“La peor forma de injusticia es la justicia simulada.”
Platón
Un logro relevante, pero insuficiente
En el marco del golpe asestado al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, conocido como Nemesio Oseguera Cervantes, así como a varios de sus sicarios, es justo reconocer que se trata de un logro relevante para nuestras Fuerzas Armadas y para la cooperación con instituciones de los Estados Unidos.
Este tipo de acciones demuestra que, cuando existe coordinación entre México y Estados Unidos, el Estado puede actuar con contundencia frente a estructuras criminales de alto nivel.
Sin embargo, si no se lleva a cabo el desmantelamiento integral de la estructura criminal, este golpe podría quedar como un hecho mediático, sin impacto real en la vida de las comunidades afectadas.
La magnitud de la empresa criminal
El Cártel Jalisco Nueva Generación no es solo un grupo dedicado al narcotráfico: funciona como una auténtica empresa criminal diversificada.
Además del tráfico de drogas sintéticas —especialmente metanfetaminas y fentanilo—, participa en extorsión, secuestro, trata de personas, robo de combustible, control de mercados locales y lavado de dinero.
Su modelo combina violencia extrema con expansión territorial acelerada y alianzas estratégicas.
Diversos informes oficiales y académicos señalan que esta organización tiene presencia en la mayoría de los estados del país, con bastiones históricos en Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Veracruz, y capacidad de operación en regiones fronterizas, portuarias y turísticas.
Mantiene además redes internacionales de tráfico de drogas en Norteamérica, así como vínculos logísticos en Centroamérica, Europa y Asia.
Esta expansión explica su enorme capacidad financiera, armamentista y de reclutamiento.
El impacto en la vida cotidiana
Aun con este golpe, amplios territorios del país continúan viviendo bajo la amenaza de la organización.
La extorsión, el secuestro y la violencia cotidiana siguen marcando la vida de miles de familias que enfrentan miedo e incertidumbre.
Para los ciudadanos de a pie, la captura de líderes solo tendrá impacto real si se traduce en el desmantelamiento financiero, logístico y político de la red criminal, incluyendo sus posibles vínculos con empresarios o políticos que la han facilitado.
De lo contrario, la organización puede reconfigurarse bajo nuevos mandos, y la vida en las comunidades afectadas seguirá prácticamente igual, con otros nombres, pero con las mismas prácticas criminales.
La responsabilidad del gobierno y de la ciudadanía
El desafío para el gobierno y su gabinete de seguridad es entender que se enfrenta a una estructura con lógica empresarial y capacidad de adaptación.
Por ello, las medidas deben ir más allá de los operativos: fortalecer los sistemas de justicia, combatir la impunidad, proteger a las víctimas, asegurar presencia institucional permanente en los territorios y construir mecanismos eficaces de coordinación con la ciudadanía.
Pero la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades.
Como sociedad, nos corresponde vigilar, exigir transparencia, demandar investigaciones completas y acompañar a las víctimas en su reclamo de verdad y reparación.
La paz no será fruto de un solo operativo, sino de una ciudadanía activa que no tolere la impunidad y que reclame un Estado capaz de garantizar justicia y seguridad para todos.